Leandra Olivia Domínguez Corona
Expediente 1965/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1965/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Leandra Olivia Domínguez Corona
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio del Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el que remite la copia certificada del acuse de recibo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, solicitado en acuerdo de nueve de diciembre del año actual, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se desprende que, en su escrito de demanda, Leandra Olivia Domínguez Corona señaló como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: III y IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE Y OMISIÓN QUE SE RECLAMA: TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR DELEGACIÓN PUEBLA, con domicilio bien conocido en el lugar en que ejerce sus funciones en la ciudad de Puebla, de quien reclamo la omisión o abstención de pronunciarse respecto de la solicitud y/o petición presentada el 27 de septiembre de 2016. Asimismo, del estudio integral de la demanda se advierte que reclama el que no se le haya informado sobre la admisión de dicha reclamación. Ahora bien, del informe justificado de la autoridad responsable, así como del comunicado y de las constancias de cuenta remitidas se advierte que el Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor informa que no es cierto el acto reclamado; ya que, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó formar el expediente administrativo PFC.PUE.B.3/002138-2016, con motivo del escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis y se señalaron las once horas con treinta minutos del once de enero de dos mil diecisiete para una audiencia de conciliación, y en las constancias de cuenta, remite su constancia de notificación, por lo que solicita el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. La anterior aseveración se encuentra acreditada con las copias certificadas del expediente PFC.PUE.B.3/002138-2016, enviadas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, entre las que obra copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente indicado, así como su constancia de notificación, la cual adquiere pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente PFC.PUE.B.3/002138-2016 la autoridad responsable dictó un acuerdo en el que determinó señalar las once horas con treinta minutos del once de enero de dos mil diecisiete para una audiencia de conciliación, dentro del expediente referido. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado la resolución respectiva el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente PFC.PUE.B.3/002138-2016 y al haberla notificado el dieciséis de noviembre siguiente, cesaron los efectos de la omisión del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable diera contestación a su escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente dentro del expediente PFC.PUE.B.3/002138-2016 y se notificó el dieciséis de noviembre del año actual. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, deducido del expediente PFC.PUE.B.3/002138-2016, y su notificación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por tanto, se dejan sin efectos las nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se provee: Se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído de cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando séptimo de la sentencia emitida por este órgano judicial, el veinte de octubre de dos mil dieciséis, misma que le fue notificada el veintiuno de octubre del presente año a través del oficio 311-1 S; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Devuélvase a la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla la copia certificada del expediente 804/2014 de su estadística, con el que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.
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