Lazaro Gabriel Lopez Ochoa

Expediente 923/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
923/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Director de Prevencion Y Reinsercion Social del Estado de B.C.
  • Lazaro Gabriel Lopez Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de enero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; y personalmente al quejoso o a sus defensores públicos.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el informe previo remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veinte de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de su contenido. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que se anexan al informe rendido por la responsable, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso Lázaro Gabriel López Ochoa, fue puesto en libertad el diez de diciembre de dos mil veinte. Por lo que, esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber sobrevenido un cambio de situación jurídica, por medio del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, con base en lo siguiente. La fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" Así, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos que la finalidad que persiguen, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, atendiendo a su naturaleza y para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pueden clasificarse en: Actos consumados de modo reparable; y, b. Actos consumados de modo irreparable En efecto, los primeros son aquellos que no obstante de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que, en este sentido, el juicio de amparo será improcedente. En este orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Asimismo, conviene señalar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Establecido lo anterior, a fin de acreditar la causa de improcedencia aludida, conviene destacar que el acto reclamado consiste en el traslado del que fue sujeto el quejoso el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho del Centro de Reinserción Social Mexicali al diverso "Hongo 1" en Tecate, Baja California. Ahora, en autos obra el oficio NSJP/TEC/04303/2021 firmado por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, a través del cual informó que el diez de diciembre de dos mil veinte, el quejoso Lázaro Gabriel López Ochoa, fie puesto en libertad por compurgación de la pena, información que se corrobora con la partida de antecedentes penales que adjuntó al citado oficio. Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que resulta materialmente imposible restituir al quejoso en los derechos fundamentales que dice le fueron violados, debido a que el traslado del que fue sujeto, se superó por la libertad que le fue concedida por la compurgación de la pena; por lo que aun cuando resultara ilegal o inconstitucional el acto reclamado, lo cierto es que ya no se podría otorgar la protección constitucional para que sea devuelto al centro de reinserción en el que se encontraba al inicio.. En virtud de lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago constar: que en esta fecha, notifiqué a la parte quejosa el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un ligar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, "...Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el informe previo remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veinte de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de su contenido. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que se anexan al informe rendido por la responsable, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso Lázaro Gabriel López Ochoa, fue puesto en libertad el diez de diciembre de dos mil veinte. Por lo que, esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber sobrevenido un cambio de situación jurídica, por medio del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, con base en lo siguiente. La fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" Así, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos que la finalidad que persiguen, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, atendiendo a su naturaleza y para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pueden clasificarse en: Actos consumados de modo reparable; y, b. Actos consumados de modo irreparable En efecto, los primeros son aquellos que no obstante de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que, en este sentido, el juicio de amparo será improcedente. En este orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Asimismo, conviene señalar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Establecido lo anterior, a fin de acreditar la causa de improcedencia aludida, conviene destacar que el acto reclamado consiste en el traslado del que fue sujeto el quejoso el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho del Centro de Reinserción Social Mexicali al diverso "Hongo 1" en Tecate, Baja California. Ahora, en autos obra el oficio NSJP/TEC/04303/2021 firmado por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, a través del cual informó que el diez de diciembre de dos mil veinte, el quejoso Lázaro Gabriel López Ochoa, fie puesto en libertad por compurgación de la pena, información que se corrobora con la partida de antecedentes penales que adjuntó al citado oficio. Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que resulta materialmente imposible restituir al quejoso en los derechos fundamentales que dice le fueron violados, debido a que el traslado del que fue sujeto, se superó por la libertad que le fue concedida por la compurgación de la pena; por lo que aun cuando resultara ilegal o inconstitucional el acto reclamado, lo cierto es que ya no se podría otorgar la protección constitucional para que sea devuelto al centro de reinserción en el que se encontraba al inicio.. En virtud de lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de constancias. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual en atención a lo solicitado en autos, remite informa que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, recibió el oficio CESISPE/CRSH/JUR/5705/2020, signado por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, Tecate, Baja California, en donde se le informó la imposibilidad de que el aquí quejoso Lázaro Gabriel López Ochoa, compareciera a la audiencia virtual señalada para las doce horas del veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, toda vez que el diez de diciembre del año dos mil veinte, fue puesto en libertad. Asimismo, recibió oficio firmado por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, Tecate, Baja California, en el que remite la Partida de Antecedentes Penales, donde se refleja que el sentenciado en mención, fue puesto en libertad en la fecha antes indicada, por haber compurgado la pena, de lo que refiere la autoridad oficiante remitió de manera física copia certificada de las constancias que acreditan tal circunstancia, de las cuales se está a la espera de su recepción. Notifíquese.

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