Lebit Silva Ruiz

Expediente 1116/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1116/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Lebit Silva Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    "...Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el [la] secretario [a] del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."

  2. Principal

    "...Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el [la] secretario [a] del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja 1/2020, cuyo[s] resolutivo[s] dice[n]: [P]RIMERO. Se declara infundada el recurso de queja interpuesto por Lebit Silva Ruiz, contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en funciones de Juez de Distrito, en el juicio de amparo 1116/2019. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, considerando que no fueron devueltos los autos originales de este juicio de amparo, solicítese atentamente a la Superioridad que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva devolver los autos correspondientes, mismos que fueron enviados a esa instancia como completo del informe justificado materia de la queja, mediante oficio 21668/2019-VII-A de doce de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior, a fin de estar en aptitud de proveer lo que corresponda sobre el destino de este expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Visto, agréguese a estos autos la constancia de notificación de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, realizada al quejoso Lebit Silva Ruiz por el Actuario de la adscripción, respecto al proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se le requirió para que manifestara si reconocía o no como propia la firma estampada en el escrito registrado con el folio 17740, en el libro de correspondencia de este juzgado, y de cuyo contenido se advierte que dicho impetrante manifestó, ante el aludido fedatario judicial, lo siguiente: ".Que no es firma puesta de su puño y letra." Ahora bien, toda vez que el directo quejoso no reconoció como suya la firma que calza el ocurso de referencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el indicado acuerdo de once de los corrientes y, por ende, se tiene por no presentado el escrito de mérito. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Por otra parte, glósese a los presentes autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso atiende la prevención que le fue formulada en los presentes apara que aclarara su demanda de amparo, por tanto, al tenor del mismo, téngasele por satisfecha la misma, en los términos solicitados por este Juzgado. Por tanto, en relación con la demanda de garantías formulada por Lebit Silva Ruiz, contra actos del Juez de Control del Procedimiento Penal Acusatorio de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, Tamaulipas, continúese con el número 1116/2019-VII-A, con el cual quedó registrada en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la audiencia intermedia celebrada en el proceso penal CP/11/2019, del índice del juzgado responsable, en la que se negó la petición formulada por la defensa del aquí quejoso en el sentido de que se difiriera la celebración de la misma. 2. La resolución por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto en esa propia audiencia, en contra de la determinación que quedó precisada en el punto que antecede. 3. La admisión del medio de prueba denominado "arqueo de robo", ofertado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad de Investigación número Uno en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, durante la celebración de la indicada audiencia intermedia. 4. La resolución en la que se desechó el recurso de revocación hecho valer por el aquí disconforme en esa audiencia, respecto a la admisión del aludido medio de prueba. Ahora bien, para brindar una mayor claridad al presente asunto, resulta conveniente destacar que de lo narrado por la parte quejosa en su demandada y escritos aclaratorios, y anexos que exhibió, se aprecian los siguientes antecedentes de los actos reclamados: a) Que en contra del aquí quejoso Lebit Silva Ruiz se instruye la carpeta procesal CP/11/2019, del índice del Juez de Control del Procedimiento Penal Acusatorio de la Sexta Región del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, por su probable participación en la comisión del delito de robo a comercio con violencia, en agravio de la persona moral denominada Farmacia Guadalajara, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Que dentro de dicho proceso penal, a petición del impetrante y su defensa, se difirió en una primera ocasión la celebración de la audiencia intermedia, a modo de que su defensa particular estuviera en aptitud de imponerse de los autos y no vulnerarle su derecho de defensa, fijándose para el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. c) En la fecha señalada con anterioridad, se procedió a la celebración de la indicada audiencia intermedia, pero, previamente a que ésta comenzara la defensa del imputado solicitó nuevamente su diferimiento, el cual le fue negado por el juez de control responsable, determinación que en el acto se impugnó a través del recurso de revocación, mismo que fue desechado en ese propio momento. -Actos reclamados en este asunto. d) Consecuentemente, se continuó con la celebración de dicha audiencia intermedia, en la que, entre otras cosas, se admitió a trámite el medio de prueba denominado "arqueo de robo", ofertado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad de Investigación número Uno en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y realizado a la negociación que sufrió los hechos delictivos. -Acto que también se combate en este juicio de amparo. e) Inconforme con dicha determinación, el imputado y su defensa impugnaron en el acto la admisión de dicho medio de prueba, a través del recurso de revocación, sin embargo, éste fue desechado por el juez responsable en esa propia audiencia. -Determinación que, de igual manera, se reclama en el presente asunto. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. Ahora bien, esta juzgadora advierte oficiosamente que respecto de los actos reclamados consistentes en (1) la determinación por la que el juez de control responsable denegó el diferimiento de la audiencia intermedia y (2) la admisión del medio de prueba denominado "arqueo de robo", ofertado por la fiscalía, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En dicho numeral, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual puede actualizarse en dos hipótesis en particular que son: a) por revocación; y, b) por sustitución. Ahora bien, el primer supuesto, se actualiza cuando los efectos se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, con lo cual el gobernado es restituido en el goce de sus garantías. En tanto que la segunda hipótesis se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide sobre la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, cuya firmeza se da con motivo del acto por el cual fue sustituido. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En ese sentido, como ha quedado establecido, tenemos que la parte quejosa reclama del referido Juez de Control diversas determinaciones que adoptó el veintiséis de septiembre del año en curso, durante la celebración de la audiencia intermedia relativa al proceso penal CP/11/2019, entre ellas, la relativa a la negativa de diferir dicha audiencia y la admisión del medio de prueba identificado como arqueo de robo. Sin embargo, dichos actos reclamados fueron sustituidos procesalmente durante el desahogo de esa propia audiencia intermedia, por las diversas determinaciones que también se combaten en la presente instancia constitucional, a saber, el desechamiento de los recursos de revocación intentados por el aquí quejoso en contra de la referida negativa de diferimiento y admisión del repetido medio de prueba. Se afirma lo anterior, porque el aludido recurso de revocación constituye el medio de defensa idóneo para combatir los referidas determinaciones de trámite emitidas por el juez de control durante la celebración de una audiencia, tal como se prevé en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en dichos numerales se dispone que ese medio de defensa procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, el cual se podrá interponer oralmente en la audiencia respectiva, en la cual se resolverá verbalmente. Así las cosas, es evidente que los referidos actos reclamados consistentes en 1) la determinación por la que el juez de control responsable denegó el diferimiento de la audiencia intermedia y (3) la admisión del medio de prueba denominado "arqueo de robo", fueron sustituidos procesalmente al haberse impugnado a través del indicado recurso de revocación y, por ende, cesaron sus efectos al haberse destruido en definitiva sus consecuencias jurídicas, por lo que son las determinaciones adoptadas por el juez de control responsable en el sentido de desechar esos medio de impugnación, que también se reclaman en la especie, las que actualmente rigen en el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS." Asimismo, tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la tesis de título siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO." Por tanto, por cuanto hace a los actos reclamados de referencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se proceda a desechar la demanda respecto de los mismos. Por otra parte, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en (2) la resolución por la que se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa de diferir la celebración de la audiencia intermedia y (4) la resolución en la que se desechó el diverso recurso de revocación hecho valer en contra de la admisión del medio de prueba denominado "arqueo de robo", se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de título siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Ahora bien a modo de verificar la actualización de la invocada causa de improcedencia y, por ende, sostener que los referidos actos reclamados no son de imposible reparación porque no afectan alguno de los derechos sustantivos del impetrante, es pertinente señalar que el artículo 173, en sus fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:. [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [.] X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;. [.] .XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." Como se pude advertir, mediante el juicio de amparo directo, eventualmente, se pueden revisar como violaciones al procedimiento en procedimientos del sistema de justicia penal acusatorio y oral, el hecho de que "No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho." y casos análogos, como bien puede ser la admisión del referido medio de prueba ofrecido por la fiscalía. De esta manera, por regla general, dicha violación procesal sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, salvo que tenga una ejecución de imposible reparación. Por tanto, si por regla general la admisión o desechamiento de una prueba dentro de un procedimiento, no causa una afectación de carácter sustantivo e irreparable en los gobernados, sino únicamente adjetivo, puesto que puede ser reparada al dictarse de la resolución definitiva y, por tanto, los posibles efectos ocasionados por el acto reclamado, quedarían extinguidos sin haber originado afectación alguna a derechos sustantivos; no menos cierto es que dicha regla puede sufrir excepciones cuando sea una ejecución de imposible reparación, lo que, como se vio, acontece cuando se violentan derechos sustantivos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del numeral 107, de la ley de la materia. Sin embargo, a consideración de quien esto resuelve, los efectos de los actos reclamados -negativa de diferimiento y admisión de medio de prueba- no producen una afectación de imposible reparación. En efecto, dichas determinaciones no afectan de forma directa e inmediata alguna situación jurídica material que deba regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida; la integridad física; la libertad personal, de tránsito, residencia, pensamiento, expresión, reunión; la inviolabilidad de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia; el patrimonio; el trabajo, la salud, la alimentación, la seguridad social, la educación, entre otros. Es así, porque la negativa a diferir la audiencia intermedia y la admisión de un medio de prueba ofrecido por la parte acusadora de que se duele el inconforme, de ninguna manera repercuten en el derecho a la libertad personal del quejoso, pues ésta está restringida a través de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta y que constituye una figura jurídica distinta. En otras palabras, dichos actos son de