Lauro Hernandez Cortes

Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
925/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Lauro Hernandez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. TCC confirma sentencia de amparo. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 84/2022, con un tomo anexo de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión ********************, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se confirma el auto sujeto a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************(1) contra actos y autoridades precisados en el primer antecedente de esta sentencia". Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del testimonio del recurso de revisión y del cuaderno principal del presente juicio de amparo, así como de un tomo anexo. Hágase del conocimiento de las partes la determinación del tribunal de alzada. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del original del presente juicio de amparo a la Superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el cuaderno original, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Conservación íntegra del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental único, es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo se recibieron documentales identificables como anexo 1, por parte del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; se ordena devolver aquellas. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; para que la parte quejosa ********************se presentara a fin de manifestar si reconocía como de su autoría o no la huella que calza el escrito de demanda y ratificara su contenido, sin que lo hubiere hecho. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo supuestamente promovida por ********************. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sentencia interlocutoria y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de queja referido en el numeral 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, en contra de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por tanto con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Sistema Nacional de Investigadores y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito la cual fue otorgada para los efectos siguientes: "V. DECISIÓN 55. En términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, lo procedente es requerir al Sistema Nacional de Investigadores y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio de las áreas correspondientes de su adscripción, a fin de que en el plazo de veinticuatro horas, realicen lo siguiente: Realicen el pago al quejoso del estímulo económico que le corresponda, dado su carácter de miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 56. Finalmente, se apercibe a dichas autoridades, que en el caso de no cumplir con lo aquí resuelto, o ser omisas en informar clara y detalladamente el impedimento que tengan para cumplir con la medida cautelar decretada, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que investigue la posible comisión de los delitos contemplados en el artículo 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, de conformidad con los preceptuado en el artículo 209 de esa legislación, que establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 209 de la Ley de Amparo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Se levanta reserva de solicitud de aclaración por parte de la autoridad responsable. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de treinta de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente a la solicitud de la autoridad responsable Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, en relación a la aclaración de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, hasta en tanto ésta se declarara firme, lo cual ya aconteció. Por tanto; se ordena levantar la reserva decretada y se acuerda a continuación. En relación a la petición de la Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, en representación de las autoridades señaladas como responsables de esa misma dependencia, mediante la cual solicita aclaración de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en virtud de que la aclaración que pretende no es con la finalidad de hacer comprensible un concepto ambiguo, rectificar los contradictorios o explicar los oscuros, o bien, subsanar alguna omisión. En efecto, el objeto de la aclaración que pretende la autoridad está relacionado con el pago del apoyo económico al quejoso, atendiendo su carácter de miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pues refiere de que dicha acción constituye un efecto constitutivo de derechos, en contravención a lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo. Sin embargo, su solicitud fue precisamente materia de estudio tanto en la interlocutoria de la suspensión definitiva, como en la de diecisiete de mayo pasado, dictadas en autos, tal como se advierte del párrafo veintiuno de la interlocutoria mencionada, de ahí que no sea procedente la aclaración de la interlocutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes. "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Parte quejosa solicita información respecto a escrito presentado. Finalmente, agréguese una copia del escrito presentado por la parte quejosa en el cuaderno principal, por medio del cual, en lo concerniente al presente incidente de suspensión, solicita se le informe el estatus del escrito que presentó de manera electrónica el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitó se le informara la fecha en que las autoridades responsables fueron notificadas respecto de la sentencia interlocutoria emitida el pasado diecisiete de mayo en el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. A lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se proveyó lo conducente, el cual, fue publicado mediante lista de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. No se inadvierte que la parte quejosa haya solicitado que las notificaciones se le realizaran de manera electrónica; sin embargo, el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, no encuadra en los supuestos que establecen que dicha notificación se realice de manera personal, por ello no se ordenó notificar por vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia enunciada a continuación: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Notifíquese.

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