Lázaro Guillermo Santana Marrero y Otros.
Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2019
Partes del expediente
- Arlenys Boza Ramírez
- Lázaro Guillermo Santana Marrero y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos las comunicaciones del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa y actuario de su adscripción, por medio de la cual informan que se tuvo por recibido el expediente **********, de su índice, y que se avocó al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 39/2019, número de orden 130/2019, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar el auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio de amparo a la parte quejosa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. Por otra parte, Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "A" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado federal, en proveído de diez de mayo del año en curso, en el que se le requirió informara las medidas que tomó para el efecto de acatar la suspensión de plano decretada en este sumario; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, téngase como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que al efecto señala. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación oficial del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con domicilio en Villahermosa, mediante el cual acusa recibo del exhorto 39/2019, con número de orden 130/2019 del índice de este juzgado, e informa que procedió a su diligenciación. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a diez de mayo de dos mil diecinueve . Por recibido el oficio Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que contiene el acuerdo de siete de mayo de esta anualidad, al que anexo el juicio de amparo indirecto 637/2019-VI, que contiene la demanda de amparo promovida por Lázaro Guillermo Santana Marrero, Arlenys Boza Ramírez, Karell Valdes Pioto y Yumilka Avila Cruz por sí y en representación del menor de iniciales J.A.M.A cuyo nombre se omite para proteger su identidad, contra actos de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en Tabasco, y los Agentes Federales de Migración a su cargo y Titular de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco y Agentes Federales a su cargo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 617/2019-II. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Ahora bien, mediante auto de tres de mayo del año en curso, emitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, determinó carecer de competencia legal para resolver el juicio de garantías 637/2019 promovida por Lázaro Guillermo Santana Marrero, Arlenys Boza Ramírez, Karell Valdes Pioto y Yumilka Avila Cruz por sí y en representación del menor de iniciales J.A.M.A cuyo nombre se omite para proteger su identidad, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en Tabasco, y los Agentes Federales de Migración a su cargo y otra autoridad; y declinó la competencia en favor de este juzgado. Sin embargo, con todo respeto a la decisión del juez homólogo, este juzgador determina que no es factible en este momento procesal aceptar la competencia planteada, en atención a lo siguiente: El juzgado oficiante determinó que los peticionarios de amparo promueven una violación a la suspensión de plano que les fue otorgada con motivo del juicio de amparo 55/2019-II, del índice de este juzgado. Asimismo, remitió los autos del juicio de amparo 637/2019 de su índice, a efecto de que este órgano de control constitucional determine lo conducente a la violación de la suspensión de plano que aduce los aquí. Ahora el numeral 37 de la ley en la materia, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Ahora, del análisis integral del precepto transcrito, se advierten tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, para el conocimiento de los juicios de amparo, reglas que prevén lo siguiente: a). La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b). La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c). En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten las hipótesis para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. En ese contexto, de un estudio integral realizado a la demanda de amparo, se obtienen las siguientes consideraciones: I. Que los quejosos reclaman la detención, aseguramiento y/o alojamiento ilegal en la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, por más de treinta y seis horas; la privación de su libertad personal fuera de procedimiento en estaciones migratorias, en particular la de Villahermosa, Tabasco, con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución; y la ejecución de cualquier deportación y/o expulsión que se haya emitido en su contra. II. Que señaló como autoridades responsables de los actos que reclama a las siguientes: Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en Tabasco, y los Agentes Federales de Migración a su cargo; y Titular de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco y Agentes Federales a su cargo, residentes en Villahermosa, Tabasco. De las consideraciones antes destacadas, se obtiene que el acto que reclaman los quejosos, tiente ejecución en el Estado de Tabasco, pues del capítulo de antecedentes se advierte que los agentes del Instituto Nacional de Migración, del aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, los detuvieron y fueron llevados y presentados a la estación migratoria de la citada ciudad, donde se encuentra actualmente detenidos. Ahora, de los autos del juicio de amparo 505/2019-II, del índice de este juzgado, se advierte que las autoridades responsables y actos reclamados son las siguientes: Titular de la Delegación Local Migratoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y los agentes Federales de Migración a su cargo, con residencia en esta ciudad. Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en Chiapas, y los agentes Federales de Migración a su cargo, con domicilio en Tapachula, Chiapas. Comisionado Nacional de la Policía Federal y los elementos de la Policía Federal a su cargo, con domicilio en ciudad de México. Comisionado del Instituto Nacional de Migración y los agentes Federales a su cargo, ciudad de México. Titular de la Subdirección de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chiapas agentes Federales a su cargo, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. Titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria y los agentes Federales de Migración a su cargo, ciudad de México. ACTO RECLAMADO "De las autoridades señaladas como responsables se reclama: DEL 1.