Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo
Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días para interponer recurso de revisión contra el auto de treinta de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ********************. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Hágase la captura en el libro de gobierno electrónico respectivo y archívese como asunto totalmente concluido. se determina que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase al juez responsable los tomos de pruebas que acompañó a su informe justificado, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, así como el disco en formato DVD. En consideración que en el expediente obra documental exhibida por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo general, prevéngasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del juicio en que se actúa.-
- Incidental
Vistos los autos del juicio principal del que deriva la presente incidencia se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo; en consecuencia, archívese como asunto concluido el expedientillo en el que se actúa. de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, Se estima que el cuaderno en que se actúa carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia documental, por lo que, con fundamento en el artículo 20, fracción III es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, devuélvase al juez responsable los tomos de pruebas que acompañó a su informe previo, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, así como el disco en formato DVD.-
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Jueza de Partido Especializada en Materia Familiar, con sede en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual remite copias certificadas del convenio celebrado entre el quejoso y la tercero interesada, de la diligencia de ratificación de convenio de trece de junio de dos mil veintitrés y del acuerdo de veintidós de junio siguiente, en el que se aprobó y elevó a categoría de cosa juzgada dicho convenio, dentro del expediente F-1398/2022 de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas en el presente juicio las documentales públicas anexas a la comunicación de cuenta, las cuales se tienen ofrecidas y desahogadas en razón de su especial naturaleza. Ahora bien, del análisis del acto reclamado y del contenido de las documentales públicas aportadas al presente juicio, se advierte la actualización de una causal de improcedencia. El quejoso reclama el establecimiento en audiencia de juicio de treinta y uno de marzo pasado, de la medida precautoria de aumento del 5% a la pensión alimenticia fijada por la juez responsable dentro del expediente F-1398/2022 de su índice. Este órgano jurisdiccional, estima que el acto reclamado se encuentra afectado por la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido el acto reclamado. El precepto establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, fuente 139-144, página 13, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, se encuentran colmadas las exigencias antes mencionadas, de ahí que esta juzgadora estima que el acto que reclama el quejoso, ha sido consentido. Para demostrar lo anterior, se narran de manera sumaria los antecedentes del acto reclamado. 1.- Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo -quejoso- demandó a Alejandra Castillo Páramo -tercera interesada-, en la vía ordinaria civil, la disolución del vínculo matrimonial, pues el ocho de junio de dos mil veintidós celebraron un convenio ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, donde se estableció la guarda y custodia de su menor hija de iniciales M.S.A.C., las convivencias entre la menor y su padre, la pensión alimenticia por parte del padre por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) de manera quincenal y $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional) cada quince de diciembre y el servicio médico de la menor. 2.- La demandada Alejandra Castillo Páramo reconvino a Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo el otorgamiento de una pensión alimenticia a su favor y el aumento de la pensión alimenticia acordada en el convenio, a favor de su menor hija. 3.- En acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, la juez responsable fijó como pensión alimenticia provisional a favor de Alejandra Castillo Páramo el 10% de las percepciones de Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo. 4.- En la audiencia preliminar de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la juez responsable fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la menor de iniciales M.S.A.C. el 20% de las percepciones de Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo. 5.- En la audiencia de juicio de treinta y uno de marzo del año en curso, la juez responsable modificó la medida provisional de alimentos a favor de la menor de iniciales M.S.A.C. y la aumentó un 5% sobre las percepciones de Lázaro Daniel Aguinaco Hermosillo -acto reclamado-. Sin embargo, en las constancias que se reciben en esta fecha, se observa que el quejoso y la tercero interesada celebraron y ratificaron un convenio respecto de las prestaciones que se reclamaron en el juicio oral ordinario F-1398/2022, por lo que la Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 390-A y 446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, aprobó el convenio al cual arribaron, pues estimó que los puntos acordados no son contrarios a derecho, elevándolo a la categoría de cosa juzgada. Es preciso mencionar que el solicitante del amparo se obligó a que se descontara el veinticinco por ciento (25%) de su salario y prestaciones a favor de su menor hija M.S.A.C., como pensión alimenticia. De acuerdo con lo anterior, el quejoso externó actos que entrañan el consentimiento del acto reclamado -medida provisional de alimentos-, pues celebró un arreglo conciliatorio con la acreedora alimentaria en el juicio oral ordinario F-1398/2022, a fin de entregar una cantidad por concepto de pago de alimentos. Por lo cual, si el quejoso aceptó las consecuencias del convenio celebrado y ratificado en los autos del juicio oral ordinario F-1398/2022, del índice de Juzgado Especializado en Materia Familiar, de Salamanca, Guanajuato, el cual se originó por el pago de alimentos, en cumplimiento a la medida provisional decretada en el juicio de origen, se concluye que el quejoso consintió tales actuaciones. Lo cual implica que expresó de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, pues dio su anuencia respecto de sus consecuencias, al comprometerse a que se le descuente un porcentaje de su salario y prestaciones por concepto de alimentos, a favor de su menor hija. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.A.T. J/17, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, octubre de 1997, página 697, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley." Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. No se soslaya el contenido del artículo 64, segundo párrafo , de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en virtud de que la vista por el término de tres días que señala el citado numeral no se refiere al juicio de amparo indirecto en primera instancia, pues el supuesto que prevé es el relativo al referido juicio en revisión.
- Incidental
Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite las constancias relativas al expediente de su índice. Sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintidós de mayo del en curso, se dictó la interlocutoria correspondiente. Se ordena guardar el disco versátil que remite en la secretaría de este juzgado, donde queda disposición de las partes para su consulta. Finalmente, en atención al volumen de los anexos que acompaña, fórmense dos cuadernos auxiliares de pruebas, los cuales quedan a disposición de las partes para consulta en la secretaría de este juzgado; y una vez concluido el presente asunto devuélvanse a su lugar de origen.-
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