LAWRENCE PETER DEMIRJIAN y Otros.

Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • LAWRENCE PETER DEMIRJIAN y Otros.
  • Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 273/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 273/2021, promovido por ..., ... y ...contra actos del Séptima Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El trece de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por turno fue enviado a este órgano jurisdiccional. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el suscrito se avocó al conocimiento del asunto y previno a la parte quejosa. El veinticuatro de mayo posterior, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidieron los informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ..., que confirmó la interlocutoria de tres de julio de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de actualización de intereses y liquidación de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil ..., por el Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, que los condenó a pagar $... USD (.../100 USD). Su ejecución. TERCERO. Existencia. La Séptima Sala Civil de la Ciudad de México no aceptó ni negó los actos reclamados, no obstante, indicó que fue ésta quien emitió la sentencia reclamada con las razones y fundamentos para sostener su constitucionalidad, por lo que se tiene por cierto. Lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte el juez responsable aceptó los actos que se le atribuyen. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil promovido por..., contra ..., ... y ..., donde se declaró procedente la vía y condenó a la demandada al pago de $... (.../100 USD), por concepto de suerte principal, así como intereses moratorios hasta la total solución del adeudo. II. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Sala responsable el dos de junio de dos mil diecisiete, donde se modificó el fallo reclamado, únicamente por lo que respecta a la condena en costas causadas en ambas instancias. III. La parte actora promovió incidente de actualización de intereses y liquidación de sentencia; el cual se resolvió el tres de julio de dos mil diecinueve, en los términos siguientes: "PRIMERO.- Ha sido procedente el INCIDENTE DE ACTUALIZACIÓN DE INTERESES Y LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, promovido por la parte actora. SEGUNDO.- Se aprueba la plantilla de liquidación formulada por la incidentista por la cantidad de USD ...(...), por concepto de intereses moratorios generados por el periodo comprendido del 19 de diciembre de 2009 al 14 de mayo de 2019; cantidad por la que se condena a los demandados, a pagar la parte actora lo que deberá hacer dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que de no hacerlo se procederá conforme lo establece la ley." IV. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación del cual tocó conocer a la Sala responsable y el veinte de enero de dos mil veinte, resolvió confirmar la interlocutoria indicada en el punto anterior. Esta actuación y su ejecución constituyen los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa alega violaciones a los principios de acceso a la tutela jurisdiccional y legalidad, previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por los motivos siguientes: a) Es violatorio el que se indique que de los artículos 1348 y 1324 del Código de Comercio no se desprende que para resolver sobre la regulación de intereses el juez debiera describir el procedimiento que siguió para verificar si es correcta o no la plantilla que presentó, pues si bien la interlocutoria cumple con el requisito de fundamentación, ello no ocurre con el de motivación, en razón de que no solo debe estar fundada en los preceptos citados, sino también debe hacerse en el método aritmético que fue usado para llegar al monto liquidado. Ello, porque es necesario acudir al auxilio de una ciencia exacta como lo es la matemática, pues la interlocutoria apelada no debe estar solamente fundada en ley, sino deber ser adecuadamente motivada en cuando a la descripción del método matemático utilizado para llegar a determinado monto. b) No es verdad que se haya sido omiso en controvertir los argumentos expuestos por el juez responsable, pues que precisamente como no existe un método aritmético descrito en la interlocutoria y porque el a quo solo copió y pegó la liquidación planteada por el actor, es que la resolución resulta ilegal. Es decir, porque es totalmente deficiente en su motivación y por no atender la contestación que se dio al incidente de origen. c) No se trata de argumentos novedosos los precisados en el segundo agravio que se hizo valer en el recurso de apelación, sino de manifestaciones tendientes a controvertir precisamente que ante la omisión del juez de realizar las operaciones que lo llevaron a aprobar la plantilla resultaba improcedente la liquidación. Son infundados los conceptos de violación descritos en los incisos a) y b), los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, relativa a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. En el caso, la Sala responsable en el acto reclamado indicó que era infundado el argumento realizado por la parte quejosa, en el sentido de que, en la interlocutoria apelada no se detallaron las operaciones aritméticas que llevaron a aprobar la planilla de liquidación de intereses, bajo los siguientes argumentos: - De los artículos 1348 con relación al 1324 del Código de Comercio no se desprende que para resolver sobre la regulación de intereses el juez deba describir el procedimiento que siguió para verificar si es correcto o no el monto de lo determinado por el incidentista, en razón de que éstos únicamente prevén que presentada la liquidación se dará vista a la condenada y, desahogada o no, se fallara lo que en derecho corresponda; así como que se funde en ley. - Es decir, para motivar la resolución apelada solo deberá de precisar las bases de cuantificación de los intereses moratorios que fueron establecidos en la sentencia definitiva, la revisión que hizo de que fueron cumplidos en la formulación de su plantilla por el actor y de que el monto era correcto acorde a las operaciones aritméticas con las que fue obtenido, lo cual sí realizó el juez. Lo anterior, es apegado a la constitución, en razón de que, contrario a lo indicado por la parte quejosa, se advierte que como lo indicó la Sala responsable, en la interlocutoria apelada sí se cumplió con la motivación que prevé la garantía de legalidad citada en primer término, puesto que se le dieron las razones por las cuales consideró que procedía la aprobación de la plantilla de liquidación de intereses. Ello, porque para resolver sobre su aprobación se consideró la cantidad que por concepto de suerte principal fue condenada la demandada en la sentencia definitiva, la tasa de treinta y seis por ciento anual, y utilizó el periodo del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve al catorce de mayo de dos diecinueve, que equivale a nueve años, cuatro meses, tres semanas y cinco días; e incluso indicó que realizadas las operaciones aritméticas correspondientes se obtenía la cantidad que indicaba la actora, salvo error y omisión. Máxime que de un cotejo de las operaciones apuntadas al resultado sentenciado no revelan ilegalidad patente. