Lazaro Bello Medina
Expediente 2108/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2108/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lazaro Bello Medina
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2108/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de enero de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con quince minutos del diez de enero de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública la licenciada Aletia González Huerta, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedidas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refieren los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 2108/2016-V-B, promovido por Lázaro Bello Medina, por derecho propio, sin la comparecencia de las partes. Declarada abierta la audiencia, el secretario hace una relación oral de todas las constancias que obran en autos. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistentes en copias certificadas de la promoción 005756 y del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, propias del conflicto laboral 01/3088/12 (fojas 22 a 25) y hace constar que no se aportaron más medios de convicción y no hay pruebas desahogadas con las que dar cuenta. La encargada del despacho acuerda: se admiten y tienen por desahogadas las pruebas de mérito, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de su valoración en la sentencia y así, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario hace constar que las partes no formularon alegatos, por lo que la encargada del despacho acuerda: al no existir cuestión sobre la cual proveer, se declara cerrada la etapa de alegatos y se ordena dictar sentencia definitiva. Doy Fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2108/2016-V-B, promovido por Lázaro Bello Medina, por derecho propio, contra actos de la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Lázaro Bello Medina, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de uno de diciembre pasado; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, por auto de veintiséis de diciembre se fijaron las once horas con quince minutos del diez de enero de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados . Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de acordar la promoción presentada por la parte actora (aquí quejosa), el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, con registro 005756, dirigida al conflicto laboral 01/3088/12. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 19 y 20). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo es improcedente. La improcedencia deviene de la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ofreció como pruebas, copias certificadas de la promoción 005756 y del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, propias del conflicto laboral 01/3088/12 (fojas 22 a 25); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Las pruebas aportadas por la autoridad demuestran tanto la recepción de la promoción 005756, como su acuerdo, efectuado por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. La referida regla se sustenta en las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. El quejoso presentó su demanda de amparo el treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, a la instauración del juicio de amparo, el escrito 005756, que el quejoso presentó el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis para surtir efectos en el expediente 01/3088/12, no había sido acordado. Sin embargo, la promoción 005756 fue acordada mediante auto de ocho de diciembre pasado. Luego, el acto positivo desplegado motu proprio por la autoridad responsable, de acordar la promoción 005756, trajo consigo la cesación de efectos de la omisión reclamada, pues destruyó sus efectos de forma total e incondicional, que en suma, consistían en la incertidumbre jurídica que generaba en el quejoso, el desconocimiento de la suerte de su pretensión, y no quedó huella que amerite el otorgamiento del amparo para borrar la violación. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Si bien la autoridad responsable ordenó en el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, su notificación personal a la parte quejosa, la falta de acreditación de tal acto procesal no es obstáculo para estimar que opera la cesación de efectos del acto reclamado, pues a través del informe justificado, el quejoso conoció el aludido acuerdo, recaído a la promoción 005756. En relación con lo anterior, se invoca como apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.205/2008. En ella, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País resolvió que la cesación de efectos del acto reclamado por violación al derecho de petición, opera cuando la autoridad responsable contesta la petición y el quejoso conoce la respuesta a través del informe justificado. Dicho criterio jurisprudencial, es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 205/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168189 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIX, Enero de 2009 Pag. 605 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. No se examina la legalidad o ilegalidad del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, porque no forma parte de la litis. Lo anterior no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado, porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo, esto conforme a la siguiente jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Si bien la presidenta de la Junta alegó la improcedencia del juicio de amparo, el estudio de tales argumentos resulta innecesario porque ya se determinó el sobreseimiento, de ahí la irrelevancia de determinar si opera o no otra causa de improcedencia, porque no cambiaría el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en esta tesis: Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. La falta de emplazamiento de los terceros interesados no es óbice para la resolución del juicio, esto ante la manifiesta e indudable improcedencia del amparo por la causal invocada; máxime que el sobreseimiento decretado, en modo alguno los perjudica, pues no afecta situación alguna derivada del conflicto laboral de origen. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lázaro Bello Medina, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedidas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma, mediante el cual rinde su informe justificado; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el dos de enero de dos mil diecisiete, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe. Ser*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se dio vista a las partes con los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Agrario Distrito 49 y por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados no desahogaron dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el tres de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa WAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., contra los actos reclamados al Tribunal Agrario Distrito 49, para los siguientes efectos: En las anotadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente el punto segundo del acuerdo emitido el dos de mayo de dos mil dieciséis y, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de manera debidamente fundada y motivada respecto si se debe imponer o no una multa a la parte quejosa por desacato a la medida cautelar concedida a la parte actora. La concesión de la protección constitucional que antecede, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos 1, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado que no se reclamó por vicios propios. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, remitió copia certificada de las siguientes constancias: Resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio 394/2014, del que se advierte que el tribunal responsable, dejó sin efectos el acuerdo segundo dictado en audiencia de dos de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, giró oficio a la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a fin de que deje insubsistente la multa aplicada a la persona moral denominada "WAT CONSTRUCCIONES". Resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio 394/2014, de la que se advierte que el tribunal responsable arribó a la conclusión de que la parte demandada WAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., no ha desacatado la medida precautoria decretada en el punto de acuerdo OCTAVO, número 2 del auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, que ordenó que suspendiera los trabajos de explotación; asimismo, se advierte que ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", a efecto de que se esté a lo acordado en auto de diez de noviembre del presente año, en el que se ordenó cancelar la multa impuesta a la parte demandada de referencia. Asimismo, en cumplimiento al citado fallo protector la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", remitió copia certificada de las siguientes constancias: Oficio 400-40-00-02-04-2016-05867 signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", por medio del cual informa que no se procederá a realizar gestión de cobro a la parte demandada respecto de la multa impuesta el dos de mayo de dos mil dieciséis, para lo que remitió copia certificada de las pantallas al Sistema Modelo de Administración Tributaria, de la que se observa el estatus de bajo de la resolución correspondiente. Constancias que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber dejado insubsistente el punto segundo del acuerdo emitido el dos de mayo de dos mil dieciséis y, con plenitud de jurisdicción, haber pronunciado respecto si se debe imponer o no una multa a la parte quejosa, y haber hecho extensiva la determinación al acto de ejecución, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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