Lauro Zamora Martínez

Expediente 574/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Lauro Zamora Martínez
  • Juez Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el ocho de abril del año en curso, causó ejecutoria el presente juicio. Asimismo, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el incidente de suspensión que derivó del presente juicio de amparo, se negó a *******, la suspensión definitiva solicitada, contra el acto y las autoridades precisados en el considerando segundo y tercero de esa interlocutoria dictada. Por lo que el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son destruibles, en consecuencia, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. Atento a lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, no recurrieron la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental, ni existe documento, ni garantía exhibida. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Debido a lo anterior, se dejan a disposición de la parte promovente los documentos originales que anexó a su escrito de demanda, para que se entreguen por conducto de persona autorizada en días y horas hábiles, previa identificación y razón que por su recibo obre en autos, en el entendido que para recogerlas deberá agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción II del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el punto Decimo Primero, párrafo tercero, del mencionado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se constituya en el local de este juzgado a recoger los documentos aludidos, apercibida que de no hacerlo, una vez transcurrido tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo dichos documentos serán destruidos juntos con el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de la que se advierte la circunstancia que imposibilitó a la Actuaria Judicial adscrita, para notificar personalmente la sentencia dictada en este juicio de amparo a la parte quejosa. En consecuencia, notifíquese dicha resolución por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, es el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: SENTENCIA VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 574/2020; promovido por *****: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día siguiente a este juzgado de distrito, Lauro Zamora Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". C. JUEZ SÉPTIMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO: "LA ORDEN DE EMBARGO, que se pretende de ejecutar en el inmueble ubicado en *****, en el expediente *****, en el cual el suscrito no es parte en dicho juicio." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste la orden de embargo dictada en el juicio ordinario mercantil 191/2020, del índice del Juez Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución en el inmueble ubicado en ****. TERCERO. Actos inexistentes. El Juez Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de embargo dictada en el juicio ordinario mercantil *****, del índice del Juez responsable y su ejecución en el inmueble ubicado en calle Monterrey s/n, San Cristóbal Huichochitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal manifestación. Además, la negativa de la autoridad se ve robustecida con las pruebas documentales que remitió, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, pues de éstas se advierte que: 1. El juicio ***** se tramita en la vía ordinaria mercantil. 2. El estado procesal que actualmente guarda el citado juicio es la etapa de fijación de litis, en la medida que aún se encuentra pendiente la contestación a la demanda. Por tanto, atendiendo a que por su naturaleza y estado procesal, así como al propio auto admisorio de doce de marzo del año en curso, es dable concluir que la orden de embargo sobre el bien inmueble cuya posesión defiende el aquí quejoso es inexistente, pues en términos de los artículos 1377 a 1383 del Código de Comercio, tratándose de un juicio ordinario mercantil en el auto de radicación el juez únicamente ordena el emplazamiento del demandado, a diferencia de un procedimiento ejecutivo mercantil, en el cuál el auto exequendo incluye una orden de requerimiento de pago y embargo. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el emplazamiento del demandado se realizó en el inmueble que refiere la parte quejosa, pues tal diligencia es ajena al acto que aquí se reclama. Por tanto, no existe el acto reclamado consistente en la orden de embargo, ya que la autoridad responsable lo que en realidad emitió el doce de marzo de dos mil veinte, fue la orden de emplazar a persona distinta al quejoso. Ante esta circunstancia, al no existir elemento de prueba que desvirtúe la negativa del acto de la autoridad responsable, cobra firmeza el contenido de su informe justificado y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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