Leandra Rojas Vaquera
Expediente 724/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Leandra Rojas Vaquera
Actuaciones
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- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe electrónicamente la quejosa; atento a su contenido dígasele a la parte quejosa que no obra en autos la notificación del oficio dirigido al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución de mérito, se acordará lo que en derecho corresponda. Por otra parte, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase dicha comunicación oficial; lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 724/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, vía electrónica, presentó demanda de amparo indirecto contra los actos y autoridades precisados en la propia demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 724/2023; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficialía de parte de este Juzgado Federal, la quejosa amplió su demanda de amparo, respecto de las fotoinfraciones precisadas en dicho escrito. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de demanda, y se ordenó: pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Gobernador, Secretario General de Gobierno y del Congreso, ambos del Estado de Jalisco: La expedición aprobación, refrendo y orden de publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículos 5, 174 segundo y cuarto párrafo y 195 párrafo cuarto, así como el 374 párrafo segundo del Reglamento de la citada normativa. Del Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: Las cédulas de fotoinfracción número********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, negó el acto que se le atribuye, consistente en las cédulas de fotoinfración ***; sin que al efecto, la parte quejosa hubiese desvirtuado tal negativa. Consecuentemente, ante la indemostración del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)". CUARTO. El Congreso del Estado, por conducto del Coordinador de Asuntos Jurídicos y la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en representación del Gobernador del Estado de Jalisco y el Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, al rendir informe con justificación, reconocieron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen consistentes en la expedición aprobación, refrendo y orden de publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículos 5, 174 segundo y cuarto párrafo y 195 párrafo cuarto, así como el 374 párrafo segundo del Reglamento de la citada normativa. Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación de dicho ordenamiento legal, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Enseguida, el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; al rendir su informe con justificación respectivamente, reconoció la existencia del acto que se les atribuye en la demanda de amparo y su ampliación, consistente en las cédulas de fotoinfración Además, lo anterior se corrobora con las documentales allegadas al sumario, en específico, las copias certificadas de las cédulas de fotoinfración; mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con al artículo 108, fracción III, de la ley citada. Con el propósito de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en cita, se impone hacer un análisis del contenido de los preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo, es improcedente cuando no se reclame por vicios propios la publicación de la norma reclamada; ahora bien, los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, se hacen consistir únicamente en el refrendo de los artículos tildados de inconstitucionales, los cuales, no son impugnados por vicios propios, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto que le atribuye al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. Por otra parte, este Juzgador, de oficio, advierte operante la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con la fracción VIII del precepto 108, ambos de la Ley de Amparo, por lo que respecta los actos reclamados consistentes en la expedición aprobación, refrendo y orden de publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículos 5, 174 segundo y cuarto párrafo y 195 párrafo cuarto, así como el 374 párrafo segundo del Reglamento de la citada normativa. Al respecto, las referidas disposiciones legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: VIII. Los conceptos de violación". Efectivamente, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa en el capítulo del acto reclamado, señala la expedición aprobación, refrendo y orden de publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículos 5, 174 segundo y cuarto párrafo y 195 párrafo cuarto, así como el 374 párrafo segundo del Reglamento de la citada normativa y en los tres concepto de violación, se limita a combatir las cédulas de fotoinfracción impuestas, sin formular en contra de los artículo actos argumento alguno dirigido a demostrar su inconstitucionalidad; razón por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, y, por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos de la fracción V del precepto 63 de la Ley de Amparo, tocante a dichas actuaciones. Por otra parte, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que, a su decir, no se observó el principio de definitividad, en tanto que los actos reclamados en esta instancia constitucional pueden ser combatidos mediante el recurso ordinario de defensa (definitividad), como es el juicio de nulidad. Dicha causal resulta infundada; y a fin de verificar la ineficacia del anterior planteamiento, es pertinente tomar en consideración que en el precepto legal que se invoca, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De la anterior transcripción se advierte que si bien es cierto, por regla general se surte la causa de improcedencia del juicio de garantías cuando contra el acto reclamado, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; también lo es que dicho numeral establece excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto. Es infundada la causa de improcedencia. Ello es así, pues para conceder la suspensión del acto impugnado la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco prevé que: 1. La suspensión de créditos fiscales sólo surtirá efectos si se garantiza su importe, sin prever que surta efectos "desde luego" como se establece en la Ley de Amparo; que el solicitante de la medida cautelar debe otorgar la garantía en el plazo genérico de cinco días y que en la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que la otorguen se observará lo establecido en su precepto 104, que prevé la imposición de sanciones que podrían configurar delitos (artículos 19 Bis, 69 y 70 Septies); y, 2. El solicitante de la suspensión deberá señalar los hechos que se pretenden resguardar, manifestar el interés suspensional y expresar los motivos por los cuales solicita la medida cautelar (artículo 67). Además, limita su tiempo de vigencia al establecer que cualquier medida cautelar provisional dejará de surtir efectos por el solo