Lauro Valenzuela Brisueña
Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lauro Valenzuela Brisueña
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de control correspondiente (electrónico) así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Lauro Valenzuela Brisueña, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coalcomán, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 672/2022. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. E***** Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad antes señalada reclamo, el dictado del auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil número 184/2022, relativa a la acción real reivindicatoria frente a la tercera interesada. Sin embargo, este amparo lo promuevo contra el auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, derivado a que el de la voz lo promoví contra el acuerdo de fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, que conforma el citado expediente." DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al Juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Por otra parte, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA. Así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación del acto reclamado, que la parte quejosa expone en su escrito inicial de demanda y que es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad antes señalada reclamo, el dictado del auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil número 184/2022, relativa a la acción real reivindicatoria frente a la tercera interesada. Sin embargo, este amparo lo promuevo contra el auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, derivado a que el de la voz lo promoví contra el acuerdo de fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, que conforma el citado expediente." Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad antes señalada reclamo, el dictado del auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil número 184/2022, relativa a la acción real reivindicatoria frente a la tercera interesada. Sin embargo, este amparo lo promuevo contra el auto que decide recurso de revocación de fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, derivado a que el de la voz lo promoví contra el acuerdo de fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, que conforma el citado expediente." En el caso particular para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que lo contenido en dicho proveído, no resulta ser un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, de existir violación en el acto reclamado únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su letra expone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). *********** En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Máxime que con lo anterior, no significa que el promovente quede sin defensa, puesto que al tratarse de un derecho procesal, puede llegar a analizarse y, en su caso, restituirse a través del juicio de amparo directo. DOMICILIO PROCESAL, AUTORIZADOS; Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Téngase a la parte quejosa señalando el domicilio físico para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el que refiere en su demanda de amparo; de igual manera, designando como autorizados en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Manuel Mora Pérez, Maileth Isidro Mendoza, Silvia Enríquez Umeki, Berta Lilia León López y Rosa Aurora Piña Rico, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación Secretarial de cuenta; en tanto que a Elizabeth Ivon López Ramos, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que NO cuenta con cédula profesional registrada en el aludido sistema. Así como a Blanca Xareni Reyes Birrueta y Martha Violeta Álvarez Gómez, únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente en su ocurso de cuenta. Ahora bien, como lo solicita el promovente, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE ABRE JUICIO EN LÍNEA, y se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "adrianmp200", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas, conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realizarle las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de n Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no sea necesario hacer una notificación personal o resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, mientras no se reanude el trabajo ordinario de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado; salvo que, llegado el momento, se reúnan los requisitos para desahogar la audiencia por videoconferencia. Para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, se requiere a las partes para que señalen un número de teléfono móvil para que se establezca contacto, de ser necesario. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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