Lauro Jesus Chan Sosa

Expediente 1077/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1077/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Lauro Jesus Chan Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para lo que legalmente corresponda, el informe de suspensión del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, requerido en proveído de doce de agosto del año en curso; toda vez que por acuerdo de catorce del actual mes y año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor del directo agraviado Lauro Jesús Chan Sosa, en razón de no haberla ratificado, y se ordenó el archivo definitivo.

  2. Principal

    Vista la constancia actuarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el directo quejoso Lauro Jesús Chan Sosa, manifestó que es su voluntad no ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor por Cindy Sairely Palma Villareral. En tal virtud, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Lauro Jesús Chan Sosa, para los efectos legales correspondientes; por ende, se deja sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. En consecuencia, déjese sin efecto la fecha y hora señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, el VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al existir solicitud expresa del directo quejoso, en el sentido de no ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y el auto en el que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Cindy Sairely Palma Villareal a favor de Lauro Jesús Chan Sosa, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y de otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda, a reserva que sea ratificada. Fórmese expediente. Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dese la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por otro lado, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, para que se constituya en los separos o cárcel a cargo de las autoridades responsables, o cualquier otro lugar en el que podría encontrarse detenido o recluido el directo agraviado Lauro Jesús Chan Sosa, incluyendo el Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que al momento de la notificación, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo, y le requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo; asimismo, instrúyase al aludido Actuario de la adscripción, para que en el acto de la ratificación de la demanda, de fe de las lesiones físicas que pudiere presentar el directo agraviado Lauro Jesús Chan Sosa, y le requiera para que manifieste si cuentan con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento que de no ratificar la misma, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que en caso de que la parte quejosa se encuentre en libertad se le deberá hacer la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda de amparo. De la revisión de la demanda, se advierte que la promovente reclama la detención fuera de procedimiento judicial de la que afirma fue objeto Lauro Jesús Chan Sosa; ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO, todo acto que tienda a tener incomunicada a la parte quejosa, hacerla víctima de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarle de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Igualmente, la concesión es para que se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados del directo agraviado a fin de que estén presentes al momento de dicha diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal Adscrito. Asimismo, toda vez que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad o detención, fuera de procedimiento judicial, conviene acotar que en el Estado, ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio y oral, por lo que se seguirán los lineamientos establecidos para estos casos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión del citado acto para el efecto de que, en el caso de que la detención del directo quejoso haya sido efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del directo agraviado, o bien, ponerle a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya llevado a cabo la detención de la parte quejosa, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el Registro de la Detención, pues los miembros de la policía que realicen la detención, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que las personas fueron detenidas o puestas a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales se concede la suspensión solicitada para el efecto de que, en caso de que se trate de delito flagrante o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición al agraviado, deberá examinar de inmediato las condiciones en que se realizó la legalidad de la detención, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o retención correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar su libertad o solicitar la celebración de la audiencia de control de la detención. En caso de que la detención de la parte quejosa obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictadas en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos los cuales son susceptibles de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente éste ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a las autoridades responsables que hubieren llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realicen el cómputo del tiempo que estuvo detenido el directo agraviado, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. A efecto de velar porque la determinación que antecede tenga su más exacto cumplimiento, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de guardia de este juzgado, para que una vez que éste último notifique el presente acuerdo a la autoridad responsable respectiva, en el mismo acto de la diligencia, proceda a levantar acta pormenorizada del cumplimiento que a este determinación realice la autoridad nombrada, a fin de verificar si la autoridad de referencia puso en LIBERTAD INMEDIATA al directo quejoso, ya que como antes se señaló, el cumplimiento deberá ser inmediato, debiendo señalar la hora en que se cumplió esta determinación. Lo anterior, con el apercibimiento a las autoridades responsables, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el precitado numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para cumplirla. Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación al detenido, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia; a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye en delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, por no haber sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no haya sido señalada expresamente como responsable, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención está vinculada al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberá rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad del impetrante de amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. No procede la apertura de los cuadernos incidentales, toda vez que los actos reclamados en esta demanda encuadran en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión de plano. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. Finalmente, de la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se tiene por señalado el domicilio descrito en la demanda por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como su autorizado a la persona indicada; lo anterior, con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo.

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