Lázaro Heriberto Quintero Diaz
Expediente 905/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lázaro Heriberto Quintero Diaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la quejosa el plazo que señala el artículo 98, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lázaro Heriberto Quintero Díaz. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por Lázaro Heriberto Quintero Díaz, por su propio derecho, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a sus autos y téngase por desahogado el requerimiento de mérito en los términos que precisa. Ahora bien, como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto, se reclama la omisión de cumplir en sus términos y para los efectos que fue emitida la sentencia definitiva de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio de nulidad 10162/16-17- 06-8, del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como de dicha Sala la omisión de ordenar y realizar todos los actos que le faculta la ley para que se cumpla la sentencia. Adicionalmente, conviene destacar que, del escrito de desahogo, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que en contra de ese incumplimiento del cual se duele, no ha promovido queja por omisión en el cumplimiento. En ese tenor, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de amparo, actualmente vigente, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a la letra señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, adema´s, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algu´n medio de defensa legal. Sera´ necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que preve´ la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligacio´n de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentacio´n o cuando so´lo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De las normas constitucionales y legales citadas, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario que se ejerce sobre los actos o leyes emanados del Poder Público, de tal suerte previo a la promoción de la acción constitucional por parte del gobernado, éste debe acudir a los medios o vías que en la jurisdicción ordinaria tenga a su alcance para controvertir los actos de las autoridades del orden común. Es decir que, el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda un medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que para ello se prevea su suspensión, sin que los requisitos de ésta y el plazo para decretarla sean mayores a los que prevé la Ley de Amparo. El principio de definitividad en el juicio de amparo, conlleva al agraviado a agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación, previo a instar el juicio de amparo. La justificación del principio de definitividad radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control constitucional de los actos de autoridad, erigiéndose como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto. En ese sentido, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el principio de definitividad se actualiza en tanto concurran los siguientes supuestos: 1. Que el acto de autoridad sea revisado de oficio, o bien, proceda en su contra algún medio de defensa a instancia de la parte agraviada, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que la norma que rige el acto de autoridad o el medio ordinario de defensa prevea la institución de la suspensión, cuyos requisitos de procedencia y plazo para decretarla no sean mayores a los previstos en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto reclamado sea susceptible de paralización. 3. Que el acto impugnado esté fundado desde el punto de vista formal. 4. Que el acto reclamado no esté comprendido en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto en materia administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracciones XIV y XVIII de la Ley de Amparo, y cuyas hipótesis son las siguientes: - Que no se trate de normas o disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa) o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). - Que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. - Que no se trate de actos impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. - Que no se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. - Que el recurso ordinario o medio de defensa legal que proceda esté previsto en un reglamento. - Que se afecte a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. Luego, en el caso que nos ocupa, se advierte que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en la fracción XX del numeral 61, de la Ley de Amparo, pues considerando que de lo que se duele es que no se ha cumplido la sentencia de nulidad, al subsistir la falta de acatamiento de la referida resolución, en su contra procede el recurso de queja por omisión previsto en el artículo el artículo 36, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. A efecto de corroborar lo dicho, a continuación, se transcriben los citados artículos: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. Sobre tales premisas, se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece el recurso de queja, a instancia de parte cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal de substanciación. En este punto, es importante destacar que, para obtener el debido cumplimiento de una determinación, se pueden presentar diversas hipótesis, como son: a) El exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. b) Repetición de la resolución anulada, o bien, c) Omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. En el caso concreto, el recurso de queja al que alude el artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe interpretarse en el sentido de que puede interponerse cuando exista omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trata. En este tenor, el quejoso se encuentra constreñido a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes para lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, hasta sus últimas consecuencias; de ahí que si el promovente del amparo considera que existe omisión en el cumplimiento, máxime si la Sala del conocimiento no ha actuado de oficio, es inconcuso que está constreñido a recurrir, previamente a la promoción del juicio de garantías, a todas las instancias ordinarias aptas para revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y activar al órgano a ejercer las facultades con que cuenta para hacer cumplir la sentencia. De lo que resulta, que el recurso de queja referido es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para impugnar la omisión del cumplimiento que aquí combate, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, y no ser promovido, el amparo es improcedente. Esto es, el recurso de queja mencionado, es el medio de impugnación que el gobernado tiene a su alcance para reclamar la omisión de la autoridad demandada en el juicio de origen en acatar la sentencia dictada por la Sala Regional Metropolitana correspondiente, inclusive el medio a través del cual la Sala también señalada como responsable puede ejercer las facultades con que cuenta para hacer cumplir la sentencia de nulidad y pronunciarse al respecto; por lo que, al no haber agotado el mencionado recurso, el amparo es improcedente. