Lazaro Raul Carreras Armenteros y Otros.
Expediente 1240/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lazaro Raul Carreras Armenteros
- Lazaro Raul Carreras Armenteros y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 1-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que fue radicado bajo el número 909/2019, de su registro. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
MESA 1-B.- Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso, este juzgado federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Lazaro Raúl Carreras Armenteros e Indira Lazara Bustamante Aranguren, en virtud de que este juzgado federal no aceptó la competencia planteada en por la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en esta ciudad, por lo que se remitió el cuadernillo original del juicio de amparo 1240/2019, solicitando a la autoridad declinante se sirviera informar respecto a la aceptación de la competencia planteada y acusara recibo de estilo, sin que hasta la presente fecha lo hubiera hecho. En consecuencia, solicítese de la manera más atenta, al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se sirva acusar recibo del oficio 31716 y anexos, asimismo informe respecto a la aceptación de la competencia declinada, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para hacerlo. Notifíquese.
- Principal
MESA 1-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de mayo del año en curso (fojas 37 a 49), a fin de que expresara la finalidad, razones o motivos por las cuales señaló como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Ahora bien, es importante recordar que mediante proveído de quince de abril del año en curso, emitido en los autos del amparo 909/2019, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, consideró que carece de competencia legal para conocer del asunto en términos de los artículos 37, 38 y 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque en la demanda de amparo fue señalado como autoridad responsable y que en esa lógica, no era posible jurídicamente, que a su vez, tuviera la calidad de órgano resolutor en la vía constitucional. En virtud de lo cual, por acuerdo de siete de mayo del año en curso (fojas 37 a 49), este juzgador de amparo, previno a la parte quejosa y a su autorizado para que expresara la finalidad, razones o motivos por los cuales señalaron como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no obstante que, conforme a las consideraciones que se plasmaron en dicho auto, no era competencia de un Juez de Distrito, la emisión o ejecución de una orden de deportación, o bien, limitar el libre tránsito de extranjeros por Territorio Nacional. De igual forma, se le precisó que si partía de la base que un Juez de Distrito era competente para emitir tales actos, debía precisar entonces, el por qué no señaló a este Juzgado de Distrito y al diverso titular del Juzgado Tercero de Distrito, con residencia en esta ciudad; con el apercibimiento de que de no hacerlo le tendría como no responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en relación a la incompetencia planteada, el suscrito disiente de la opinión del Juez declinante. Cierto, porque si bien, como se estableció en auto de quince de abril de dos mil diecinueve, de acuerdo al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. No debe soslayarse que corresponde al juez de amparo y no a los quejosos determinar, con base en la naturaleza de los actos reclamados y las constancias de autos, quién tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, según se aprecia, por identidad de razón, de los datos que conforman la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Séptima Parte, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, página 57, registro electrónico 245494, aplicada al caso por analogía, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. TERCERO PERJUDICADO, CORRESPONDE AL JUEZ DEL AMPARO Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DETERMINAR QUIEN TIENE ESE CARÁCTER. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito no les haya reconocido calidad de terceros perjudicados a los poblados comunales que se apersonaron en el juicio, fundándose únicamente en los informes que al respecto rindió la autoridad responsable en el sentido de que tales poblados no tienen dicho carácter, pues no es a la mencionada autoridad sino al propio Juez del amparo a quien corresponde decidir quién tiene la calidad de tercero perjudicado en el juicio de garantías, con base, precisamente, en las constancias de autos. En consecuencia, si de tales constancias aparece que los poblados referidos son titulares de un derecho protegido por la ley, el cual puede ser afectado con la concesión del amparo al poblado quejoso, es evidente que aquellos núcleos de población sí tienen el carácter de terceros perjudicados y al no haberlo considerado así el citado Juez Federal, incurrió en violaciones al procedimiento". Luego, si conforme al análisis que se realizó en auto de siete de mayo del año en curso, se concluyó que es imposible que un Juez de Distrito, participe en la emisión o ejecución de una orden de deportación o expulsión, o bien, en la limitación de libre tránsito de extranjeros por el territorio nacional, que constituyen los actos reclamados, porque no se encuentran dentro de las atribuciones de un juez con tal investidura; y que aunado a ello, los quejosos y sus autorizados