Làzaro Román Rivera

Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
160/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Làzaro Román Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el doce de abril del año en curso, descontándose de dicho término los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la ley de la materia, sin que se haya hecho valer medio dicho medio de impugnación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *****, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano e informe justificado la autoridad responsable siguiente: Encargado de Despacho de la Subdirección de Estación Migratoria en Chetumal, Quintana Roo. Por lo que hace al informe relativo a la suspensión de plano, este órgano de control constitucional toma conocimiento, ello, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Además, por lo que refiere al informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda promovida por **** contra actos que atribuye al Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos , fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número *****. Luego, del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: ? La orden de deportación y/o retención en Migración. Atento a lo anterior, debe decirse que si bien la parte quejosa reclama la retención de su persona ante Migración, dicho acto no se encuentra vinculado con la comisión de un delito, sino que el mismo es atribuido a la autoridad responsable administrativa en materia de migración, por lo cual el pronunciamiento relativo a la suspensión de los actos que se reclama partirá desde el contexto relativo a la especial condición migratoria que guarda y a la que se hace alusión en su demanda. ? Orden de deportación y/o retención en Migración. En atención a lo solicitado por el promovente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 126, párrafo primero, de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la detención y/o privación ilegal de la libertad personal y la deportación. En relación a la orden de deportación y/o retención en Migración, de que se dice es objeto ******, debe decirse que son actos que atentan contra la libertad personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, en forma previa a emitir el pronunciamiento correspondiente a la suspensión de plano y las condiciones que deberán regirla, resulta conveniente citar el contenido del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: "Artículo. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones." Esta norma constitucional, contiene el derecho fundamental concebido en relación con el artículo 1 de la propia Carta Magna, que instituye la garantía de igualdad, referido a la libertad de tránsito, también conocida como libertad de movimiento o locomoción, y que incluye, además, otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia. Conforme lo ha sostenido el Pleno del Alto Tribunal de la Nación,1 la libertad de tránsito se concreta, en los términos del citado precepto, en la facultad de que disfruta todo individuo para desplazarse por el territorio del país sin necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad, pasaporte o salvoconducto, carta de seguridad o cualquier otro requisito de este tipo (libertad interna), así como la libertad para entrar y salir del país sin autorización o permiso previo (libertad externa). La libertad de residencia se refiere a la facultad de todo individuo para establecer su residencia o morada, permanente o transitoria, en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto, están sujetas a límites, específicamente los emanados de las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad penal o civil y las de la autoridad administrativa respecto a los límites que establezcan las leyes sobre migración o inmigración, salubridad general y respecto a los extranjeros residentes considerados como perniciosos. Ahora bien, debe decirse que la deportación, conforme lo ha definido el Máximo Tribunal de la Nación se hace consistir en el acto jurídico administrativo de la autoridad para hacer abandonar del territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en México. Así, dada la naturaleza especial y trascendente que tiene en la esfera jurídica del individuo la figura de la deportación, el legislador federal previó que contra dicho acto procede la suspensión de plano, con lo que se permite la posibilidad de que tal determinación administrativa sea sometida al control constitucional en forma previa a su ejecución. En el caso, la parte quejosa pretende que con motivo de la suspensión no se atente contra su libertad personal por parte de las autoridades migratorias que señala como responsables; a ese respecto, no resulta procedente conceder la suspensión en los términos solicitados ("se otorgue la libertad en tanto se resuelve en definitiva el presente juicio, la cual se ve afectada al estar alojado en forma ilegal en la estación migratoria"), toda vez que de concederla para tales efectos se contravendrían disposiciones de orden público, como lo son, las disposiciones contenidas en los artículos de la Ley de Migración, mismas que, en concordancia con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 11 constitucional constituyen disposiciones que establecen límites a la libertad de tránsito en el territorio nacional respecto de los extranjeros. En efecto, la Ley Migratoria constituye el ordenamiento de observancia general que tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales2. De igual modo, dicho ordenamiento legal regula las cuestiones relativas a la situación migratoria de toda persona, entendiéndose por situación migratoria a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, en la inteligencia de que se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las misma Por su parte, el título sexto de la Ley de Migración establece diversas disposiciones comunes en materia de verificación y regulación migratoria, entre las que se encuentra el deber de los extranjeros -cuando sean requeridos por las autoridades del institutode comprobar su situación migratoria regular en el país, en los