Laurencio Hernandez Morales
Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laurencio Hernandez Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** , por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexos presentada por **************, por propio derecho, contra actos del Presidente del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1292/2022 y fórmese expediente. Desechamiento Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobre sobreseimiento será el resultado del fallo. Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del numeral transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando proceda en su contra un recurso o medio de defensa por el cual tales actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con base en lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, ya que si la parte quejosa reclama de las autoridades del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, la omisión de dar respuesta a la petición de otorgar pensión por jubilación, es necesario que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tal y como se expondrá a continuación. Para un mejor entendimiento del presente asunto, debe destacarse que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece la prerrogativa a favor de los trabajadores burocráticos a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador, supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En el Estado de Morelos, esa prerrogativa también se encuentra reglamentada en los artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que disponen que los empleados públicos y su beneficiarios, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, por años de servicio, entre otras, siempre que se cumplan con ciertos requisitos y formalidades. Bajo ese contexto, de la lectura integral al escrito de demanda, se desprende que el quejoso **************, se ostenta como trabajador del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y que presentó su solicitud de pensión por jubilación ante autoridades de dicho Ayuntamiento. Bajo esa tesitura se obtiene que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, al que pertenecen las autoridades señaladas como responsables, tiene la facultad de conocer y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores a su servicio y su beneficiarios, a través de sus respectivas comisiones. Precisado lo anterior, conviene destacar que el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.)B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.". En concordancia con dicho precepto constitucional, el diverso artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala: "Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Como puede observase, los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio y sus trabajadores o beneficiarios deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Bajo ese contexto, a juicio de quien esto resuelve, se estima que existe un conflicto laboral pues la parte quejosa presentó su solicitud de pensión por jubilación ante las autoridades del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, lo que evidentemente configura un conflicto entre la trabajadora y las autoridades señaladas como responsables actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda, conforme al numeral 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Se afirma lo anterior, puesto que las autoridades del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, señaladas como responsables, cuenta con facultades para otorgar o negar las pensiones que le solicitan concomitante con los requisitos legales que el trabajador o sus beneficiarios deben cumplir para poder acceder a dicha prerrogativa. Del mismo modo, la autoridad municipal se encuentra obligada a cumplir con ciertas formalidades establecidas en la norma legal aplicable como es, entre otras, emitir la determinación cuando recibe una solicitud de pensión, dado que se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios. En efecto, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos, a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. Por tanto, es evidente que el tribunal burocrático tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud y la omisión de acordarla o el acuerdo denegatorio que recaiga a ésta; de ahí que el quejoso debe acudir de manera previa al órgano laboral a efecto de plantear su pretensión atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), emitida por el Pleno de este Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Página 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." De igual forma, el criterio aquí sostenido es acorde con la ejecutoria emitida en el recursos de queja 164/2021 y 41/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Decimoctavo Circuito, donde se abordó el mismo tema. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Domicilio y autorizados. Téngase por autorizados para los efectos que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que menciona en su escrito inicial, y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Inés Abúndez Robles ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito. Consulta del expediente electrónico. Al respecto, en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "***********", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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