Lauro Mata Juarez
Expediente 17/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lauro Mata Juarez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual remite diligenciado el despacho 592/2019 (1066/2019), enviado para entregar la documental exhibida en el juicio que se actúa; lo que aconteció el dieciocho de junio del presente año.
- Principal
Visto los presentes autos, se evidencia que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, no se precisó el destino del cuaderno de pruebas formado con motivo de la documental exhibida por la parte quejosa; en tales condiciones, se regulariza el procedimiento para el único efecto de emitir el pronunciamiento relativo al destino del aludido tomo de pruebas. Por tanto, toda vez que resulta innecesaria la retención del mencionado cuaderno de pruebas, gírese despacho al Juez de Partido Civil en turno en Salamanca, Guanajuato, para que por conducto de quien corresponda, en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en ****, siendo éste el que refirió como propio la parte quejosa, y haga entrega de tales constancias a dicha parte, por conducto de la persona con quien entienda la diligencia; debiendo levantar el acta correspondiente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ********, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA.- Como está ordenado en once de enero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución de esta fecha, que señala: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***************; contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Subprocuraduría de Justicia Región "B", con residencia en Salamanca, Guanajuato y otra autoridad; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 17/2016-IV; y, fórmese expediente. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano.*** Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Ahora bien, conviene precisar que los actos tildados de inconstitucionales son: a) El inicio de la carpeta de investigación número *****, de fecha uno de junio de dos mil quince; y, b) La orden de inmovilización de la cuenta de cheques a su nombre número *****. Ahora bien, hasta el dos de abril de dos mil tres, en algunos casos se permitía al quejoso la promoción del juicio de amparo biinstancial en su contra en cualquier tiempo, pues de acuerdo con la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo vigente hasta esa fecha, ciertos actos eran excluidos de la regla genérica establecida por el artículo 21 de la misma legislación, que fijaba el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sin embargo, el dos de abril del año dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, por lo que, al haberse presentado la demanda de amparo el día dos de enero de dos mil quince, le es aplicable ésta, de conformidad con su artículo primero transitorio que prevé: "La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación". Bajo esa tesitura, la nueva legislación de la materia, en relación con el término para la promoción de la demanda establece como una excepción a la regla genérica, aquellos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. En efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la interpretación del numeral transcrito, se advierte con claridad que el término para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. Excepción en la cual no encuadran los actos reclamados, toda vez que no constituyen un posible ataque a la libertad personal del peticionario de amparo. En ese orden de ideas, los actos que aquí se reclaman no se ubican en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo 17 antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. En efecto, del citado numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 18 del propio ordenamiento legal, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido. De tal manera, si el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla genérica que dicha presentación debe ocurrir en el plazo de quince días; plazo que, debe computarse, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, el promovente manifestó en su escrito de demanda de amparo, que a partir del treinta de diciembre de dos mil quince, tuvo acceso a la carpeta de investigación número ****; sin embargo, también refiere que desde el nueve de junio de dos mil quince, sabía que su cuenta personal número *****, se encontraba inmovilizada con motivo de una orden dada por el Agente del Ministerio Público, precisamente dentro de la carpeta de investigación en cita. Dichas manifestaciones, tienen pleno valor probatorio de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese mismo tenor, este órgano jurisdiccional advierte como un hecho notorio, que el referido quejoso, interpuso diversa demanda de amparo el diecinueve de noviembre de dos mil quince -la cual dio origen al juicio amparo indirecto 1012/2015-VI, del índice de este Juzgado de Distrito-, en la que por cierto, reclamaba igualmente la inmovilización de su cuenta bancaria número *****, y el inicio de la carpeta de investigación ***** en su contra (foja 2, de autos del juicio de amparo 1012/2015-VI); por lo que, resulta inconcuso que, por lo menos desde el diecinueve de noviembre de dos mil quince, tenía conocimiento de los actos que en esta vía reclama. De lo anterior, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que si el propio quejoso, adujo tener conocimiento de los actos reclamados, cuando menos a partir del diecinueve de noviembre de dos mil quince, en que presentó demanda de amparo, donde igualmente reclamó la inmovilización de su cuenta bancaria 60-550042916-0 y el inicio de la carpeta de investigación ****** integrada en su contra. Entonces, si ahora pretende promover nueva demanda de amparo en contra de esos mismos