Lavleen Pal Singh y Otros.

Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
439/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Lavleen Pal Singh y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Se declara que QUEDA FIRME el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda, causando estado.... archívese este expediente como asunto totalmente concluido; ....

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo que de manera electrónica aparentemente presenta *******************************, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a nombre de los quejosos ********************************************************************************************************************************************************+++, todos de nacionalidad India; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 439/2019. Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que determina el desechamiento de la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la promovente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables A) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; B) COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; C) DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; D) SUBDELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA; E) DELEGADO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; F) SUBDELEGADO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; G) SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN MIGRATORIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; H) SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; I) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN MIGRATORIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; J) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MIGRATORIO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; K) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; L) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y ARCHIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; M) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; N) DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Ñ) SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, que hace consistir en la incomunicación, deportación, privación de la libertad y malos tratos en perjuicio de los quejosos LAVLEEN PAL SINGH, ABHIDEEP SINGH, GURJEET SINGH, ARATI BALDEVBHAI PATEL, PRITPAL SINGH, VIPULKUMAR RASIKLAL PATEL, RAJUBHAI TRIBHOVAN PATEL, PRIYANKA VINODKUMAR PATEL y SUKHJINDER SINGH NATT. Sin embargo, el suscrito Juzgador considera que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley. (.)". Del primer numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Ley de la Materia, se advierta alguna causa de improcedencia. Asimismo, del análisis relacionado de los preceptos legales 5 y 6 mencionados, se advierte que tiene el carácter de quejoso quien alega que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y, por tanto, el juicio el amparo puede promoverse por éste, quien puede ser persona física o moral. Por otro lado, es cierto que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo por sí, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, tal y como ocurre en el caso. Sin embargo, lo anterior no es óbice para considerar actualizado el supuesto de improcedencia antes invocado, pues la demanda de amparo que nos ocupa, aún promovida en términos del citado artículo 15 de la Ley de Amparo, carece de firma electrónica de la supuesta promovente MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ, lo cual se corrobora con la boleta de turno con número de registro 002531/2019, recibida a las diecisiete horas con veintidós minutos de esta fecha, en la que asentó, en el rubro de observaciones, lo siguiente: "SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO EN LÍNEA CON NÚMERO DE FOLIO 883530 NO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA". De ahí que, no pueda tenerse por admitida dicha demanda, en virtud de que, se insiste, la misma carece de la firma electrónica de la supuesta promovente, esto es, no está plasmada voluntad expresa ni su consentimiento para promoverla, partiendo de la base de que la firma es el signo inequívoco de que la persona expresa su voluntad respecto de lo plasmado en el documento, y, en el caso, la firma electrónica hace las veces de firma autógrafa. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico de dicha institución, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá el mismo efecto que la firma autógrafa. Asimismo, atento a lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y al expediente electrónico, la citada firma electrónica es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. De igual forma, los artículos 5 y 6 del citado Acuerdo, señalan que todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), y que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar dicha firma para promover por su propio derecho, cualquier asunto. Es aplicable la tesis I.15o.A.17 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, del tomo XXVI, Agosto de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". Asimismo, la tesis consultable en la página 23, Volumen 35, Quinta Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el texto y rubro siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. El artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo impugnando el acto reclamado por conducto de apoderado, aunque obren las constancias que permitan considerar a éste como tal, si el escrito que contiene la demanda de amparo carece de la firma del apoderado, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley". Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 79, Décima Época, con registro 2019715, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, apoya a lo anterior contrario sensu, la Jurisprudencia2a./J. 32/2011 (10a.) emitida por a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia: Común, Página 3632, con registro 2000130, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Por lo anterior, al carecer la presente demanda de amparo de la firma electrónica de MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ, promoviendo con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe considerarse que carece de firma autógrafa, lo que actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, por lo que se impone desechar de plano la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Téngase a la promovente señalando para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que, aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva, elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a la parte promovente que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el -nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS A LA PROMOVENTE.

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