Lauro Olivares Bernal

Expediente 1413/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1413/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Lauro Olivares Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Lauro Olivares Bernal, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los diverso numeral 15, 17 y 18 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo que promueve Lauro Olivares Bernal, contra actos del Juez de Control de la Región Morelia y otra autoridad; en consecuencia se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA En principio debe invocarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte el precepto 62 del indicado ordenamiento legal establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio y, que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el órgano jurisdiccional debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento además, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese tenor, quien esto provee estima que la demanda de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia que se obtiene de la interpretación conjunta de los numerales 5o. fracción I, 6º y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". Ahora, el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cita lo siguiente: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados." Por su parte, el numeral 6 del acuerdo en cita refiere lo siguiente: "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. [.]". De los anteriores artículos de la ley de la materia, así como del Acuerdo General en aplicación, se colige que en la demanda de amparo es quejosa la persona física o moral, a quien la norma general, acto u omisión afecta su derecho en lo individual o que aduzca tener un interés legítimo o colectivo, ya sea de manera directa o virtud a su especial situación frente al orden jurídico, por tanto, será únicamente ésta por sí o por conducto de su representante o, en su caso, por cualquier persona conforme a la ley, quien pueda acudir al órgano de control constitucional en demanda de amparo. En ese contexto, la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento y por ello es indispensable que en la demanda que se formule conste en original, para darle curso, ya que solo así se acredita la voluntad de promover, por parte de quien suscribe. Establecido lo anterior, cabe destacar que en el escrito de demanda, así como en lo asentado en la papeleta por el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se aprecia que se presentó en copia simple y sin anexos, y si bien en ésta se advierte una firma al calce, lo cierto es que no se trata de la original, lo que se aprecia a simple vista y sin que para ello se requiera ser perito en la materia. Lo anterior equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe para instaurar el juicio de amparo, pues dada la naturaleza de las fotocopias, y con la ausencia de firma original, ésta carece de validez, por tanto, su acción se trata de un acto inexistente. Robustece lo anterior, la manifestación asentada por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en la que se expresa "que no cuenta con firma". Se precisa que los actos materia de reclamo no encuadran en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 de la Constitución Federal, dado que no se advierte que el quejoso se encuentre en el supuesto de actos que importen directamente peligro a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas. De ahí que no se dispensa el uso de la firma electrónica en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo y se requiera de su firma; por tanto, la presente demanda resulte inatendible por los siguientes motivos. Bajo esa tesitura, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción I, y 6o., de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor, tal requisito no se encuentra colmado en la especie, dado que, si en el libelo que se analiza, no contiene firma autógrafa ni electrónica del promovente, es decir, a quien le afectan los actos reclamados; ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. Consecuentemente, como la firma no es un requisito de forma que origine se formule prevención o requerimiento para que se subsane, sino un requisito esencial para dar validez al documento y éste no lo reúne la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, respecto al promovente Lauro Olivares Bernal, lo que conduce a desechar el libelo, ya que sin la firma autógrafa y/o electrónica del referido promovente, no puede considerarse ejercida la acción. Se invocan en apoyo a lo anterior, los criterios que a la letra dicen: "Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." "Tesis: XVII.7 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2009142 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Página 2154 Tesis Aislada (Común) DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: ´PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." En consecuencia, es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5o. fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lauro Olivares Bernal, contra actos del Juez de Control de la Región Morelia y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona indicada en la demanda, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no le fueron conferidas expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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