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I.4o.C.121 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3212, registro digital 171135, Novena Época, que dice: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO ES INDISPENSABLE EN TODOS LOS CASOS EL DICTAMEN DE PERITOS. De la interpretación de los artículos 1252 y 1348 del Código de Comercio, 346 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que, para la liquidación de intereses los dictámenes de expertos son elementos auxiliares, sólo indispensables para cuantificar la condena, si la cuestión planteada atañe a la demostración y explicación de operaciones para las que se requieran conocimientos, prácticas o experiencias especiales del ejercicio de un oficio, ciencia o arte, distintos a los comprendidos en los programas de formación y educación para proporcionar una cultura media, o a las prácticas habituales en un medio social determinado, entre la gente de mediana educación y experiencia, pues en los demás casos, los dictámenes sólo constituyen medios auxiliares destinados a facilitar la labor del juzgador y darle mayor seguridad en sus determinaciones, pero no opiniones indispensables para la resolución del asunto, de modo que aun sin ellas, el juzgador queda en condiciones de definir la cuestión, mediante la realización de actos u operaciones correspondientes al campo atinente, que sean del dominio del juzgador, como parte de la educación recibida para alcanzar la profesión que se le exige para ocupar el cargo de Juez, Magistrado, o equivalente, pertenecientes a la práctica general en ese medio, especialmente si no se necesitan mecanismos, aparatos, maquinaria o instrumentos de manejo reservado a los especialistas, y esto lo debe hacer mediante el análisis cuidadoso y profesional de las constancias existentes en autos, examinados en lo individual y en conjunto, explorando todas las posibles relaciones existentes entre ellos, para definir conforme a la lógica y acorde con las máximas de experiencia, la cantidad líquida objeto de la condena. Esto sucede, por ejemplo, cuando para la liquidación de intereses únicamente se necesita el empleo de operaciones aritméticas con un grado ordinario de dificultad, que se enseñan en la educación inicial y media, consideradas de uso común, como la aplicación de porcentajes a ciertas cantidades, sobre todo en atención a que en la actualidad se ha incrementado notablemente el acceso generalizado, a precios bajos, de instrumentos para garantizar la exactitud de los resultados, como las calculadoras simples." Lo que si bien no implicó que de forma precisa se indicaran las operaciones que se ocuparon para aprobar la planilla de liquidación, como lo alega la quejosa, ello no es un requisito indispensable para motivar el acto reclamado, pues, conforme a las máximas de experiencia, se advierte que las operaciones aritméticas correspondientes a que se hicieron referencia, consistieron en la obtención del interés moratorio anual sobre el monto que se le condenó en el fallo definitivo, multiplicado por los años, meses y días que transcurrieron, respectivamente, pues así se utilizan los factores que se precisaron y es la forma en que se calculan los intereses en los asuntos en que se condena por este concepto. Por su parte es inoperante el concepto de violación indicado en el inciso c), pues se parte del supuesto erróneo de que en el acto reclamado se calificó como novedoso lo relativo a la omisión del juez de precisar cuales fueron las operaciones que lo llevaron a aprobar que la plantilla resultaba procedente. Lo anterior es incorrecto, en razón de que lo que se calificó como novedoso en el acto reclamado fue lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que el actor no cuantificó en su planilla un factor diario dividido en un año calendario entre el interés condenado, ni hizo la precisión de los días efectivamente transcurridos, sin diferenciar si el año a liquidar es de trescientos sesenta y cinco días o trescientos sesenta y seis días. Luego, como la accionante de amparo parte de una consideración errónea en su concepto de violación éste se torna inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo Del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Asimismo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia XVII.1o. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." Lo anterior, sin perjuicio de que lo relativo al método aritmético ya se desestimó en este fallo, al analizar las manifestaciones realizadas por la accionante de amparo agrupadas en los incisos a) y b). Orienta lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4 de los Tribunales Colegiados de Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, registro digital 178784, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado, sin que este resolutor proceda a suplir la deficiencia de la queja, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Máxime que siendo un asunto deducido de un negocio mercantil, opera el estricto derecho al resolver el problema planteado en este asunto. Orienta lo anterior, la tesis I.6o.C. J/50 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006, página 1045, registro digital 174859, Novena Época, que dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria." Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., ... y ... contra actos del Séptima Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4790/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del Titular de la adscripción; asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy doce de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mimo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden y origen ... de este índice; dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido al tercero interesado para señalar un domicilio procesal en esta ciudad, sin que lo hiciera, en consecuencia se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en autos y se ordena notificarle por medio de lista las actuaciones subsecuentes, aun las que deban hacerse personalmente. NOTIFÍQUESE.

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