Laurentino Castro Rendón

Expediente 1604/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1604/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Laurentino Castro Rendón

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Lo anterior deberá realizarse después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se advierte que el quejoso Laurentino Castro Rendón, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de seis de febrero de dos mil veinte; es decir, no se presentó a recoger los edictos dentro del término de veinte días ni fuera de dicho plazo, ante este órgano jurisdiccional ordenados en el auto mencionado, a efecto de llevarse a cabo el emplazamiento de las terceras interesadas Elia Enríquez Jaimes y Marbella Ascencio Martínez. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se llevaron a cabo las medidas de investigación correspondientes con la finalidad de conocer el domicilio cierto de las terceras interesadas referidas en el párrafo que antecede, a efecto de emplazarlas legalmente a juicio, tal y como se acordó en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, sin que con dichas medidas de investigación fuese posible conocer el domicilio cierto de las citadas sujetos procesales; por lo que en auto de seis de febrero de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa, haciéndole del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger los mismos dentro del término concedido para ello, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto por falta de interés jurídico. En el proveído de seis de febrero del año en curso, se le hizo saber al impetrante del amparo, que en caso de no comparecer a recoger dichos edictos; así como, acreditar haberlos entregado para su publicación, se decretaría el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa por falta de interés jurídico; proveído que le fue notificado el diez de febrero del año en curso. No obstante ello, a la fecha del dictado del presente acuerdo, ha transcurrido en exceso el término concedido para cumplir con dicha carga procesal; sin que el peticionario de amparo haya dado cumplimiento a lo requerido. Estos aspectos, hacen patente que el quejoso Laurentino Castro Rendón, por propio derecho, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), y 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. " Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción de los numerales antes referidos, se obtiene que después de haberse agotado la investigación que alude el numeral 27 fracción III, de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento de las terceras interesadas Elia Enríquez Jaimes y Marbella Ascencio Martínez, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y al no haberse presentado ante este Juzgado Federal a recoger aquellos a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación nacional, hace procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en virtud de haberse incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) Lo anterior es así, debido a que en autos no obra comparecencia del quejoso en la que hubiera manifestado su imposibilidad para cubrir un gasto de los edictos ni existen elementos que constituyan indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de aquellos; de ahí la obligación del señalado quejoso de cumplir con la carga procesal de recoger los edictos mencionados y realizar el pago correspondiente por su publicación. Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación directa con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63, de la Ley en aplicación. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, resulta improcedente señalar nueva fecha para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Por último, visto el escrito signado por el quejoso Laurentino Castro Rendón, mediante el cual solicita se señale fecha para la audiencia constitucional, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en líneas precedentes.

  3. Principal

    se admite la demanda de amparo promovida por Laurentino Castro Rendón, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito judicial de los Bravo, residente en esta ciudad Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA y DOS MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen solo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la parte quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado

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