Lazaro Estrada Rodriguez
Expediente 1641/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lazaro Estrada Rodriguez
- Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevencion Y Reaaptacion Social de la Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agrega oficio suscrito por la encargada del Despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, a través del cual se desiste del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio, ya que el quejoso se encuentra en libertad, y considera que resulta innecesario mayor trámite. Por lo tanto, resulta innecesario el envío del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CAUSA EJECUTORIA.
- Principal
SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE EN REVISION
- Principal
gírese oficio recordatorio a la citada potestad, para que, de no tener inconveniente alguno, de inmediato se pronuncie al respecto, lo cual, lo podrá comunicar a este órgano jurisdiccional a través del correo electrónico institucional 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1641/2017, promovido por ******************** contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, sin la asistencia de las partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: a).- Escrito inicial de demanda. b).- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. c).- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables: 1.- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría, con sede en la Ciudad de México. 2.- Director del Centro Federal de Reinserción Social Número Quince, CPS Chiapas, residente en esta Ciudad. 3.- Director del Centro Estatal de Reinserción Social número once, con sede en Pichucalco, Chiapas. 4.- Consejo Técnico Consultivo del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número once de Pichucalco, Chiapas. 5.- Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, la Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención. Enseguida, el Juez acuerda: Al respecto, se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, como apoyo a su informe justificado. Atento a lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las probanzas de referencia, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica. A continuación se abre el diverso de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1641/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, el cual precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Por cuestión de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado de Distrito, la que en proveído de trece siguiente, se admitió a trámite, registrándola con el número 1641/2017 del libro de gobierno, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Y una vez que se integró el expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual inició a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho, dictándose la respectiva sentencia en esa misma data (fojas 51 a 58), en la que se concedió el amparo y protección constitucional al quejoso. Inconforme con la anterior determinación la responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, residente en la Ciudad de México, por conducto de la Subdirectora de Área en la Dirección de Amparos y Derechos Humanos, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión 320/2018, y mediante resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 91 a 108), revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de requerir al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, remitiera en forma íntegra los oficios SSPC/SESPyMS/AJ/903/2014 de cinco de diciembre de dos mil catorce, y SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, para que en caso de advertir la participación de una diversa autoridad que no fue señalada como responsable (Consejo Técnico Consultivo del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número Once y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas), se ordenara la notificación de manera personal. Así las cosas, por auto de quince de abril de dos mil diecinueve (foja 110), se dio cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, y una vez que se recabaron los oficios antes aludidos, por proveído de dos de octubre del año en curso, mediante notificación personal, se requirió al quejoso, para que manifestara si señalaba como autoridades responsables al Consejo Técnico Consultivo del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número Once y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas. TERCERO. Ampliación de demanda. En proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda respecto de las autoridades responsables antes referidas, requiriéndoles su respectivo informe con justificación. Finamente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En este considerando, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado en esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe, misma que resulta aplicable, al no contrariar las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y de las constancias obrantes en el sumario se aprecia que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: La orden de traslado del quejoso del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 11, en Pichucalco, Chiapas, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, por conducto del funcionario que lo suplió en su ausencia, el Director y Consejo Técnico Consultivo, ambos del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 11, en Pichucalco, Chiapas, y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negaron el acto reclamado al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 20, 45, 213 y 226). Mientras que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas, aceptó la existencia de la orden de traslado reclamada, exhibiendo copia certificada del oficio relativo (fojas 25 a 33), del que se advierte el traslado reclamado por el impetrante del amparo; por lo tanto, se desvirtúa la negativa expresada por las primeras autoridades en virtud de que de las documentales de referencia se advierte su participación. Dicho oficio hace prueba plena por tratarse de documental pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, el cual demuestra el referido acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Y el criterio sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA DEBE TENERSE POR CIERTO.- Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". En consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables mencionadas en este apartado. