Leandro Isabel Guerra Interián

Expediente 900/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
900/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Leandro Isabel Guerra Interián

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 243/2021 firmado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán; mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 159/2020-D-AMP-CIVIL-I-B y número de origen 96/2020-D-AMP-CIVIL-I-B, del índice de este Juzgado. Ahora bien, de la comunicación oficial se advierte que el veintiuno de enero de este año, se notificó al tercero interesado Ángel Azael Ruiz López el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, sin que a la fecha haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. En virtud de lo anterior, dese de baja el citado despacho en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal y hágase la anotación correspondiente. Por otra parte, también se ordena agregar el sobre que contiene el oficio 19612/2020-I-B dirigido al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán; el cual fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, advirtiéndose de su reverso la leyenda "No hay quien reciba". Atento a su contenido, se advierte que se trata del oficio que se le giró a la referida autoridad, para que remitiera a este Juzgado, el referido despacho en el estado en que se encontrara; por tanto, al ya haberse recibido la comunicación de mérito, no es el caso ordenar su reexpedición. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 900/2020-I-B, promovido por Leandra Isabel Guerra Interián. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Leandra Isabel Guerra Interián, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio la intervención legal que le competía al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La omisión de acordar el escrito que presentó el veintitrés de julio de dos mil veinte en el expediente 195/2020, mediante el cual solicitó se ratificara el convenio en el que se estipulaba el Régimen de Convivencia, Guarda y Custodia, y Pensión Alimenticia de su hijo menor de edad. TERCERO. No es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En efecto, dicha autoridad comunicó que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, acordó lo relativo a la solicitud realizada por la aquí quejosa mediante memorial presentado el veintitrés de julio del año en curso, previniéndole para que exhibiera las copias de rigor del convenio exhibido y del escrito con el que cumpliera dicha prevención, la cual fue notificada por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el once de septiembre del año actual. Acreditando lo anterior con las copias certificadas que anexó a su informe de ley, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha en que la quejosa presentó la demanda respectiva, es decir, el cinco de octubre de dos mil veinte, no existía el acto de omisión que ahora reclama, pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan, ya que con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó lo correspondiente al memorial exhibido por la aquí quejosa. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya emplazado al presente juicio al tercero interesado Ángel Azael Ruiz López, toda vez que al margen del sentido de la presente determinación, no le depararía agravio alguno, y en su caso, podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que a la postre resultaren fundadas, aunque lo cierto es que el resultado del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". En consecuencia, solicítesele al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán, que a la brevedad devuelva a este órgano de control constitucional el despacho con número de orden 159/ 2020-D-AMP-CIVIL-I-B y número de origen 96/2020-D-AMP-CIVIL-I-B de nuestro índice, en el estado en que se encuentre; mismo que se le remitió para que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara al tercero interesado Ángel Azael Ruiz López. CUARTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leandra Isabel Guerra Interián, en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veinte. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se dio a las partes del informe justificado que se relacionó en proveído de tres de noviembre en curso. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con un minuto del dos de diciembre de dos mil veinte, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se ordena agregar el informe justificado que rindió el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que adjuntó. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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