carácter intraprocesal y, por ende, sólo tienen efectos hacia el interior del procedimiento, y si bien el imputado, ahora quejoso, goza del derecho fundamental de defensa adecuada y respeto al debido proceso, no por ello, la admisión de medios de prueba ofertados por su contraria (fiscalía) tienden a violar de manera directa esos derechos sustantivos, ya que no se advierte alguna razón para considerarlo de esta manera, máxime que el arqueo de robo en que consiste dicha probanza ni siquiera se llevó a cabo sobre los bienes del aquí quejoso, sino respecto a los de la persona moral ofendida. Por su parte, la negativa a diferir la celebración de la audiencia intermedia, tampoco causa un perjuicio de difícil reparación, pues, aun y cuando el quejoso alega que dicha petición se formuló a fin de estar en aptitud de imponerse debidamente de las constancias y, en su caso, ofrecer medios de prueba, lo cierto es, que la celebración de esa audiencia no lo dejó en estado de indefensión, pues, pudo alegar y ofrecer pruebas en la misma, sin que se soslaye, que, eventualmente, el hecho de no se le haya concedido un plazo mayor para imponerse de los autos y preparar su defensa, ´pueda hacerse valer como una violación procesal. Por tanto, es claro que las resoluciones combatidas son de naturaleza meramente intraprocesal, pues, como ya se vio, en dichos actos sólo se negó el diferimiento de la audiencia intermedia y se admitió un medio de prueba de la intención de la fiscalía, circunstancia que de ningún modo produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, pues no se le está impidiendo el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Esto es, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, los que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora, debe especificarse que las violaciones trascendentales cometidas en la etapa intermedia no necesariamente tienen que combatirse hasta el juicio de amparo directo. Efectivamente, en caso de que lo resuelto en la audiencia intermedia le sea desfavorable, está en aptitud de hacer valer el medio ordinario de defensa con que cuenta y, sin necesidad de esperar hasta el amparo directo, puede acudir a la vía indirecta señalando como acto reclamado la resolución recaída a dicho recurso, o bien el auto de apertura a juicio oral. En efecto, los artículos 212, 213, 321, 322, 323, 334, 347 y 348, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente. Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 347. Auto de apertura a juicio Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Artículo 348. Juicio El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad." De esos preceptos legales se infiere que el procedimiento penal acusatorio se conforma de distintas etapas: investigación (investigación inicial e investigación complementaria), intermedia y juicio. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por su parte, la etapa intermedia o de preparación del juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, asimismo, se colige que esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. La etapa intermedia culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Finalmente, la etapa de juicio empieza con la recepción del auto de apertura y termina con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, se realiza sobre la base de la acusación y se debe asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Así, queda claro que dentro del sistema acusatorio el procedimiento penal se compone de distintas etapas, cada una con objetivos propios y distintos a los demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y por último, el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. El inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del período de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; lo que significa que las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento, de otro modo se trastocaría el curso regular del proceso. De ahí que, incluso, no pueda sostenerse que las cuestiones debatidas en la etapa intermedia puedan ser objeto de análisis en el juicio de amparo directo, pues todo lo debatido en aquella fase debe quedar definitivamente resuelto antes de que inicie el juicio. De esa manera, en el juicio de amparo directo sólo se analiza lo acontecido en la audiencia de juicio, donde podría actualizarse alguna violación procesal, pero de modo alguno lo sucedido en la etapa intermedia. Lo anterior, así fue considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." Por tanto, la lógica del procedimiento penal acusatorio nos indica que todo lo debatido en la etapa intermedia debe quedar definitivamente resuelto antes de que inicie el juicio; asimismo, que mediante el juicio de amparo directo de modo alguno podrían analizarse cuestiones acontecidas en la etapa intermedia, sino sólo lo relativo a la etapa de juicio. Entonces, es a través del juicio de amparo indirecto que pueden combatirse las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, pero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral. Empero, como ya quedó establecido, las decisiones reclamadas por el momento sólo generan consecuencias de índole meramente procesal, respecto de las cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, máxime que el quejoso no señaló como acto reclamado destacado el auto de apertura a juicio, actuación que en concreto es la que pone fin a la etapa intermedia. Consecuentemente, a criterio de quien eso resuelve se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, por los motivos anteriormente expuestos Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro : "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL." Asimismo, cobra aplicación al caso la tesis aislada de voz: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU ADMISIÓN, INADMISIÓN, EXCLUSIÓN O NO EXCLUSIÓN, EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN O INTERMEDIA, POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDE POR EXCEPCIÓN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SIEMPRE QUE PREVIAMENTE SE HAYAN SOMETIDO A DEBATE LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA ILÍCITA Y AGOTADO, DE SER NECESARIO, EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo formulada por Lebit Silva Ruiz. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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