transcurso de quince días (artículo 70 Quinquies), lo que implica una restricción no prevista en la ley que rige al juicio constitucional, en tanto que la suspensión concedida en un juicio de amparo subsiste, por lo general, hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada en el expediente principal y queda sin efectos en caso de que el quejoso no exhiba la garantía requerida para tal efecto dentro del plazo de cinco días que, en su caso, se le requiera, pero mientras no se ejecute la sentencia el quejoso puede exhibirla, y cuando el tercero otorga contragarantía de ser procedente o varían las condiciones o el contexto bajo el cual se concedió. Lo que lleva a concluir que la reforma citada a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco sí prevé mayores requisitos y menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo, circunstancias que actualizan una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el juicio de nulidad local contra los actos administrativos previstos en aquélla, previamente a impugnarlos mediante el juicio de amparo indirecto. Al no advertirse diversa causa de improcedencia que opere de oficio ni alguna invocada por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de las causales de improcedencia, y al no advertirse, de oficio, que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, respecto de los actos reclamados sobre los cuales no debe sobreseerse, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de los actos reclamados. Es fundado, preponderante además, el concepto de violación en que se aduce que se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las cédulas de fotoinfración; son violatorias de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en ellas la autoridad responsable no funda su competencia territorial, esto es, no se indica el convenio de colaboración entre el Estado de Jalisco y sus Municipios, para la prestación del servicio público de tránsito. Una vez precisado lo anterior, y para una mejor ubicación del problema a jurídico que se plantea, conviene imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". La garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En esta tesitura, se infiere que mencionar el ordenamiento jurídico y la disposición legal que le conceda atribuciones a la autoridad para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, que consiste en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario, es decir, de eximir a la autoridad del deber de fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de controvertir la actuación de aquélla cuando estime que ésta no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pudiere encontrarse en contradicción con la Constitución Federal. Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia, la competencia de la autoridad que lo suscribe, constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas. Así, al ser la competencia del órgano administrativo el conjunto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, no es posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le otorgue competencia, porque la organización de la administración pública en nuestro país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integren por razón de materia, grado y territorio, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde, se admiten excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le corresponden. Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones. Al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio, los cuales consisten en: a) Materia: Atiende a si la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros). b) Grado: También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. c) Territorio: Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Por tales razones, la invocación de un ordenamiento jurídico en forma global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a dicha distribución de competencia le confiere facultades para realizar dicho proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. En esa medida, el artículo 115, fracción III, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la función de los servicios de tránsito es facultad exclusiva de los municipios, y en el caso, los actos aludidos fueron emitidos por autoridades de una dependencia estatal (Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco). En efecto, la fracción III, inciso H), del artículo 115 constitucional, establece en su parte conducente: "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] h). Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.". En lo conducente, el precepto invocado establece que los municipios que conforman los Estados de la Federación tienen a su cargo la administración del servicio público de tránsito. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo y fracción aludidos, establece: ".Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.". En lo que interesa para el presente estudio, el precepto transcrito dispone que cuando los ayuntamientos de los municipios lo estimen conveniente, podrán celebrar convenios con el estado, para que de forma temporal, éste se haga cargo de prestar algún servicio que deben proporcionar los municipios, o en su caso, otorgarlo de forma coordinada. Luego, no obstante que los municipios son los organismos facultados para prestar el servicio público de tránsito, dicha atribución puede delegarse al Estado mediante la celebración del acuerdo respectivo celebrado entre éstos. Ahora, del examen practicado a las constancias consistente en la cédula de infracción de folio; no se desprende cita alguna, en donde se plasme el fundamento de su competencia, es decir, si existe convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento Constitucional de Tonala, Tlajomulco de Zúñiga y el Salto, Jalisco, que otorgue a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, la facultad de aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los apuntados Municipios, ello a pesar de que la responsable aduzca que sí existe dicho convenio; sin embargo, se insiste, no se encuentra su cita en las cedulas de fotoinfracción reclamadas. Asimismo, las autoridades responsables fueron omisas en establecer si entre el municipio correspondiente y el Estado de Jalisco, en este caso representado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, existe un convenio de colaboración vigente en materia de tránsito, que faculte a esta última a prestar el servicio público de tránsito y, con ello, aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en la zona metropolitana, de esa entidad federativa, pues en las sanciones impuestas no se plasmo de esa manera. De ahí que asista la razón a la parte quejosa, pues el artículo 16 de la Carta Magna, impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, ente ellos su competencia, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan las hipótesis que son aplicadas, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entre ellos, el relativo a la competencia que les faculte su actuar. No es obstáculo a lo anterior el que al rendir su informe justificado la autoridad responsable, complementó su fundamentación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, invocando lo dispuesto en las clausulas primera y segunda del Convenio de Colaboración para la coordinación de acciones conjuntas de la seguridad vial, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, celebrado entre el Gobierno del Estado y los municipios de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, del contenido siguiente respectivamente: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. "CLÁUSULAS: PRIMERA.