ninguna manifestación emitieron para contrarrestar tal argumento, pues transcurrió el plazo que se les otorgó en el citado auto, sin que realizaran manifestación alguna, debe entenderse que tácitamente aceptaron el criterio adoptado por este Órgano de Control Constitucional, en el sentido de que al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no tiene el carácter de autoridad responsable en el caso en particular, y por ende, se desvanece el motivo en el que descansa la decisión de dicho juez, para declararse legalmente incompetente del conocimiento del asunto. Lo anterior, por más que los aquí quejosos en su demanda inicial, de manera específica y clara lo hayan señalado como tal, pues se reitera, corresponde al juez de amparo y no a los quejosos determinar, con base en la naturaleza de los actos reclamados, quién tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo; facultad que en este caso ejerce el suscrito, atendiendo de manera destacada la condición de los actos antes citados, y las atribuciones con las que cuenta un Juez de Distrito en términos de los artículos 48, 50, 51, 52, 53, 53 bis, 54 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior expuesto, respetuosamente, este juzgado federal no acepta la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es óbice a lo anterior, el que el mencionado juez funde su competencia entre otras, en la jurisprudencia 88/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE RECLAMA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MAS INMEDIATO."; toda vez que dicho criterio parte de la premisa de que un Juez de Distrito es competente para emitir una orden de aprehensión, lo que en caso no acontece, pues como se precisó, los actos reclamados consistentes en la emisión de una orden de deportación, expulsión, repatriación y limitación del libre tránsito, no es competencia de los jueces de distrito, conforme a los dispositivos legales, párrafos arriba precisados. En tal virtud, devuélvase al juzgado declinante, el original del expediente 909/2019 de su índice, así como sus anexos, por las razones expuestas en párrafos anteriores; fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese atentamente acuse el recibo correspondiente. Finalmente, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que remite diversos informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Tuxtla Gutiérrez y por el Director de Seguridad Pública Municipal con residencia en Suchiate, Chiapas; sin que haya pronunciamiento de los mismos, toda vez que en líneas anteriores no se aceptó la competencia planteada por el Juzgador declinante.
- Principal
MESA 5-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el Director del Hospital General de Tapachula, con residencia en esta ciudad, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas mediante proveído de catorce de marzo del año en curso (fojas 166 y 167); no obstante haber sido debidamente notificada de dicha petición, según constancias que obran en autos (foja 169 y 174). En atención a lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 58 a 61), consistente en la multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos, 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos 00/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por tal motivo, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chiapas 2, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin de que haga efectiva la multa que le fue impuesta a la autoridad responsable Dr. Josué Esaú Guzmán Moralez, en su carácter de Director del Hospital General de Tapachula, con sede en esta ciudad, con domicilio el ubicado en Carretera Tapachula Puerto Madero, kilómetro 10.5, Colonia Renaud, de esta misma ciudad. Solicitándole a dicho administrador, que deberá informar el trámite realizado de dicha multa, dentro del término de diez días, contados a partir de que quede debidamente notificado del presente auto. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 75 de la ley en la materia, se requiere nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días a partir de que quede debidamente notificada de éste proveído, informe el estado clínico que actualmente guarda la paciente Dina Matías Velázquez, aquí quejosa y remita copia certificada de todas y cada una las constancias relativas. Se apercibe que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedor nuevamente a la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan nueve horas con cinco minutos del diez de junio de dos mil diecinueve. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 115, de la Ley de Amparo, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal. Además, debe precisarse que es un hecho notorio para el suscrito que con motivo de la infinidad de demandas presentadas por extranjeros cubanos y centroamericanos, a partir del mes de marzo de dos mil diecinueve a la fecha, se reportó un ingreso aproximado de 1113 (mil ciento trece) juicios de amparo, que sumados a los ya existentes -al tres de mayo de dos mil diecinueve- hacen un total de 1318 (mil trescientos dieciocho) asuntos; lo que saturó la agenda que se lleva en este juzgado; por lo que atendiendo a la carga de trabajo que puede enfrentarse sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional, se ha señalado diariamente el número máximo de audiencias posibles.
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