Ledi Magda García Resendiz

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 32 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Ledi Magda García Resendiz
  • LEDI MAGDA GARCÍA RESENDIZ y Otros.
  • ÁNGEL GEOVANI ORTUÑO PÉREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    El veinte de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el aludido sobreseimiento ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), ambos de dicho Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 35 del Acuerdo General mencionado. De igual manera, con fundamento en el numeral 21, segundo párrafo, del citado acuerdo, hágase saber a las partes que cuentan con un plazo de noventa días hábiles, para recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en autos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia lo siguiente: "a) "RECLAMAMOS LA OMISIÓN" de las autoridades responsables de suministrar la Educación Básica "a distancia" por las plataformas MEET y CLASSROOM en los grupos donde están inscritos nuestros menores hijos (.)" Ahora bien, mediante auto de uno de abril de la presente anualidad, se tuvo al Director de Asuntos Jurídicos de la autoridad responsable Secretaría de Educación, con sede en Mexicali, remitiendo copia certificada de los oficios TJ/DS/1210/2021-2022 y 1098/2021-2022, signados por los jefes de departamento de Educación Secundaria y Educación Primaria respectivamente, ambas de esta ciudad, en los que informan respecto a la reinscripción en sus planteles de origen de los menores quejosos, ello en atención a la reanudación de clases en los mismos; así como constancias de estudio correspondientes. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del citado numeral se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, como acontece en el caso particular, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en concreto en la omisión de las autoridades responsables de suministrar educación básica a los menores quejosos, dejó de afectar su esfera jurídica al encontrarse estos recibiendo actualmente la educación respectiva, como se advierte de las constancias remitidas por la responable. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable en lo conducente al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito con folio 4518, ello en virtud de que éstas no se encaminaron a dar contestación a la vista otorgada en autos respecto a lo informado por la autoridad responsables, ya que sus argumentos no debaten la información que como sustento a la presente determinación proporcionó la autoridad responsable. En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, atento al oficio remitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la autoridad responsable Secretaría de Educación, con sede en Mexicali, Baja California. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con veinte minutos del veintitrés de mayo de la presente anualidad, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese en autos el escrito de cuenta presentado por el autorizado de la parte quejosay en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en atención a las siguientes consideraciones: En principio es dable destacar que el acto de reclamo hecho vale por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda es el siguiente: "a) "RECLAMAMOS LA OMISIÓN" de las autoridades responsables de suministrar la Educación Básica "a distancia" por las plataformas MEET y CLASSROOM en los grupos donde están inscritos nuestros menores hijos (.)" Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el autorizado de la parte quejosa solicita se requiera a las autoridades responsables Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) y Secretaría de Educación Publica (SEP), para el efecto siguiente: (.) informen cuál es la verdadera situación de la Escuela Secundaria General No. 25 "Octavio Paz" con clave 02DES0052U Turno Matutino, en la que se encuentra inscrita la menor quejosa D.M.G.R., y en donde hasta la fecha del día de la presentación de este escrito se han negado al regreso a clases presenciales y en este mismo sentido de ideas también informen cuales son las gestiones que estas autoridades responsables están realizando para resolver esta situación y que se materialice el regreso a clases presenciales en este plantel. De lo que se obtiene que esta última petición si bien guarda relación con el acto inicialmente reclamado, no se encuentran estrechamente vinculados entre sí, ya que lo que se pretendió con la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, es que los menores quejosos obtuvieran las clases a distancia, mediante alguna de las plataformas autorizadas para tal efecto, a fin de garantizarles el derecho a la educación, lo que en el caso las autoridades responsables informaron ya aconteció por cuanto se refiere a la menor quejosa. Por tanto, de considerar el promovente que las autoridades responsables han incurrido en nuevos actos surgidos con posterioridad a la presentación de la demanda, que considere violentan los derechos humanos de los menores quejosos, éstos deben ser combatidos de ser procedente mediante una nueva demanda de amparo, ya que las violaciones que refiere en el ocurso de cuenta, derivan de circunstancias y efectos diversos a los que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, motivo por el cual como se anticipó no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado por el promovente en el escrito de cuenta, porque de atender su petición en los términos que solicita se estarían integrando a la Litis actos nuevos diversos que no son materia de este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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