actos reclamados -de los cuales por lo menos, se desprende tuvo conocimiento desde el diecinueve de noviembre de dos mil quince-, a la data del ocho de enero de dos mil dieciséis, es incuestionable que transcurrió en exceso los quince días, que es el término que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes puedan promover el juicio de amparo, pues resulta evidente que -se insiste-, desde aquella fecha conocía de la existencia de los actos que ahora (nuevamente), tilda de inconstitucionales. Ello es así -se insiste-, toda vez que si tuvo conocimiento de los actos reclamados, consistentes en el inicio de la carpeta de investigación número *****, de fecha uno de junio de dos mil quince; y, la orden de inmovilización de la cuenta de cheques a su nombre número 60-550042916-0, por lo menos, desde el diecinueve de noviembre de dos mil quince, el término de quince días para acudir a la presente instancia constitucional, empezó a correr a partir del día siguiente hábil, es decir, el veintitrés de noviembre de dos mil quince y feneció el catorce de diciembre de dos mil quince, descontándose los días veintiocho, veintinueve de noviembre, cinco, seis, doce y trece de diciembre, de dos mil quince, por ser inhábiles. De lo que se sigue que si fue hasta el día ocho de enero de dos mil dieciséis, cuando se presentó la demanda que motivó el presente juicio de garantías, como se aprecia de la boleta expedida por la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato; es de concluirse que la misma es extemporánea, puesto que entre el veintitrés de noviembre de dos mil quince y el ocho de enero de dos mil dieciséis, transcurrieron treinta y tres días hábiles, por lo que se corrobora que la demanda fue registrada fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De ahí que, respecto de los reseñados actos reclamados, la presente demanda de amparo sea extemporánea. Aunado a lo anterior, aun cuando la demanda de amparo promovida en contra del acto consistente en a) El inicio de la carpeta de investigación número 19088/2015, de fecha uno de junio de dos mil quince, hubiera sido presentada dentro del término legal señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual forma, contra dicha actuación el presente juicio de amparo deviene improcedente; toda vez que del estudio respectivo de la demanda de garantías, se advierte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley en cita, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. Como se ha señalado, el quejoso reclama el inicio de la carpeta de investigación número *****, de fecha uno de junio de dos mil quince. Acto atribuido al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Subprocuraduría de Justicia Región "B", con residencia en Salamanca, Guanajuato. Luego, se afirma que dicho acto no tiene sobre las cosas o las personas una ejecución que sea de imposible reparación porque conforme a la jurisprudencia citada en párrafos que anteceden, aun cuando el Ministerio Público al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, con el dictado de autos y proveídos, así como el desahogo de diligencias para tal fin, no causa daño o perjuicio al gobernado, contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondiente, a menos que en ellos se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Luego, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en lo atinente, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; por lo que, los actos reclamados al Representante Social en mención, no hace que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto, pues al encontrarse la carpeta de investigación para integrarse, en principio, no se sabe si dicho representante social determinará ejercitar acción penal en contra del aquí quejoso; y aun en el supuesto de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el Juez de proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de garantías en que se señale, como en el presente asunto, actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, toda vez que si bien es cierto, la sociedad está interesada en el desahogo de las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social, también verídico es que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, toda vez que los actos que producen ejecución irreparable dentro del juicio son cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o los Tratados Internacionales en que nuestro país forma parte, y no como en el caso acontece, es decir, en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como lo es el inicio de una carpeta de investigación, y en vía de consecuencia, una inmovilización temporal de cuentas bancarias a nombre del quejoso, en sentido precautorio, debido a las labores de investigación que competen a la institución social. Por otra parte, es de mencionar que en el caso, el acto reclamado no se trata de resolución del Ministerio que confirme el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, caso en el que el juicio de amparo podría ser procedente conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Por ello, dicho acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la resolución que se dicte en esa instancia y sea contraria a los intereses del peticionario de garantías, éste tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172, fracción III, y 174 de la Ley de Amparo vigente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de las fracciones XIV y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, toda vez que se trata de un asunto penal. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias que anexa el impetrante del amparo, fórmese un tomo de pruebas por separado. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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