Lauro Jácquez Armendáriz
Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Lauro Jácquez Armendáriz
Actuaciones
- Principal
Del estado de autos, se advierte que mediante escrito signado por Micaela García González, en representación de Sukot, Sociedad Anónima de Capital Variable; presentado en Oficialía de partes de este Juzgado, el quince de marzo del año en curso, la promovente autorizo para oír y recibir notificaciones a Lizbeth Adriana Guzmán Salazar, sin que se proveyera al respecto. En consecuencia, se tiene a la autorizada de la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Lizbeth Adriana Guzmán Salazar.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Actuario Judicial Federal del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, promovido por ******************** lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al advertirse de autos que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. Destrucción. Destrúyase el presente expedientillo, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el presente juicio de amparo fue remitido por incompetencia, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) incompetencias..." Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por Lauro Jacquez Armendariz, por derecho propio; contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 186/2023-III. Incompetencia. Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que el quejoso hace consistir como acto reclamado la sentencia definitiva de uno de febrero último, dictada en el toca penal 541/2022, por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que modificó la resolución del Juez de Control del Poder Judicial del Estado, con residencia en Rosarito, Baja California, de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por la cual declaró extinguida la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 364/2020; asimismo, ordenó la restitución del bien inmueble que precisa a favor de quien señaló como tercero interesada Las olas mar y sol, Sociedad Anónima de Capital Variable, dejando intocado lo relacionado con el sobreseimiento del aludido proceso penal, decretado por el juez de primera instancia (según se aprecia de la transcripción que realiza el promovente de la determinación que reclama, en el punto tercero del capítulo relativo a los conceptos de violación). En ese orden de ideas, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse previamente al estudio de la constitucionalidad del acto, tal como lo establece la jurisprudencia I.2º.P J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1992, octava época, con número de registro 218721, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa, se estima necesario conocer el contenido del artículo 47 y 48, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. [.]" En efecto, del análisis invocado de los preceptos transcritos, se obtiene que, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razón de la materia, cuantía, el grado y el territorio. En el presente juicio de amparo, la interpretación íntegra de la demanda de amparo arroja que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia definitiva de uno de febrero último, dictada en el toca penal 541/2022, por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora bien, por su parte, los artículos 107 fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 170, fracción I de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Articulo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: (...) b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal...." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". De la transcripción sistemática de los indicados dispositivos, en lo que aquí interesa, deriva que el juicio de amparo directo en materia procede en contra de sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, qué debe entenderse por sentencia definitiva y por resolución que pone fin a un juicio. Por sentencia definitiva se considera a aquella en la que, deba agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/281, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, Núm. 77, mayo de 1994, página 77, registro 212467, se define lo que debe entenderse como sentencia definitiva, en los términos siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Lauro Jacques Armendariz, reclama la sentencia definitiva de uno de febrero último, dictada en el toca penal 541/2022, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que modificó la resolución del Juez de Control del Poder Judicial del Estado, con residencia en Rosarito, Baja California, de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por la cual declaró extinguida la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal 364/2020; asimismo, ordenó la restitución del bien inmueble que precisa, a favor de quien señaló como tercero interesada, dejando intocado lo relacionado con el sobreseimiento del aludido proceso penal; en efecto, como se dijo en párrafos precedentes, la determinación reclamada, está contemplada en la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, pues se trata de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional que puso fin al juicio, al ser una determinación que estudió la de primera instancia, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 364/2020, decisión judicial que tiene efectos de sentencia firme. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en el juicio de amparo directo 290/2022, de su estadística. Encuentra justificación a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 40/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en agosto de 2015, libro 21, tomo II, pagina 459, decima época, materia penal, con número de registro 2009652, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Además del diverso criterio visible en la Novena Época, Registro: 200081, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 22/96, Página 5, bajo el título: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VIA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS. La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 170, fracción I, 47 y 48 de la Ley de Amparo, éste órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; por tanto, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, a fin de que si lo estima pertinente se avoque a su conocimiento, en atención a lo dispuesto por el artículo 34, del citado ordenamiento legal; solicitando atentamente, que una vez se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes. Finalmente, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. De igual forma, se tienen como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a José Luis Anaya Bautista, Rosalba Sánchez Moncada y Sergio Enrique Juárez Navidad, dado que tienen inscrita la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a María Guadalupe González Rivera y María José Juache Rodríguez. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el último párrafo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: Tutoriales PSL PJF | Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx). Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013.
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