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional." El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo Así, el artículo 58 fracción II, inciso a), subinciso 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el actor puede acudir en queja cuando la autoridad haya omitido dar cumplimiento a la sentencia, y en ese supuesto, dispone dicho precepto, se interpondrá por escrito acompañado de la resolución motivo de la queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia; en dicho escrito expresará las razones por las que considere que hubo exceso o defecto en el incumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución que se trate. En este orden de ideas, la demanda de mérito resulta improcedente porque, como ya se precisó, el promovente, previo a instar el juicio de garantías, debe indefectiblemente agotar el recurso de queja que prevé el artículo 58 fracción II, inciso a), subinciso 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para combatir el incumplimiento a la sentencia definitiva por parte de la autoridad demanda en el juicio de origen, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, de no ser utilizado, el amparo es improcedente. Por otro lado, acorde con la hipótesis descrita en el inciso 2), de un estudio comparativo entre la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo se advierte lo siguiente: El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en la demanda o en diverso escrito, en cualquier momento mientras no se dicte sentencia firme; por otra parte, el artículo 130 de la Ley de Amparo, dispone que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La explicación anterior demuestra que ambas disposiciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme; en consecuencia, este requisito en el juicio contencioso administrativo no es mayor que en el amparo. Por lo que hace a la autoridad que resuelve la suspensión, se advierte que el referido artículo 28, fracción III, incisos b), c) y d), en estudio, prevé que la suspensión se tramitará por cuerda separada y que su conocimiento corresponde al Magistrado Instructor de la Sala, quien resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes de la presentación de la solicitud sobre la referida medida cautelar; requiriendo un informe relativo a la suspensión definitiva en el término de cuarenta y ocho horas y resolverá lo correspondiente a ésta dentro de los cinco días siguientes; en tanto que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, atento a lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito y éste resolverá dentro de los cinco días siguientes en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión o lo que fuere conducente. Consecuentemente, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. La medida suspensiva, de acuerdo por el citado artículo 28, puede ser solicitada por el actor o su representante legal; en cambio, el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretará siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado). Lo anterior refleja que, en ambos ordenamientos, para que se otorgue la suspensión basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. Tanto el artículo 28, fracción I, inciso a), en estudio, como el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. El artículo 28, inciso b) en comento, señala que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, lo que implica que el actor en el juicio de nulidad debe acreditar la existencia de un derecho susceptible de ser tutelado con el otorgamiento de la medida suspensiva. Por su parte, el artículo 139, de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor de la quejosa. Como se advierte, los requisitos en este rubro son similares, pues en ambos ordenamientos se prevé la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente. En este tópico, el requisito es idéntico. Ambos ordenamientos medularmente señalan que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a tercero, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. Ahora bien, en lo referente al plazo en este supuesto, el citado artículo 28, no prevé la vigencia de la suspensión en los casos en que haya tercero, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; en cambio, la Ley de Amparo, establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa ley, plazo que vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. En consecuencia, el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad relativo al tercero no es mayor que en el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, por cuanto hace a la hipótesis mencionada en el inciso 3), relativa a que el acto impugnado esté fundado, en el caso particular debe decirse que el acto reclamado se trata de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, por lo que en un momento dado el actuar de la autoridad debe ceñirse a la lineamientos de la aludida sentencia la cual se dictó atendiendo a las razones y preceptos en ella contenidos, de ahí que el quejoso está obligado a observar el principio de definitividad. Consecuentemente, desde esta perspectiva, la parte quejosa se obligaba a observar el principio de definitividad, o sea, debió interponer queja por incumplimiento de sentencia. Finalmente, en cuanto al supuesto descrito en el apartado cuarto, relativo a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que la queja por incumplimiento no está previsto en un reglamento sino en una ley como es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de manera que no se configura la excepción respectiva. Por otro lado, no se advierte que se genere una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 -en lo referente a la materia penal-, 19 y 20 constitucionales, ni constituye un acto que importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. En otro aspecto, no se actualiza la excepción consistente en que el quejoso sea tercero extraño porque él es el actor en el juicio de anulación. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veinte******************** Vista la promoción de cuenta en que la delegada de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar******************** Notifíquese******************** Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza******************** Doy fe********************
- Principal
SE AGREGA LA RAZON DICTADA POR EL AUXILIAR DE ACTUARIOS MANIFESTANDO LA IMPOSIBILIDAD PARA NOTIFICAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO POR MEDIO DEL CUAL LAAUTORIDAD INFORMA LA IMPOSIBILIDAD CON LA QUE CUENTA PARA RECIBIR NOTIFICACIÓNES ELECTRÓNICAS. NOTIFIQUESE
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