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese sentido, los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número once con sede en Pichucalco, Chiapas, y el Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, plantearon como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de traslado reclamada. En efecto, dicha porción normativa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;.". Dicha causal establece la improcedencia del juicio de amparo debido a que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. En efecto, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus actos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos. Por su parte, el más alto Tribunal del País ha establecido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, lo que hace que proceda el juicio de amparo. Los consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Es en este supuesto cuando resulta improcedente el juicio de amparo; por ello, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. En este sentido, los efectos y consecuencias del acto ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquiera, por el hecho de transcurrir el tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando su restitución es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados; lo que significa que su naturaleza debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página trescientos veinticinco, Tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Establecido lo anterior, se arriba a la conclusión que resulta infundada la invocada causa de improcedencia. Contrariamente a lo argumentado por las citadas responsables, no podemos perder de vista, que -tal como se precisó en párrafos que anteceden- el acto reclamado en el presente juicio, que se tuvo por cierto, consiste en las orden de traslado del quejoso ******************** del Centro de Reinserción Social de Sentenciados número Once en Pichucalco, Chiapas, al Centro Federal de Reinserción Social número Quince en Villa Comaltitlán, Chiapas, de siete de septiembre de dos mil quince, así como su ejecución; de tal manera que, acorde a la naturaleza del juicio de amparo, la sentencia que se pronuncie en el presente, en caso de resultar favorable para el inconforme, tendría el efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, de ninguna manera podría afirmarse válidamente que el acto reclamado, por sus propias características, se haya consumado de modo irreparable, aunado a que, por las peculiaridades del juicio constitucional, éste tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, siendo que en el caso particular, ello podría ocurrir si se deja insubsistente la orden de traslado reclamada, así como los actos relativos a su ejecución. Ciertamente, no debe soslayarse que el amparo es un juicio concentrado de anulación, esto es, un medio de control constitucional en el que se enjuicia al órgano jurisdiccional que pronunció la resolución reclamada para resolver si en ésta se han violado derechos fundamentales, en cuyo caso procede restituir al quejoso el goce de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil cuatrocientos treinta y dos, Volumen CI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: AMPARO, NATURALEZA DEL. Es un error estimar que el amparo es un recurso, ya que la Ley de Amparo, en concordancia con la Constitución, da a las controversias constitucionales, los procedimientos relativos no sólo el nombre, sino las características de un juicio". Asimismo, la tesis de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, localizable en la página dieciséis, Segunda Parte, XIII, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente señala: AMPARO, NATURALEZA DEL. El Juez constitucional a través del recurso extraordinario de amparo, no constituye una tercera instancia en la que se requiera evadir los datos de convicción que tuvieron en cuenta los grados de la instancia, puesto que el amparo es un juicio concentrado de anulación, esto es, un medio de control constitucional en el que se resuelve si el acto reclamado de la autoridad responsable implica violación de garantías individuales, por cuanto a que en él se hubieran alterado los hechos, violado las normas reguladoras de la prueba o las leyes del raciocinio". Al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hayan alegado que se actualice, ni que advierta este Juzgador oficiosamente, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Análisis de fondo. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por ********************, suplidos en su deficiencia en la medida de lo necesario, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, pues el quejoso es interno en un centro de reclusión y reclama el traslado a uno diverso, acto que afecta su libertad personal de modo indirecto. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a. VIII/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página doscientos sesenta y siete, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos. El acto reclamado en esta instancia, se reitera, lo constituye la orden de traslado del quejoso ********************, del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 11, en Pichucalco, Chiapas, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, así como su ejecución. Ahora bien, para el estudio de la constitucionalidad de la orden de traslado reclamada, se hace preciso acudir al contenido de los artículos 18, párrafo segundo y 21, párrafo tercero, constitucionales, que en la parte que interesa, establecen lo siguiente: Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Debe acotarse, que el diecinueve de junio de dos mil once, entró en vigor lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho; que dispone: Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. Al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2008-PL, realizada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el Máximo Tribunal del País, dijo que conforme a ese transitorio, el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18 Constitucional, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la propia Ley Fundamental, entraría en vigor cuando así lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin que pudiera exceder el plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación del referido Decreto; lo que se actualizó el diecinueve de junio de dos mil once. Así las cosas, precisó el Máximo Tribunal que resultaba evidente que la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas; lo que, aunado a la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el mismo segundo párrafo del mencionado artículo 18 Constitucional, en vigor al día siguiente de su publicación, representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en ella y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Agregó el Alto Tribunal del País, que con la mencionada reforma constitucional, se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. De ahí sostuvo, que para lograr esa transformación, se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creaba la figura de "jueces de ejecución de sentencias", que dependen obviamente del correspondiente Poder Judicial. Con ello, dijo, se pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será definitivamente el Poder Judicial de donde emanó la sentencia, el que debe vigilar que la pena se cumpla estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria; y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones. La Máxima Autoridad Judicial que se cita, añadió que con ello, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional quedarían bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas. Por ello, precisó, cualquier controversia que surgiese por parte de los sentenciados, su conocimiento