Lázaro Loera Rosales
Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lázaro Loera Rosales
Actuaciones
- Principal
En el presente asunto, la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en la garantía de audiencia para ser llamada a juicio dentro del juicio agrario 195/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, a fin de comparecer a hacer valer sus derechos por "ser titular" del solar 16, manzana 4, con número de título de propiedad 10261 del ejido Plan de Ayala, municipio de Padilla, Tamaulipas. Ahora, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, quien tendrá dicho carácter aquel que aduce ser titular de un derecho o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto que reclama transgrede su esfera jurídica. Dispositivo que se reproduce para una mejor comprensión: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.).". En ese sentido, respecto del acto que aquí se reclama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Artículo 5. Son partes en el Juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, o acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Los preceptos jurídicos transcritos en el párrafo precedente, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo. Así, el contenido del artículo 107 fracción I revela que quien acude al juicio de amparo, debe ser titular del derecho que alega fue violado, es decir, la titularidad del derecho materia del juicio legitima al que la ostenta Se cita en apoyo la tesis 315217 de la Primera Sala, en materia Común, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXVI, página 331, de contenido: "AMPARO. Sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, de aquella a quien afecta o perjudica el acto que se reclama." En ese contexto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada -presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional postulado que preceptúa que el procedimiento constitucional sólo puede promoverse por la persona que resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten perjudicados por el acto de autoridad reclamado. La noción de perjuicio, para efectos de la procedencia del juicio tutelar de derechos fundamentales, presupone la existencia de una prerrogativa legítimamente tutelada, que cuando es transgredida por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar la protección constitucional. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Bajo ese orden de ideas, si el procedimiento de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, resulta lógico que no proceda respecto de cualquier tipo de actos de autoridad, sino únicamente contra los que ocasionen un agravio personal, directo, real y actual, que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Una vez expuesto lo anterior, es preciso puntualizar que el quejoso reclama la garantía de audiencia para ser llamada a juicio dentro del juicio agrario 195/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, a fin de comparecer a hacer valer sus derechos por "ser titular" del solar 16, manzana 4, con número de título de propiedad 10261 del ejido Plan de Ayala, municipio de Padilla, Tamaulipas. En ese sentido, resulta importante aclarar que, los artículos 2248 y 2249 del Código Civil Federal, prevén: "Artículo 2248. Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Artículo 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.". De los preceptos transcritos, se desprende que existe compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero; además, de que la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Por tanto, aún y cuando el quejoso alegue que no se ha finalizado con los trámites de escrituras y que aparece como dueño de dicho predio, el contrato de compra venta fue perfeccionado al convenir sobre la cosa y su precio. En consecuencia, al no ser titular del derecho de propiedad, carece de interés jurídico para ser llamado a juicio. Luego, debe decirse que la legitimación es una condición para el ejercicio de la acción constitucional, que implica la necesidad de que la promoción atinente sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho De manera que debe desecharse la demanda de amparo pues en su caso Lazáro Loera Rosales resiente un agravio indirecto que no lo legitima para acudir al juicio de amparo en términos del artículo de acuerdo al artículo 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se reitera que, el agravio deriva de una transacción de compraventa respecto del bien inmueble que aduce es de su propiedad. En ese sentido, solamente el titular de un derecho que se vea afectado de manera personal y directa con el acto de autoridad, quien podrá promover el juicio de amparo por sí o por conducto de su representante, lo cual en el caso no acontece. De ahí que, se deduce que la falta de garantía de audiencia en el juicio de origen que reclama el quejoso no impacta de manera directa y actual su esfera de derechos generando, por tanto, ausencia de agravio personal y directo. Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, respecto del acto aquí abordado, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera por última ocasión al Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas para que cumpla con la ejecutoria de amparo y realice la inclusión a nómina de la Secretaría de Educación del quejoso, ya que con la actuación de dicha autoridad se está retrasando el pago del incidente de liquidación por medio de evasivas y procedimientos irrelevantes, solicitando además se utilicen los medios de apremio para que se cumpla con la sentencia de amparo. En ese sentido, tomando en consideración que mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se requirió a las autoridades responsable y vinculada a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la sentencia de amparo, o informado lo conducente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad vinculada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, informe la respuesta otorgada a los oficios ********************y ********************, por parte de Director de Recursos Humanos y Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación respectivamente, o bien, manifieste el impedimento con que cuenta para ello. Del mismo modo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable Presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, informe el seguimiento dado al oficio ********************, mismo que le fue remitido el trece de enero de dos mil veintitrés por el Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, o bien, manifieste el impedimento con que cuenta para ello. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas no figure como responsable en este juicio, pues en razón de sus funciones debe tener intervención a fin de que la autoridad responsable Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia." Notifíquese.
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