Lázaro García Morales
Expediente 613/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Lázaro García Morales
- Ayuntamiento Constitucional de Luvianos, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LÁZARO GARCÍA MORALES, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. En aquel proveído se apercibió a la parte quejosa, que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En primer lugar, se precisa: 1. Que mediante ejecutoria dictada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 81 a 90). 2. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciseis se determinó que la resolución anterior causó ejecutoria (fojas 98 a 100); asimismo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos establecidos en los numerales 192, 193, 258 y 267 de la Ley de Amparo. En tal contexto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los dispositivos antes citados disponen: "Artículo 196. [...] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión del amparo son para efecto de que la autoridad responsable: "1. Dicte un acuerdo en el cual solicite al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo en el expediente laboral 345/2009 de su índice, en los términos y formas que establece la legislación aplicable de la materia; es decir, además de exigirle el cumplimiento del laudo, debe apercibirlo que de no acatarlo se emplearán, según su prudente arbitrio, una de las medidas de apremio establecidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 2. Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto." Con el oficio 16840/2016 de este índice, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria mencionada. En ese tenor, mediante oficio TECA400F/104010/A.I/11372016, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 345/2009, en el que dictó auto de requerimiento de pago en contra del Ayuntamiento de Luvianos, Estado de México, aquí tercero interesado, por el importe total de las prestaciones a cuyo pago fue condenado en el laudo correspondiente, concediéndole un término de veinte días hábiles a partir de su legal notificación para comparecer ante la autoridad responsable a hacer el depósito de la cantidad objeto del requerimiento. Aunado a lo anterior, en la misma determinación, apercibió al Ayuntamiento demandado, aquí tercero interesado en el sentido que, de ser omiso, o de no dar cumplimiento a lo anterior, se haría acreedor a las medidas de apremio previstas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en específico, que se le aplicaría una multa de ocho días de salario base que perciba el servidor público obligado. A lo informado por la autoridad responsable, recayó el proveído emitido por este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, al considerar que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, en razón a que, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, no se advertía alguna que evidenciara la notificación a las partes, tal como fue ordenado en la sentencia amparadora (fojas 115 a 117). Por oficio TECA400F/104010/A.I/1157/2016, de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respecto del acuerdo de veintitrés de agosto de la anualidad que transcurre. Constancias en su totalidad, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2° de dicho ordenamiento. Ahora, la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa manifestó su inconformidad con las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, indicando que este órgano de control constitucional, no debería tener cumplida la ejecutoria de amparo hasta en tanto la autoridad responsable aplicara las medidas de apremio establecidas en la legislación aplicable (foja 127). Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la quejosa manifestó nuevamente su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, al señalar que no obstante que el Ayuntamiento demandado fue notificado del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad responsable le requirió el cumplimiento del laudo correspondiente y realizó los apercibimientos previamente descritos, a esa fecha había transcurrido el término concedido al tercero interesado, y solicitó que este juzgado requiriera a la autoridad responsable a efecto de hacer efectivos los apercibimientos decretados, y empleara las medidas de apremio conducentes (foja 134). Sin embargo, establecida la anterior relatoría, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió la sentencia constitucional, dado que: Por una parte, la autoridad responsable emitió la determinación de veintitrés de agosto del año en curso, en el que ordenó el requerimiento de pago al que fue condenado el ayuntamiento demandado, aquí tercero interesado; además, tal como se le ordenó en la sentencia concesoria, exigió el cumplimiento del laudo pronunciado, empleando una de las medidas de apremio establecidas en la ley, para apercibir a la autoridad responsable en caso de incumplimiento, en específico, que se haría acreedor a un multa por el equivalente a ocho días de salario base que percibiera el funcionario obligado; y, de igual manera, dicho proveído fue notificado a las partes, según se advierte de las constancias allegadas al expediente. Ahora, con relación a las inconformidades que expone la parte quejosa, las mismas deben desestimarse, pues no tienen vinculación directa y precisa con los efectos para los cuales se concedió la protección de la justicia Federal, dado que están relacionadas con pretensiones tendentes a dar impulso a la ejecución del laudo emitido en el juicio natural, empero, la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, se circunscribe única y exclusivamente a los efectos siguientes: 1. Dictar un acuerdo en el que se solicite al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo. Lo cual en la especie ya aconteció y se tiene por satisfecho con el contenido del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el que, esencialmente, se emitió un auto de requerimiento de pago, cuantificando además, las prestaciones a las cuales fue condenado el ayuntamiento aquí tercero interesado. 