Lauro Jose Martinez Diaz
Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lauro Jose Martinez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 9538, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual solicita una prórroga a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, concédase a la autoridad promovente una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, para que informe a este Juzgado Federal, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito registrado con número de folio 6007, signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se digitalice la sentencia pronunciada en el presente asunto; atento a su contenido, dígase al promovente que la sentencia constitucional emitida en el presente juicio de amparo se encuentra digitalizada tal como se advierte de la consulta al expediente electrónico del juicio de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintinueve minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 130/2017, promovido por Lauro José Martínez Díaz, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas".. Se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, como anexo al informe justificado, consistente en algunas copia certificada del expediente laboral número 01/2959/1-JE1, relacionadas con el acto reclamado, lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, de igual forma, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 130/2017; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Lauro José Martínez Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: * Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, Morelos, y actuario de su adscripción. "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de la responsable de cumplir los términos señalados por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo para el efecto de tramitar y concluir el juicio en los plazos concedidos para tal efecto, es decir declarara cerrada la instrucción y formular proyecto resolución en forma de laudo dentro de los diez días siguientes." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales, las contenidas en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 130/2017, por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, Asimismo, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que la publicación de la sentencia se haría con la supresión sus datos personales. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de los siguientes; CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 48, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." * El acto de molestia se hace consistir en la omisión de cerrar la instrucción y dictar el laudo en el expediente laboral número 01/2959/1-JE1, con el que concluya el juicio. TERCERO. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, agregó que no era como lo señalaba el quejoso, y remitió copia certificada del auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, derivado del juicio laboral de origen número 01/2959/1-JE1, en el que, en efecto se advierte se cerró la instrucción y se turnaron los autos para seguir el trámite conducente y dictar el laudo que culmine el juicio laboral; medios de convicción a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de la Materia, en virtud de que cuenta con la certificación correspondiente asentada por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, hace prueba plena de los hechos afirmados por la propia responsable. CUARTO. En el caso, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En este contexto, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado si bien admitió la certeza de los actos reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió se advierte que, la demanda laboral promovida por el quejoso ante la responsable fue admitida el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en particular respecto de la omisión de cerrar la instrucción. En efecto, Lauro José Martínez Díaz, reclama la omisión de cerrar la instrucción, acto que no existe, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, la responsable cerró la instrucción en el juicio laboral de origen número 01/2959/1. Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias certificadas y remitidas por el tribunal laboral, tienen pleno valor probatorio. En ese contexto, como se adelantó, no existe el acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de cerrar la instrucción, ya que como se advierte de la documental remitida como anexo al informe de la responsable. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto que el quejoso hizo consistir en la omisión de cerrar la instrucción en el juicio de origen. QUINTO. Así las cosas, como en el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este Tribunal Federal advierte que se actualice, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación que hizo valer el peticionario de garantías en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución, además de que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues ello no lo priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Al caso, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustentado en la jurisprudencia número 477, visible en la página 414, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 217917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". Son fundados los conceptos de violación, que en su deficiencia se suplen en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, aduce la parte quejosa que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no ha dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral número 01/2959/1-JE1, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Del precepto transcrito se advierte la garantía de seguridad jurídica, que se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma pronta, completa, imparcial y gratuita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los plazos y conforme a los términos que establece la legislación aplicable. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando lo siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ...sin que lo anterior obedezca a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino por una excesiva carga de trabajo que impera en esta junta." Así, de la consulta de las constancias remitidas por el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, consistente en copia fotostática certificada de algunas constancias existentes en el expediente laboral número 01/2959/1-JE1, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, derivado del juicio laboral de origen número 01/2959/1-JE1, la Junta responsable cerró la instrucción y ordenó turnar los autor para el dictado del laudo, sin que hasta la fecha en que se dicta esta sentencia, hubiere dictado el laudo. Por tanto, es evidente que con su omisión y retardo en el acuerdo, la responsable, transgredió la garantía de justicia pronta, prevista en el artículo 17 Constitucional, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, con independencia de los impedimentos legales que pudiesen surgir, para proveer respecto de lo solicitado. Lo anterior, en virtud de que los tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir tanto sus laudos, como resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para acordar, notificar y cerrar la instrucción, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Ahora, dada la naturaleza del acto reclamado, es oportuno, los artículos del 884 al 850 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: [.] V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenara al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 850.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De los preceptos legales transcritos se advierten los siguientes plazos y términos: ( Dentro de los diez días siguientes al cierre de la instrucción se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo (artículo 885). ( Se entregará copia del proyecto a los miembros de la Junta, para que dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la misma, cualquiera de ellos pueda solicitar que se practiquen diligencias por las razones que indica el artículo 886 de la ley en estudio, procediéndose a su desahogo, en su caso. ( Concluido el plazo anterior o habiéndose desahogado las diligencias respectivas, dentro de los diez días siguientes se citará a los miembros de la Junta para la discusión y votación del proyecto de laudo (artículo 887). ( Aprobado el proyecto de resolución se elevará a la categoría de laudo (artículo 889). Sentado lo anterior, y tomando en consideración que han transcurrido en exceso los plazos que antes quedaron detallados, pues la autoridad responsable, pese a tener la obligación legal de actuar en los términos que marca la ley, ha sido omisa en dictar el laudo, sobre tomando en cuenta que el juicio laboral fue iniciado con la presentación de la demanda el dieciséis de julio de dos mil catorce, y a la fecha de presentación de esta demanda de amparo, no se había dictado el laudo conducente. En tales condiciones, la omisión de la responsable constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Lauro José Martínez Díaz, para el efecto de que el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, continúe con el trámite conducente hasta el dictado del laudo que en derecho proceda en el juicio laboral número 01/2959/1-JE1. Sirve de apoyo el criterio que establece el alcance del artículo 17 constitucional, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis que dio lugar a la Tesis Jurisprudencial P./J. 113/2001, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Así como la Tesis Jurisprudencial IV.3o.T. J/57, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Sin que obste a la presente determinación, el hecho de que la autoridad responsable manifieste en su informe justificado que el retardo en el dictado del laudo de ley se debe a la excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y recursos materiales y humanos insuficientes, invocando al respecto la Jurisprudencia P./J. 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTÚO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". Lo anterior es así, en virtud de que, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para dictarse el laudo, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional; aunado a que la Jurisprudencia invocada por la autoridad responsable va encaminada a determinar si las autoridades encargadas de impartir justicia al no respetar los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes deben ser acreedoras a las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes, y resulta aplicable, como antes se indicó, para casos concretos, específicos y determinados, y no así para condiciones generales, de manera tal, que no pueda establecerse una relación precisa de causa-efecto. No se desatiende que, en la presente contienda no se llamó como tercero interesado a la contraparte de la quejosa, empero se considera que esto no le causa lesión a sus derechos fundamentales, puesto que la concesión de la protección constitucional es únicamente para se dicte el laudo, lo que impulsa el procedimiento laboral, y beneficia a ambas partes en el contencioso de origen. Sin que, pase desapercibido que, en esta fecha no ha transcurrido la vista de ocho días a las partes, como lo prevé el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de amparo, empero dado el sentido del presente fallo se considera que no debe diferirse el verificativo de la audiencia constitucional, y como consecuencia el dictado de la sentencia, en virtud de que justamente de lo que se duele el peticionario de amparo, es de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal, y el diferimiento del dictado de esta sentencia, también sería en demerito de tal derecho fundamental del justiciable SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Lauro José Martínez Díaz, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lauro José Martínez Díaz, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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