Lazaro Agileo Antonio Félix
Expediente 621/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lazaro Agileo Antonio Félix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 621/2022, promovido por ***. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a sus escritos petitorios de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, diez de enero y nueve de abril de dos mil veintidós, dirigidos a la carpeta de investigación ***. Por lo que ante tal omisión que la parte quejosa estima violatoria de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, presentó un escrito el dos de junio de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito en esa propia fecha y por auto de tres de junio siguiente, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 621/2022, solicitando el informe justificado a la autoridad responsable y dando vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y la autoridad responsable tienen su residencia en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: La omisión de dar respuesta a sus escritos petitorios de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, diez de enero y nueve de abril de dos mil veintidós, dirigidos a la carpeta de investigación 22998/FVCE/OAXACA/2021. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad al rendir su informe justificado aceptó la existencia de lo reclamado, en virtud que refiere existe la carpeta de investigación 22998/FVCE/OAXACA/2021, y que en las fechas referidas por el quejoso fueron recibidos los escritos petitorios del mismo. Certeza que además, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado donde se advierten los escritos petitorios del quejoso documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, en el caso de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público de la mesa tres investigadora del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, mismas que tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 1978 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el diecisiete de junio del año en curso, dio contestación a los escritos petitorios suscritos por el quejoso de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, diez de enero y nueve de abril del año en curso, contestación que la responsable notificó mediante correo electrónico al disidente el veinte de junio de dos mil veintidós. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsanó la omisión de la cual se duele la parte quejosa, en virtud de haber dictado y notificado la determinación por medio del cual dio contestación a los escritos petitorios del quejoso. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la Litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al quejoso. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VI de este fallo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por***, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la autoridad oficiante rindiendo su informe justificado y ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa al mismo. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista las certificaciones de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En virtud de lo anterior, no es dable celebrar la audiencia constitucional prevista para este día, por tanto se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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