2. Apercibirlo que de no acatarlo, se empleará alguna medida de apremio, prevista en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Anterior efecto que también se encuentra colmado en el asunto, pues la autoridad responsable, luego de exigir el cumplimiento del laudo a través del acuerdo mencionado, en los términos precisados, otorgó el plazo de veinte días hábiles para que el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Luvianos, Estado de México, o la persona designada, acudiera al local del tribunal a hacer el depósito de la cantidad requerida. Con el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se aplicaría una multa de ocho días de salario base que percibiera el servidor público obligado, la cual se encuentra contemplada por el numeral 253 precitado; y, 3. Notificara a las partes en los domicilios respectivos. Circunstancia que en el caso, también ya sucedió, incluso expresamente, en proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se requirió de la autoridad responsable que enviara tales constancias de notificación, mismas que fueron remitidas a través del oficio TECA400F/104010/A.I/1157/2016. Exigencias las anteriores, con las cuales este órgano jurisdiccional estima cumplido el fallo concesorio, mismas que son congruentes, además, con el acto que el aquí quejoso, señaló en su demanda como reclamado: "De la autoridad señalada como responsable reclamo la violación y transgresión en perjuicio del quejoso del artículo 1, 8, 17 y 123 Constitucional, derivado que a la fecha no ha señalado fecha (sic) de ejecución y requerimiento de pago, derivado del laudo de fecha 27 de septiembre de 2013." En tales condiciones, si la autoridad responsable ya emitió la determinación correspondiente, en los términos que se indicó en la sentencia, y realizó su notificación a las partes; los efectos de la ejecutoria deben estimarse cumplidos, pues éstos -contrario a lo que pretende el quejoso- no pueden trasladarse o proyectarse, a etapas o actos posteriores de la etapa ejecutiva del laudo, ya que, el impulso procesal en esa etapa del procedimiento laboral, atañe solamente a la parte que obtuvo el laudo. Estas afirmaciones son congruentes con los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por dicha Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Esto lo consideró, medularmente, en razón de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional únicamente deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente. Criterio que se advierte de la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece." En tal contexto, atendiendo al análisis de las constancias del juicio en que se actúa, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por ende, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, así como tampoco inejecución del fallo protector. En ese tenor, y atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en función del contenido de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Eloisa Salinas Juárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. En aquel proveído se apercibió a la parte quejosa, que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En primer lugar, se precisa: 1. Que mediante ejecutoria dictada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 81 a 90). 2. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciseis se determinó que la resolución anterior causó ejecutoria (fojas 98 a 100); asimismo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos establecidos en los numerales 192, 193, 258 y 267 de la Ley de Amparo. En tal contexto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los dispositivos antes citados disponen: "Artículo 196. [...] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión del amparo son para efecto de que la autoridad responsable: "1. Dicte un acuerdo en el cual solicite al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo en el expediente laboral 345/2009 de su índice, en los términos y formas que establece la legislación aplicable de la materia; es decir, además de exigirle el cumplimiento del laudo, debe apercibirlo que de no acatarlo se emplearán, según su prudente arbitrio, una de las medidas de apremio establecidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 2. Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto." Con el oficio 16840/2016 de este índice, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria mencionada. En ese tenor, mediante oficio TECA400F/104010/A.I/11372016, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 345/2009, en el que dictó auto de requerimiento de pago en contra del Ayuntamiento de Luvianos, Estado de México, aquí tercero interesado, por el importe total de las prestaciones a cuyo pago fue condenado en el laudo correspondiente, concediéndole un término de veinte días hábiles a partir de su legal notificación para comparecer ante la autoridad responsable a hacer el depósito de la cantidad objeto del requerimiento. Aunado a lo anterior, en la misma determinación, apercibió al Ayuntamiento demandado, aquí tercero interesado en el sentido que, de ser omiso, o de no dar cumplimiento a lo anterior, se haría acreedor a las medidas de apremio previstas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en específico, que se le aplicaría una multa de ocho días de salario base que perciba el servidor público obligado. A lo informado por la autoridad responsable, recayó el proveído emitido por este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, al considerar que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, en razón a que, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, no se advertía alguna que evidenciara la notificación a las partes, tal como fue ordenado en la sentencia amparadora (fojas 115 a 117). Por oficio TECA400F/104010/A.I/1157/2016, de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respecto del acuerdo de veintitrés de agosto de la anualidad que transcurre. Constancias en su totalidad, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2° de dicho ordenamiento. Ahora, la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa manifestó su inconformidad con las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, indicando que este órgano de control constitucional, no debería tener cumplida la ejecutoria de amparo hasta en tanto la autoridad responsable aplicara las medidas de apremio establecidas en la legislación aplicable (foja 127). Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la quejosa manifestó nuevamente su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, al señalar que no obstante que el Ayuntamiento demandado fue notificado del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad responsable le requirió el cumplimiento del laudo correspondiente y realizó los apercibimientos previamente descritos, a esa fecha había transcurrido el término concedido al tercero interesado, y solicitó que este juzgado requiriera a la autoridad responsable a efecto de hacer efectivos los apercibimientos decretados, y empleara las medidas de apremio conducentes (foja 134). Sin embargo, establecida la anterior relatoría, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió la sentencia constitucional, dado que: Por una parte, la autoridad responsable emitió la determinación de veintitrés de agosto del año en curso, en el que ordenó el requerimiento de pago al que fue condenado el ayuntamiento demandado, aquí tercero interesado; además, tal como se le ordenó en la sentencia concesoria, exigió el cumplimiento del laudo pronunciado, empleando una de las medidas de apremio establecidas en la ley, para apercibir a la autoridad responsable en caso de incumplimiento, en específico, que se haría acreedor a un multa por el equivalente a ocho días de salario base que percibiera el funcionario obligado; y, de igual manera, dicho proveído fue notificado a las partes, según se advierte de las constancias allegadas al expediente. Ahora, con relación a las inconformidades que expone la parte quejosa, las mismas deben desestimarse, pues no tienen vinculación directa y precisa con los efectos para los cuales se concedió la protección de la justicia Federal, dado que están relacionadas con pretensiones tendentes a dar impulso a la ejecución del laudo emitido en el juicio natural, empero, la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, se circunscribe única y exclusivamente a los efectos siguientes: 1. Dictar un acuerdo en el que se solicite al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo. Lo cual en la especie ya aconteció y se tiene por satisfecho con el contenido del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el que, esencialmente, se emitió un auto de requerimiento de pago, cuantificando además, las prestaciones a las cuales fue condenado el ayuntamiento aquí tercero interesado. 2. Apercibirlo que de no acatarlo, se empleará alguna medida de apremio, prevista en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Anterior efecto que también se encuentra colmado en el asunto, pues la autoridad responsable, luego de exigir el cumplimiento del laudo a través del acuerdo mencionado, en los términos precisados, otorgó el plazo de veinte días hábiles para que el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Luvianos, Estado de México, o la persona designada, acudiera al local del tribunal a hacer el depósito de la cantidad requerida. Con el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se aplicaría una multa de ocho días de salario base que percibiera el servidor público obligado, la cual se encuentra contemplada por el numeral 253 precitado; y, 3. Notificara a las partes en los domicilios respectivos. Circunstancia que en el caso, también ya sucedió, incluso expresamente, en proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se requirió de la autoridad responsable que enviara tales constancias de notificación, mismas que fueron remitidas a través del oficio TECA400F/104010/A.I/1157/2016. Exigencias las anteriores, con las cuales este órgano jurisdiccional estima cumplido el fallo concesorio, mismas que son congruentes, además, con el acto que el aquí quejoso, señaló en su demanda como reclamado: "De la autoridad señalada como responsable reclamo la violación y transgresión en perjuicio del quejoso del artículo 1, 8, 17 y 123 Constitucional, derivado que a la fecha no ha señalado fecha (sic) de ejecución y requerimiento de pago, derivado del laudo de fecha 27 de septiembre de 2013." En tales condiciones, si la autoridad responsable ya emitió la determinación correspondiente, en los términos que se indicó en la sentencia, y realizó su notificación a las partes; los efectos de la ejecutoria deben estimarse cumplidos, pues éstos -contrario a lo que pretende el quejoso- no pueden trasladarse o proyectarse, a etapas o actos posteriores de la etapa ejecutiva del laudo, ya que, el impulso procesal en esa etapa del procedimiento laboral, atañe solamente a la parte que obtuvo el laudo. Estas afirmaciones son congruentes con los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por dicha Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Esto lo consideró, medularmente, en razón de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional únicamente deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente. Criterio que se advierte de la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece." En tal contexto, atendiendo al análisis de las constancias del juicio en que se actúa, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por ende, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, así como tampoco inejecución del fallo protector. En ese tenor, y atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en función del contenido de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Eloisa Salinas Juárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el autorizado de la parte quejosa, realiza diversas manifestaciones referentes al cumplimiento dado por la responsable, a la ejecutoria de amparo. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes, mismos que serán considerados al momento de realizar la valoración correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el autorizado de la parte quejosa, en cumplimiento a lo vista ordenada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, realiza diversas manifestaciones referentes al cumplimiento dado por la responsable, a la ejecutoria de amparo. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes, mismos que serán considerados al momento de realizar la valoración correspondiente.
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