Leandro Morales Benitez
Expediente 527/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leandro Morales Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dos de junio de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de tomo de prueba. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable adjuntó diversas constancias de las que se ordenó formar un tomo de pruebas; por tanto, al tratarse este juicio de un asunto concluido, se ordena devolverle tales documentales, para los efectos legales conducentes; en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de que se recibieron esos cuadernos, hará las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 527/2020 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el siete de agosto de dos mil veinte, ******, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que precisó en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite respecto del actos reclamado señalado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se ordenó la reanudación del procedimiento con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, y se verificó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son estos, por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de amparo. Conforme a las líneas de interpretación de la demanda y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La omisión de la responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral *******y notificarlo a las partes dentro de los términos y plazos de conformidad con lo establecido en el artículo 838, 885 al 890, de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, y por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. La autoridad responsable Presidente en ausencia de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se tiene por inexistente, ya que de las constancias allegadas relativas al juicio laboral***********, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión reclamada. Documentales a la cuales se les asigna pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De dicho expediente destacan las siguientes actuaciones: 1.- El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se admitieron diversas probanzas y se ordenó su desahogo (170 a 178 del tomo de pruebas). 2.- El ocho de enero de dos mil diecinueve, se levantó certificación secretarial en el sentido de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar; por lo que la Junta concedió a las partes el término de dos días a efecto de que presentaran sus alegatos (foja 350 del tomo de pruebas). 3.- Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Junta tuvo a la parte actora renunciando a su derecho de formular alegatos y por formulados los de la parte demanda, por lo que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para su proyecto de resolución en forma de laudo (foja 358 del tomo de pruebas). 4.- El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el auxiliar determinador de la Junta responsable levantó constancia en el sentido que existía imposibilidad jurídica para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, en virtud que por auto veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la prueba pericial en materia de grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopia, a cargo del actor, la cual estaba pendiente de desahogo (foja 361 del tomo de pruebas). 4.- El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable dictó auto en el cual en atención al acta levantada por el Auxiliar Determinador, ordenó girar oficio a la Secretaría Auxiliar de Diligencias y Peritajes de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que designara perito en materia de grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopia, para llevar a cabo su desahogo (foja 374 del tomo de pruebas). En efecto, las documentales en comento, ponen de manifiesto la inexistencia de la omisión reclamada; puesto que, al momento de la presentación de la demanda de amparo -seis de agosto de dos mil veinte-, en el juicio laboral ********, se encontraba pendiente de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopia, a cargo del actor, tal como lo hizo contar el Auxiliar Determinador dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, motivo por el cual la junta responsable mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ordenó llevar a cabo las diligencias respectivas para logra su desahogo, por lo que dicho juicio aun continua en periodo de instrucción, quedando sin efectos implícitamente el cierre de instrucción decretado (foja 374 del tomo de pruebas), por lo que de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta responsable no se encuentran en condiciones de emitir el laudo correspondiente, menos aun empieza a correr el término para dictarlo. Cobra relevancia el criterio contenido en la tesis aislada 1a.XXIV/98 de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De la tesis transcrita se desprende que para que se actualice la omisión que se reclama de una autoridad, es necesario que exista la obligación jurídica de actuar en la forma en que la quejosa indica, para lo cual, independientemente de lo afirmado por la impetrante y de lo manifestado por la propia autoridad, debe acudirse a las normas legales que regulan la actuación de ésta a fin de verificar si en realidad se encuentra constreñida a realizar determinada conducta. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -seis de agosto de dos mil veinte- la Junta responsable no estaba en condiciones de dictar el laudo correspondiente, dado que había una prueba pendiente por desahogar, por lo que dicho juicio aun continuaba en periodo de instrucción; lo anterior de conformidad con el criterio contenido en la tesis transcrita con anterioridad. Dicha circunstancia se desprende de lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo que interesa dice: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo..." (Lo resaltado es propio) En términos del citado numeral, para estar en posibilidad de emitir el laudo correspondiente es necesario, entre otros, que ya no existan pruebas pendientes por desahogar, lo que no ocurre en la especie dado que al momento de la presentación de la demanda de amparo, en el juicio laboral de origen aún se encontraba pendiente por desahogar una prueba, lo que implica una imposibilidad jurídica para que la junta actué de la forma que lo pide, esto es, que dicte el laudo y que lo notifique a las partes; por tanto, tal como se precisó en párrafos que anteceden el acto reclamado era inexistente en la fecha de presentación de la demanda de garantías -seis de agosto de dos mil veinte-, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo que nos ocupa, al actualizarse en la especie la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, cabe señalar que el acto que se reclama en un juicio de amparo debe apreciarse tal como aparece probado ante la autoridad responsable, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la ley que lo rige; además, su existencia debe acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda constitucional, conforme el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que enseguida se transcribe. "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Así como, la Jurisprudencia 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, número 79, Julio de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Luego, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Lo que encuentra sustento en el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, es de señalarse que la presente resolución se ajusta al criterio sostenido en el amparo en revisión 116/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, donde se confirma diversa sentencia de amparo, donde se reclamó similar omisión y supuesto al aquí analizado. Finalmente, no se inadvierte que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional no hayan transcurrido los ocho días para que las partes, principalmente la quejosa, se impusiera de las constancia que remitiera la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, como lo dispone el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso estimen convenientes para desvirtuar aquel y constancia que lo justifique; sin embargo en el caso, la parte quejosa reclamó en esencia la denegación de justicia por no observarse los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la administración de justicia; acto que resultó inexistente y llevó a este juzgado federal a sobreseer en el presente juicio en los términos ya precisados; de modo que aun cuando se difiriera la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa se impusiera del contenido del informe rendido en el sumario en que se actúa, así como de la constancia remitida como complemento, esto no le causa perjuicio, pues imponerse del mismo, en modo alguno variaría lo resuelto en este juicio. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con anexo remitido por Ricardo Raymundo Tinoco del Oso, presidente en ausencia de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Con el contenido de dicho oficio y anexo, dése vista a la parte quejosa para que se imponga de los mismos y manifieste lo que a su interés convenga. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con lo informado por la responsable. Pruebas, se forma tomo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional, las que dada su voluminosidad y para mejor manejo de este expediente, se ordena formar por separado un tomo de pruebas, que estarán para consulta de las partes en la secretaría de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Se reanuda procedimiento.
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