- TITULAR DE LA DELEGACION LOCAL MIGRATORIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, Y LOS AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN A SU CARGO, ASI COMO 2.- DEL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, Y LOS AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN A SU CARGO, 3.- TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE REGULACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CHIAPAS Y AGENTES FEDERALES A SU CARGO, 4.- DEL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LOS AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN A SU CARGO 5.- EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA Y LOS AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN A SU CARGO, se reclama: a) La orden de deportación y/o expulsión que se haya emitido en nuestra contra o en contra de cualquier extranjero en situación migratoria irregular, en cualquier parte del territorio nacional, por afectar nuestra esfera jurídica, al encontrarnos los suscritos quejosos en dichos supuestos. b) La ejecución de cualquier de deportación y/o expulsión que se haya emitido en nuestra contra, o en contra de cualquier extranjero en situación migratoria irregular, en cualquier parte del territorio nacional, por afectar nuestra esfera jurídica al incurrir los suscritos quejosos en dicho supuesto. c) La detención de nuestra persona fuera de procedimiento administrativo. d) La privación de nuestra libertad personal fuera de procedimiento en estaciones migratorias, en cualquier parte del territorio nacional, con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. e) La negativa de recibir e iniciar el trámite administrativo correspondiente para nuestra regularización migratoria en territorio mexicano. Del COMICIONADO NACIONAL DE LA POLICIA FEDERAL Y LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL A SU CARGO.- Se reclama: La ejecución de cualquier de deportación Y/o expulsión que se haya emitido en nuestra contra, o en contra de cualquier extranjero en situación migratoria irregular, en cualquier parte del territorio nacional, por afectar nuestra esfera jurídica al incurrir los suscritos quejos en dicho supuesto. La detención de nuestra persona fuera de procedimiento administrativo. La privación de nuestra libertad personal fuera de procedimiento en estaciones miqratorias, en cualquier parte del territorio nacional, con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. Asimismo, se concedió la suspensión de plano, para el efecto de que los directos quejosos Lazaro Guillermo Santana Marrero, Arlenys Boza Ramirez, Karell Valdes Pioto y Yumilka Avila Cruz por sí y en representación de su menor cuyo nombre se omite para proteger su identidad, no sean objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Así como, con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección Internacional", la suspensión también se concedió para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si la deportación o expulsión se emitió con motivo el ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concedió para el efecto de que los promoventes queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentren y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Por tanto, contrario a lo argumentado por el juez homólogo al dictar el auto de incompetencia tomando en consideración que los peticionarios de amparo promueven una violación a la suspensión de plano que les fue otorgada con motivo del juicio de amparo 505/2019-II, del índice de este juzgado, tal razonamiento no es útil en este asunto, pues como se vio, las autoridades responsables y el acto reclamado se encuentran relacionadas con la ejecución del mismo, en el Estado de Tabasco, en tal virtud, no sería factible aceptar la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa. En ese entendido, tomando en consideración los razonamientos antes plasmados, debe decirse que NO ES POSIBLE ACEPTAR LA COMPETENCIA PLANTEADA, para conocer y resolver respecto de la demanda que dio origen al juicio de amparo 637/2019-VI, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, debido a que la demanda promovida por Lazaro Guillermo Santana Marrero, Arlenys Boza Ramirez, Karell Valdes Pioto y Yumilka Avila Cruz por sí y en representación de su menor cuyo nombre se omite para proteger su identidad. Por ende, se ordena devolver dicho asunto al Juzgado homólogo, para todos los efectos legales a que haya lugar en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuadernillo respectivo. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, como se advierte del escrito de demanda, los peticionarios se duelen del inminente peligro de deportación o expulsión de México, los cuales se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, por lo cual debe concederse la suspensión de plano por lo que hace a las órdenes de deportación o expulsión del país, a efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de llevar a cabo esos actos. Al respecto, es aplicable por las razones que informa, la tesis con número de registro 216236, Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página trescientos doce, Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En consecuencia, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que los directos quejosos Lázaro Guillermo Santana Marrero, Arlenys Boza Ramírez, Karell Valdes Pioto y Yumilka Avila Cruz por sí y en representación del menor de iniciales J.A.M.A cuyo nombre se omite para proteger su identidad, no sean objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida del disconforme; debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 252, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 827, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." Asimismo, cobra aplicación a esta determinación, por las razones que en ella se exponen en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 80/2007, visible en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Por otra parte, el artículo 33 Constitucional establece lo siguiente: "Articulo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Por tanto, si los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el citado numeral, la suspensión de plano decretada no surtirá efectos; toda vez que es el Ejecutivo de la Unión, quien previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la Ley. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, dado que no cuenta con su cédula inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; sin perjuicio de que cuando cumpla con ese requisito, podrá la parte quejosa solicitar lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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