y solución debería corresponder a los jueces de amparo en materia penal, implicando un cambio fundamental en la vía que de ser administrativa, se transformó en penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que, como se advertía con la entrada en vigor de las reformas constitucionales mencionadas, se había generado un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales. Por lo que, se dijo, es en particular a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes les corresponderá asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pudiesen producir en el cumplimiento de aquellas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pudiese adoptar la administración penitenciaria. Así, concluyó que era evidente que en adelante se debía considerar las determinaciones relativas al traslado de los sentenciados, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, como de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales; y, por la materia en la que inciden, del conocimiento de los juzgadores especializados en la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. Se aclaró también, que no era óbice a lo anterior la circunstancia de que la orden de traslado que constituyera el acto reclamado en un juicio de amparo, hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de las reformas constitucionales en comento. De ahí, que el Alto Tribunal de la Nación concluyó que con la entrada en vigor de la reforma al citado precepto constitucional, se generó un cambio sustancial al sistema de reinserción social de un sentenciado en un proceso penal, precisando que no persistía el contexto constitucional bajo el cual había sido sostenida la jurisprudencia 37/2010, así como la diversa 1ª./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA"; y que debían considerarse sin efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores son del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 198/2011, el doce de enero de dos mil doce, precedentes que, con otros, dio origen a las jurisprudencias por reiteración de rubros: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. y, PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Establecido lo anterior, es dable acotar que la orden de traslado reclamada, fue suscrita por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, en ausencia del Comisionado y del Coodinador General de Centros Federales, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México, la cual, de acuerdo a lo expuesto con antelación, no proviene de autoridad facultada para ello. Tal afirmación se sostiene, aun cuando el artículo 25 del Código Penal Federal, faculte al órgano ejecutor de sanciones para que señale la colonia penitenciaria, establecimiento o lugar en que el sentenciado deba extinguir la pena de prisión. Lo anterior es así porque el traslado reclamado se autorizó y ordenó el siete de septiembre de dos mil quince, esto es, en fecha posterior al diecinueve de junio de dos mil once, en la cual entró en vigor lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Por tanto, acorde a lo reseñado con antelación, lo relativo al lugar en el que se ha de compurgar una pena de prisión es competencia del Poder Judicial a través de sus órganos de control: 1.- (Juzgados de Distrito Especializados en ejecución de penas) tratándose de reos del orden federal; y 2.- Jueces de ejecución de penas local, tratándose de sentenciados del orden común; luego, el competente para ordenar el traslado del quejoso, es cualquiera de esos jueces, según sea el caso. Lo anterior porque al tenor de las consideraciones que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte, que conforme a lo dispuesto en los citados artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el acato de las mismas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, incluyendo el traslado de sentenciados. Por consiguiente, si la orden de traslado aludida no se respaldó en ninguna autorización otorgada por autoridad judicial, es evidente su ilegalidad al trastocar el orden constitucional; esto es, las garantías de seguridad jurídica del quejoso previstas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe citar, la jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 15, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, registro 2001968; así como la diversa P./J. 17/2012 (10a.), visible en página 18, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, ambas de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001988, que a continuación, por su orden se transcriben: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas. En consecuencia, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal al quejoso, en contra del acto reclamado, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y al ser violatorio de derechos fundamentales el actuar de las autoridades responsables, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, deje insubsistente la orden de traslado del quejoso del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 11, en Pichucalco, Chiapas, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, únicamente por lo que se refiere al aquí impetrante, y se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados, como lo ordena el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, devolviéndolo al centro de reclusión en el que se encontraba antes de su emisión. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Página: 2610, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO POR ESTIMARSE QUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REGRESAR AL QUEJOSO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA RECLUIDO PREVIAMENTE A SU EMISIÓN. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán para que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, en virtud de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro tiene dicho carácter, cuando se conceda el amparo por estimarse que se emitió por una autoridad incompetente por ser facultad exclusiva del Poder Judicial decretarla, de conformidad con el precepto mencionado, la protección constitucional que se otorgue debe ser para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado con motivo del actuar de la autoridad responsable, por lo que es necesario que ésta deje insubsistente la orden de traslado y se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de dicho acto. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (Juez de ejecución), pues ello implica que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a las demás autoridades, pues los mismos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de traslado aludida. En este sentido, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página doscientos setenta y dos, de rubro: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades señaladas en el considerando tercero, en términos del considerando quinto y para los efectos del diverso considerando sexto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas; asistido de la secretaria con quien actúa y da fe, licenciada Alma Delia García Gutiérrez.
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