Leandra Josefa Ramírez López
Expediente 1819/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1819/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leandra Josefa Ramírez López y Otros.
- Leandra Josefa Ramírez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que en autos obran agregados los documentos consistentes en los acuses de recibo de los ocursos dirigidos al Gobernador del Estado de Oaxaca, y Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 7 a 16); requiérase a la amparista para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tales documentos en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución de tales constancias, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, los documentos en cuestión serán destruidos junto con el expediente, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA: MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que en autos obran agregados los documentos consistentes en los acuses de recibo de los ocursos dirigidos al Gobernador del Estado de Oaxaca, y Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 7 a 16); requiérase a la amparista para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tales documentos en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución de tales constancias, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, los documentos en cuestión serán destruidos junto con el expediente, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI B A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciséis, hora y día señalados en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince (foja 32), para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1819/2015, promovido por Leandra Josefa Ramírez López, estando presente el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias de autos. Enseguida se pasa al periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con la documental que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda (fojas 7 a 16), y las remitidas como apoyo a su informe justificado por parte de las autoridades responsables Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el carácter de representante Legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y el Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Al respecto el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales de cuenta dada su propia y especial naturaleza. Se cierra la etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase de alegatos, se da cuenta con los alegatos por parte del autorizado de la quejosa emitidos mediante escrito recepcionado el veintiocho de diciembre de dos mil quince; al respecto el Juez acuerda: en términos del precepto legal 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados, por lo que concluye esta etapa, se declaran vistos los autos y se procede a dictar resolución. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1819/2015, y R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 2 a 16), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado, Leandra Josefa Ramírez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "AL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO. AL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA (IEEPO)" [.] "ACTO RECLAMADO: La falta de contestación a dos escritos de petición de fecha 21 DE OCTUBRE DEL 2015, y recibido por la responsable IEEPO en la misma fecha y el segundo de fecha 26 DE OCTUBRE DEL 2015 y recibido por el Gobernador en la misma fecha: ambos contenidos refieren el mismo tema; sin embargo, hasta esta fecha actual no habido una debida contestación motivada, fundada y por escrito a mis peticiones, violando la responsable lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar que de manera personal me he constituido en las oficinas de la responsables, esta me ha respondido con evasivas y sin la intención de responderme mi petición por escrito, ni mucho menos de solucionar lo expuesto en el mismo, como lo acredito con la copia simple de mi acuse con el sello respectivo". Anteriores actos que estima violatorios de los derechos humanos y las garantías para su protección contenidos en los artículos 8, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 1819/2015 se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio vista al representante social de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta condigna, y C o n s i d e r a n d o PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, y al reclamarse un acto imputado a autoridades con residencia en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación concreta del acto reclamado. Para efecto de mantener congruencia entre lo pretendido y lo que se resolverá en este fallo, en términos de la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto atribuido. Así, del análisis integral del escrito de demanda y constancias de autos, se pone de manifiesto que la impetrante de amparo reclama: la omisión por parte del Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEPOO), y Gobernador del Estado de Oaxaca, de contestar sus peticiones formuladas mediante escritos de veintiuno y veintiséis de octubre de dos mil quince, respectivamente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Titular del Ejecutivo, y Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, si bien al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo realizaron diversas manifestaciones que entrañan su consentimiento, esto es, refirieron que mediante oficios IEEPO/DSJ/10505/2015 y IEEPO/DSJ/10504/2015, de diecisiete de diciembre de dos mil quince, emitieron contestación a la petición formulada por la impetrante de amparo. A fin de apoyar lo anterior, remitieron copia certificada de los aludidos oficios (fojas 27 y 38), dichas documentales a las que se les reconoce plena eficacia probatoria, de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, al ser emitidas por autoridad competente en uso de sus facultades; en tales condiciones, es dable tener como cierto el acto reclamado a cada una de las responsables. Apoya lo anterior, la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, registro 238215, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por este órgano jurisdiccional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que del escrito de demanda e informes justificados se advierte lo siguiente: ? La impetrante de amparo formuló petición al Gobernador del Estado de Oaxaca, mediante escrito recepcionado el veintiséis de octubre de dos mil quince, a través del cual, le solicitó en su carácter de propietaria de "ALQUILERES Y SERVICIOS SAN PABLO", su intervención como autoridad jerárquico del Instituto Estatal de Educación Pública, a fin de que le sean pagadas diversas facturas con motivo de la "prestación de servicios" a dicha institución en concreto la renta de lonas y su instalación. ? De igual forma, realizó petición al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública, en el sentido del pago por la prestación del servicio de lonas y su instalación, como propietaria de "ALQUILERES Y SERVICIOS SAN PABLO". ? Por su parte, las autoridades Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Titular del Ejecutivo, y Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al rendir su informe de ley informaron que mediante oficios IEEPO/DSJ/10505/2015, y IEEPO/DSJ/10504/2015 de diecisiete de diciembre de dos mil quince, emitieron respuesta a la solicitud de la amparista, y en esencia contestaron que: al no acreditar ser la dueña de la negociación referida ni exhibir los contratos que hubiese celebrado para la prestación del servicio de renta de lonas y su instalación, carecían de credibilidad sus manifestaciones, así como tampoco acreditaba que se le debiera la cantidad que refirió en las facturas. Lo narrado pone de manifiesto que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Oaxaca, y Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la solicitud deviene de un contrato de prestación de servicios entre dichas autoridades y el particular (aquí quejosa), empero, no es una conducta que desplieguen con el carácter de autoridad de supra subordinación, sino lo efectúan en su calidad que dice ostentar la impetrante de amparo, prestadora de un servicio particular de renta de lonas y su instalación, relación jurídica de coordinación, entabladas entre la institución y un particular, que no implica una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, sino en un plano de coordinación. Por lo que conduce a determinarse que la petición de la quejosa así como de la respuesta recaída a la misma, no debe considerase como un acto de autoridad, toda vez que en el caso concreto, los funcionarios que la impetrante de amparo señala como responsables, están actuando como particulares, como ya se dijo, por la prestación del servicio que aduce la amparista. De ahí que el presente juicio resulta improcedente, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso las señaladas como responsables en el caso en específico no tienen tal carácter. En las relatadas circunstancias, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, se SOBRESEE en el presente juicio respecto a los actos reclamados y autoridades precisadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, todos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por Leandra Josefa Ramírez López, versus el acto reclamado y autoridades responsables señalados en el considerando segundo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el escrito de Eutimio Reyes Juárez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista ordenada en auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince (fojas 31 y 32), realiza diversas manifestaciones en relación con el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca; en tales condiciones, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, las mismas se tienen como alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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