- El presente instrumento tiene como objeto establecer un marco de coordinación conjunta entre "LAS PARTES", para la implementación y operación dentro del territorio de "EL MUNICIPIO", del Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de Alcoholimetría y Vigilancia Ordinaria, mismo que es conocido comúnmente como Programa "Salvando Vidas", del Sistema de Fotoinfracciones, así como de los Folios respectivos que se generen por violaciones a los ordenamientos que en materia de vialidad y movilidad estén vigentes en la Entidad y sean aplicables dentro del municipio. Todas estas acciones estarán encaminadas y con la finalidad de reducir el número de accidentes viales, así como prevenir las muertes y lesiones ocasionadas por hechos de viales o siniestros, principalmente, las relacionadas directamente con la ingesta y consumo excesivo de alcohol, anexándose una copia de dicho protocolo al presente instrumento, formando integral del mismo. "SEGUNDA. --- "LAS PARTES" convienen en realizar todas las acciones necesarias, así como coordinarse administrativa y operativamente de manera eficaz para llevar acabo el objeto del presente convenio, dentro del territorio del "EL MUNICIPIO", con la presencia y participación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad a lo previsto en la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento en lo conducente.". Tonalá, Jalisco. "CLÁUSULAS: PRIMERA.- El presente instrumento tiene como objeto establecer un marco de coordinación conjunta entre "LAS PARTES", para la implementación y operación dentro del territorio de "EL MUNICIPIO", del Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de Alcoholimetría y Vigilancia Ordinaria, mismo que es conocido comúnmente como Programa "Salvando Vidas", del Sistema de Fotoinfracciones, así como de los Folios respectivos que se generen por violaciones a los ordenamientos que en materia de vialidad y movilidad estén vigentes en la Entidad y sean aplicables, todas estas acciones estarán encaminadas y con la finalidad de reducir el número de accidentes viales, así como prevenir las muertes y lesiones ocasionadas por hechos de tránsito, principalmente las relacionadas directamente con la ingesta y consumo excesivo de alcohol, anexándose una copia de dicho protocolo al presente instrumento. "SEGUNDA. --- "LAS PARTES" convienen en realizar todas las acciones necesarias, así como coordinarse administrativa y operativamente de manera eficaz para llevar acabo el objeto del presente convenio, dentro del territorio del "EL MUNICIPIO", con la presencia y participación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad a lo previsto en la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento en lo conducente.". Ello es así, pues de las citadas cláusulas, únicamente se advierte que las partes establecieron un marco de coordinación conjunta para la implementación y operación de diversos programas entre ellos el de sistema de fotoinfracciones, y se comprometieron a realizar las acciones necesarias así como coordinarse administrativa y operativamente para realizar el objeto del convenio. Ahora bien, el convenio para implementar y operar los programas implica únicamente la realización de las acciones materiales necesarias para ejecutar los programas ahí señalados, sin que de ninguna manera se pueda presumir que ello incluye la aplicación de sanciones, como lo pretende la responsable. Ello, pues una interpretación gramatical de esos vocablos nos permite concluir que el alcance del citado convenio se encuentra limitado a la realización de actos para aplicar los programas, pero no para sancionar las infracciones advertidas a través de dichos programas. Así la real academia española define implementar como ".Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo." en tanto que al verbo operar como ".Obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres u ocupaciones.", en tanto que sancionar es definido como ".Aplicar una sanción o castigo a alguien o algo.". De ahí que dada la naturaleza diversa de los verbos señalados, sea posible afirmar que las cláusulas del convenio invocado por la responsable, únicamente autorizan al Gobierno del Estado de Jalisco a poner en funcionamiento y ejecutar los programas que ahí se mencionan entre los que se encuentra el de fotoinfracciones, pero de ninguna manera ello tiene el alcance de autorizar a las autoridades estatales la aplicación de sanciones, pues para que ello sea posible es necesario que así se hubiera plasmado de manera expresa. Por tanto al no haberse convenido la aplicación de sanciones por parte del Gobierno del Estado, se insiste, la autoridad responsable carece de competencia para aplicar las sanciones relativas a la detección de infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco a través del sistema de fotoinfracciones. Atento a la violación advertida, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, para el efecto de que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco deje insubsistente las cédulas de notificación de infracción con folio;. En consecuencia de lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos, pues, atendiendo al principio de mayor beneficio, aun de resultar fundados esos planteamientos, no mejoraría lo ya alcanzado en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1432/2014, promovido por ********************, contra los actos del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, consistentes en la expedición, aprobación y refrendo de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículos 5, 174 segundo y cuarto párrafo y 195 párrafo cuarto, así como el 374 párrafo segundo del Reglamento de la citada normativa, así como de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra de los actos que reclamó del Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco consistente en las cédulas de fotoinfracción número********************, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
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Visto el escrito signado por ********************, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de junio en curso, manifiesta que no es su deseo ampliar la demanda de amparo; a lo que se provee; agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, téngase a la parte quejosa desahogando la vista ordenada en el citado auto, y manifestando su voluntad para no ampliar su demanda de amparo.
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