Lázaro Vázquez Rodríguez y Otros.
Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Lázaro Vázquez Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 738/2023 de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al cual adjuntó copia certificada de la ejecutoria del recurso de queja civil 24/2023, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo ********************del índice de este juzgado, promovido por Lázaro Vázquez Rodríguez, Jordán Eduardo Vázquez Rodríguez y Leticia Rodríguez Fernández, la última en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de Miguel Vázquez Ayala; de igual manera, adjunta copia certificada de la ejecutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja civil 24/2023 de su índice, por la cual, resuelve: [.] ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Lázaro Vázquez Rodríguez, Jordán Eduardo Vázquez Rodríguez y Leticia Rodríguez Fernández, la última en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de ********************contra el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo indirecto ********************[...]. Acúsese recibo y en su momento destrúyanse las copias certificadas del expediente en que se actúa, a fin de evitar duplicidad en las constancias. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por tanto, una vez que transcurra el referido plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento su entrega en caso de que así se solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, acusa recibo de las copias certificadas del juicio de amparo 1430/2022, escrito de agravios, de presentación y copia simple cada uno, con el que se interpuso recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se informa que con fecha cuatro de enero del año en curso, se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; radicado bajo el recurso de queja 24/2023 del registro del aludido tribunal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de los quejosos Lázaro Vázquez Rodríguez, Jordan Eduardo Vázquez Rodríguez y Leticia Rodríguez Fernández, la última en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de Miguel Vázquez Ayala, por el que interponen recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo anterior, se tiene a los quejosos interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el escrito original por medio del cual se interpone el recurso de queja, copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para la substanciación del referido medio de impugnación. Asimismo, en vía de informe, hágase del conocimiento de la superioridad que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********* por su propio derecho, así como Leticia Rodríguez Fernández, por derecho propio y como albacea definitivo del de cujus Miguel Vázquez Ayala; no obstante, se sostiene la legalidad de dicha determinación al tenor de los fundamentos y razonamientos que en ésta se exponen. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lázaro Vázquez Rodríguez y Jordán Eduardo Vázquez Rodríguez, por su propio derecho, así como Leticia Rodríguez Fernández, por derecho propio y como albacea definitivo del de cujus Miguel Vázquez Ayala, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1430/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. De la demanda de amparo se advierte que se reclama de manera destacada el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 956/2009, mediante el que se ordenó el lanzamiento y desposesión del inmueble denominado "Cuamantzingo" ubicado en Privada Morelos número dos, del Cerrito de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, así como esencialmente la ejecución de la sentencia definitiva dictada en juicio de origen. De los antecedentes del caso, narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se sigue que en el juicio ejecutivo mercantil 956/2009 se dictó sentencia definitiva el veintidós de junio de dos mil diez. Asimismo, que el diecinueve de abril de dos mil once, se aprobó la planilla de liquidación propuesta por la parte actora en el citado juicio; por lo que seguida la secuela procesal correspondiente, el tres de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia interlocutoria, en la que se ordenó la adjudicación del bien inmueble denominado "Cuamantzingo" ubicado en Privada Morelos número dos del Cerrito de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Por lo que siguiendo con el trámite de ejecución respectivo, en cuatro de noviembre del año en curso, aproximadamente a las diez horas, los quejosos fueron lanzados por personal judicial adscrito al Juzgado responsable, del bien inmueble citado en los párrafos que anteceden. Asentados los antecedentes relevantes del caso y precisado el acto reclamado, se estima que en la especia se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, debido a que el acuerdo reclamado y los actos realizados con posterioridad a este, tal como lo fue el lanzamiento de los aquí quejosos, son actuaciones en el procedimiento de ejecución de sentencia, que no afectan derechos sustantivos y, además, están vinculadas con la cosa juzgada. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J.19/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 162152, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163152, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (fracción IV del artículo 107 de ley vigente) resulta aplicable excepcionalmente, por analogía, la fracción IV de dicho precepto abrogado (ahora fracción V del citado numeral 107). De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, conforme a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 956/2009, mediante el que se ordenó el lanzamiento y desposesión a los aquí quejosos, del inmueble denominado "Cuamantzingo" ubicado en privada Morelos número dos, del Cerrito de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, del Cerrito de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, así como esencialmente la ejecución de la sentencia definitiva dictada en juicio de origen, no constituyen la última resolución dictada en el juicio ejecutivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En cambio, dicha actuación constituye un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución. Así, es factible sostener que los actos reclamados, no son ajenos a la cosa juzgada, precisamente, porque lo que se controvierte, involucra lo sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil 956/2009. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada la parte demandada y vencida -aquí quejosa- retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto del cual ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Así como la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022499, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN" Por tanto, es dable afirmar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Simeón Barrera Palacios, por contar con su cédula registrada en la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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