Lázaro Mejía Cogco
Expediente 528/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lázaro Mejía Cogco
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por xxxxxxxxxx, quien se ostenta representante de xxxxxxxxxx, contra actos de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 528/2016-IV. Ahora, acorde con el artículo 113 de la Ley de Amparo en comento, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Así, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la debida imposición del indicado ocurso se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con la fracción V del diverso 107 de ese propio ordenamiento legal, interpretada en sentido contrario, como a continuación se expone. Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. En la especie, el acto de que se duele la parte quejosa consiste en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 698/X/2014, emitido por la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por el cual la junta responsable desechó las pruebas marcadas con los números 14, 17 y 20 consistentes, la primera, en original de una constancia de labores de veinticuatro de noviembre del dos mil; la segunda, relativa a la lista de asistencia de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis; y la última, consistente en el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, limitándose a decir que resultan inútiles, ociosas e innecesarias, asimismo, se duele de que las probanzas marcadas como dieciséis y dieciocho (documentales), se agreguen como si fueran una sola; y, también aduce se omitió acordar la confesional marcada con el número trece. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación, en razón de que la determinación de la Junta responsable, constituye una violación procedimental en términos de las fracciones III y VII del numeral 172 de la Ley de Amparo, al haberse desechado las probanzas a que se hace referencia en el párrafo que antecede, u omitido acordarlas en la forma solicitada; cuestión que quedaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo, y aún en el supuesto contrario, está en condiciones de invocar dichas violaciones en vía de concepto de violación al promover el amparo directo en contra del fallo que ponga fin al juicio, según así lo dispone el artículo 171 del ordenamiento legal invocado. En efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, pues los efectos de la determinación reclamada versan sobre actos que no tienen una afectación material a sus derechos sustantivos, es decir, no impiden el ejercicio de un derecho, sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; de manera que, como se dijo, de obtener sentencia favorable desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que se promueva contra la sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Apoya lo anterior, por las razones que la informa, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2006589, de texto y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De lo anterior se desprende que no es procedente el amparo indirecto, porque no se actualiza en el particular la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que solamente autoriza a promover el juicio de amparo en contra los actos en juicio que sean de imposible reparación, pues no afectan derechos sustantivos del gobernado, sino que solo los derechos procesales o adjetivos, y de estimarse alguna violación a dichos derechos, estos serán impugnables por la vía de amparo, de ser el caso, hasta que se dicte sentencia respectiva y se hagan valer como violaciones procesales. En las relacionadas circunstancias, al no constituir lo reclamado un acto de imposible reparación, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Guadalupe Mejía Ramón, al parecer en representación de Lázaro Mejía Cogco. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Como lo solicita la impetrante en su escrito de demanda, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el diverso 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
- Principal
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