Leandro del Carmen Ayala Mendoza

Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
65/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Leandro del Carmen Ayala Mendoza
  • Vice Fiscal General Regional de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero último, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA FIRME el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se advierte que ha fenecido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído; por lo que, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, último párrafo del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

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