Lauro Castro Felix
Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lauro Castro Felix
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 236/2022-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Lauro Castro Félix; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Lauro Castro Félix, mediante el cual hace diversas manifestaciones; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y dígasele al promovente que en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós fue desechada la demanda de amparo promovida en éste juzgado, misma que fue radicada bajo el número 236/2022.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, presentada en línea por Lauro Castro Félix, contra actos del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 236/2022-1B. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que ante este juzgado Quinto de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo número 235/2022-5 promovido por el quejoso Lauro Castro Félix, donde de manera esencial reclamó la inminente aplicación de un nuevo descuento en su pensión, por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el cual alcanzaría en su totalidad el 97.65% después de realizarse la exención del salario mínimo vigente en la pensión de éste; juicio de amparo que se encuentra en trámite; en consecuencia al efecto se provee: En la especie debe decirse que al respecto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolver en definitiva promovido por el mismo quejoso. El supuesto de improcedencia en mención está establecido en el la siguiente porción normativa de la ley de la materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". Del análisis sistemático de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sigue que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolver en definitiva, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad ordenadora. Ahora, como puede verse, la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere las siguientes premisas: Que existan por lo mínimo dos juicios de amparo. Que en el primer juicio aún no exista resolución firme. Que la substancialidad de los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios sean los mismos. Lo anterior en virtud de que en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue atacado mediante un juicio de amparo diverso. En ese tenor, los nuevos actos que sean consecuencia del anterior juicio, tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto lo ya atacado con anterioridad. En ese contexto jurídico, se afirma que en relación a los actos reclamados que nos ocupa, y que se hace consistir de manera esencial en la inminente aplicación de un nuevo descuento en su pensión, por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el cual alcanzaría en su totalidad el 97.65% después de realizarse la exención del salario mínimo vigente en la pensión de éste, cobra vida la causal de improcedencia antes referida, pues ante este propio juzgado, se radicó el diverso juicio de amparo número 235/2022-5, promovido por el ahora quejoso, en contra de la misma autoridad ordenadora Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, donde se reclaman los mismos actos. En efecto, la existencia del biinstancial 235/2022-5, es un hecho notorio púes se tramita ante este juzgado; aunado a lo anterior, la historia de trámite detallado del juicio de garantías en cita aparece en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se utiliza para poner a disposición del público en general aquella información de los expedientes que se tramitan en los diversos órganos jurisdiccionales a lo largo del país, pues la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los tribunales y juzgados federales; en tanto que los anotados proveídos son consultables en página electrónica oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con dirección http://10.100.125.33/sise/login.aspx, del sistema intranet. Apoya lo anterior, en lo que resulta aplicable, el criterio 33, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1643, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.". Asimismo, número 7, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, Octubre de 2003, página 804, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones.". Así como la diversa jurisprudencia número 103/2007, aplicable por analogía, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Junio de 2007, página 285, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Pues bien, en el diverso juicio de amparo en mención número 235/2022-5, esencialmente, el quejoso reclamó la inminente aplicación de un nuevo descuento en su pensión, por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el cual alcanzaría en su totalidad el 97.65% después de realizarse la exención del salario mínimo vigente en la pensión de éste; juicio de amparo que se encuentra en trámite. Se reitera, la demanda que hoy se acuerda registrada con el número de amparo 235/2022-5 y el diverso 236/2022-1 (del índice de este juzgado), fueron promovidos por el mismo quejoso Lauro Castro Félix, contra la misma autoridad ordenadora Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por los propios actos reclamados, relativos a la inminente aplicación de un nuevo descuento en su pensión, por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el cual alcanzaría en su totalidad el 97.65% después de realizarse la exención del salario mínimo vigente en la pensión de éste. En ese contexto, si la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, consagra la improcedencia de un juicio de amparo en el supuesto de que exista uno diverso donde no existe resolución firme, es evidente que el asunto que nos ocupa, resulta improcedente, dado que, como se puntualizó, la materia de este juicio ya es objeto o materia de estudio en otro juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Agréguese a los presentes autos copias fotostáticas certificadas de las constancias conducentes del juicio de amparo número 235/2020-5, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico del presente juicio, y se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias necesarias, las que podrán desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "Lauro_Castro", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el juicio en que se actúa.
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