términos de la ley aludida y su reglamento disposiciones- en las leyes sobre migración como ocurre en el presente caso. Sin embargo, con fundamento en los artículos 15 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que, para el caso de que la retención del quejoso ***** en la estación migratoria sea con fines de deportación, no se ejecute la misma y la interesada, en el lugar donde se encuentre, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, lo anterior hasta en tanto se resuelva el presente juicio constitucional. ? Consideraciones especiales. No obstante lo hasta ahora expuesto, y pese a que del artículo 7 de la Ley de Migración, se presume la legalidad del acto de autoridad, puesto que está facultada para verificar el estatus migratorio de una persona. Aunado a que el diverso artículo 92 de la norma en cita, dispone que el Instituto Nacional de Migración realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentran en territorio nacional cumplan con las obligaciones en ella previstas, lo que puede realizar oficiosamente por tratarse de una cuestión de orden público. Dichas facultades están sujetas a un plazo, por lo que la responsable debe ejercerlas de acuerdo a lo que dispone el numeral 1116 de la Ley de Migración. Además, también se prevén una serie de derechos que deben ser informados a la parte quejosa, por lo que debe conminarse a la autoridad responsable para que se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley de Migración, de manera que deberá: I. De acuerdo a lo que dispone el numeral 1017 de la Ley de Migración, informar al quejoso que emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de su situación migratoria, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, podrá ser entregada en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. II. Además, en términos del diverso 1028 de la Ley de Migración, deberá informarse a la quejosa que a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá ante la autoridad responsable: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Finalmente, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. III. Por cuanto hace a la estación migratoria en que se encuentra la quejosa, de acuerdo a lo que dispone el numeral 1079 de la Ley de Migración, deberá prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día, cuya calidad deber ser adecuada; mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; contar con espacios de recreación deportiva y cultural; permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. IV. Por lo que hace a los derechos que asisten al quejoso10, deberá hacerle saber de inmediato, que a su ingreso a la estación migratoria, tiene derecho a los que indica el numeral 109 de la Ley de Migración. V. Finalmente, la responsable deberá resolver la situación migratoria del quejoso, en un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir de su presentación, de acuerdo a lo que establece el numeral 111 de la Ley de Migración. En el entendido de que de no resolverse lo que se estime procedente en el plazo señalado o no justificar su demora, deberá decretarse la libertad inmediata de ******Así, de manera destacada, la legislación ordinaria prevé la posibilidad de que la quejosa obtenga la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. ? Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a la autoridad responsable a quien reclama la deportación, y/o retención; quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de **** equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización11, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa, al formular su demanda de amparo tiene la obligación de señalar a la autoridad responsable, lo que en el caso particular se cumplió en el escrito de cuenta; sin embargo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso en cuanto a la posible denominación imprecisa de la autoridad responsable que la tenga a su disposición, el Actuario judicial adscrito, al tener conocimiento de la denominación correcta de la misma, en el acto deberá asentar su denominación y entregarle oficio para que rinda el informe referido en el párrafo que antecede. En la Inteligencia de que se hacen extensivos a dicha autoridad los apercibimientos decretados en el presente acuerdo. Precisado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2022 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de veintisiete de enero del año en curso, se ordenó agregar el oficio firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de causas penales y juicios de amparo a su cuenta de FIREL "*******", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica, por medio de su usuario "*****". En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las once horas con diez minutos del doce de abril de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de *****equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización12, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa, con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por ****equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización13, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, para el caso de diferimiento de la audiencia constitucional, resulta innecesario notificarle, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que cita en su demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, por así haberse solicitado expresamente, también, téngasele proporcionando el número telefónico ******, para recibir notificaciones derivadas de este asunto; por lo tanto, se toma conocimiento de los medios de comunicación proporcionados a efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de las determinaciones que con motivo de este asunto se emitan. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal14, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II15 del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es *****, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes nservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,16 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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