Lauro Jesús Morales de los Santos
Expediente 875/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Lauro Jesús Morales de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese la copia certificada del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, del cual se advierte que en dicho órgano jurisdiccional se recibieron los autos del asunto en que se actúa, se ordenó su registro, formar el expediente respectivo y turnarlo a la ponencia correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente en funciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.MRA/jcsp
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, remite el juicio ejecutivo mercantil 496/2019 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De las constancias que integran el referido asunto se advierten los antecedentes siguientes: 1. Lauro Jesús Morales de los Santos y Marco Antonio Rivera Lima, en su carácter de endosatarios en propiedad de Yolanda Olivia González Aguilar, mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Juan Carlos Rodríguez García, de quien reclamaron como prestaciones: el pago de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, así como intereses moratorios y el pago de gastos y costas (fojas 2 a 4). 2. El veinticinco siguiente, la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, encargada del despacho, registró el asunto con el número 496/2019, y desechó la demanda intentada (fojas 12 a 16). 3. Contra esa determinación, Lauro Jesús Morales de los Santos, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, resulta evidente que la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de acuerdo a los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, es una resolución que puso fin el juicio; por tanto, el conocimiento de la demanda de amparo de referencia es competencia de este tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Así las cosas, con fundamento en el precepto 47 de la legislación en comento, se acepta la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por lo que este tribunal se avoca al conocimiento del asunto; lo anterior infórmese al citado juez federal. Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. El precepto 1339 del Código de Comercio, en su parte conducente, establece: "ARTÍCULO 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Del referido precepto legal, se colige claramente que si una resolución se dictó en un procedimiento mercantil, en negocios cuyo valor no exceda de seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos, aquélla no será apelable. En el caso, del análisis de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 496/2019, se advierte que la parte promovente, reclamó el pago de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. Sobre esa base, resulta evidente que el auto por el cual se desechó la demanda mercantil, no es apelable. Sin embargo, aunque la determinación dictada dentro del procedimiento no es apelable, lo cierto es que, sí debió impugnarse mediante el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del citado código, pues dicho precepto es claro al establecer que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. El artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página: 401, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Ahora, de las actuaciones que integran el juicio mercantil, se advierte que la parte quejosa no interpuso el referido recurso de revocación. Por tanto, si la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación estatal, se desecha la demanda de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Lauro Jesús Morales de los Santos, por propio derecho, en contra de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, encargada del despacho, en el juicio ejecutivo mercantil 496/2019. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, remite el juicio ejecutivo mercantil 496/2019 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De las constancias que integran el referido asunto se advierten los antecedentes siguientes: 1. Lauro Jesús Morales de los Santos y Marco Antonio Rivera Lima, en su carácter de endosatarios en propiedad de Yolanda Olivia González Aguilar, mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Juan Carlos Rodríguez García, de quien reclamaron como prestaciones: el pago de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, así como intereses moratorios y el pago de gastos y costas (fojas 2 a 4). 2. El veinticinco siguiente, la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, encargada del despacho, registró el asunto con el número 496/2019, y desechó la demanda intentada (fojas 12 a 16). 3. Contra esa determinación, Lauro Jesús Morales de los Santos, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, resulta evidente que la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de acuerdo a los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, es una resolución que puso fin el juicio; por tanto, el conocimiento de la demanda de amparo de referencia es competencia de este tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Así las cosas, con fundamento en el precepto 47 de la legislación en comento, se acepta la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por lo que este tribunal se avoca al conocimiento del asunto; lo anterior infórmese al citado juez federal. Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. El precepto 1339 del Código de Comercio, en su parte conducente, establece: "ARTÍCULO 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Del referido precepto legal, se colige claramente que si una resolución se dictó en un procedimiento mercantil, en negocios cuyo valor no exceda de seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos, aquélla no será apelable. En el caso, del análisis de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 496/2019, se advierte que la parte promovente, reclamó el pago de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. Sobre esa base, resulta evidente que el auto por el cual se desechó la demanda mercantil, no es apelable. Sin embargo, aunque la determinación dictada dentro del procedimiento no es apelable, lo cierto es que, sí debió impugnarse mediante el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del citado código, pues dicho precepto es claro al establecer que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. El artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página: 401, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Ahora, de las actuaciones que integran el juicio mercantil, se advierte que la parte quejosa no interpuso el referido recurso de revocación. Por tanto, si la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación estatal, se desecha la demanda de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Lauro Jesús Morales de los Santos, por propio derecho, en contra de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, encargada del despacho, en el juicio ejecutivo mercantil 496/2019. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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