Laureano Germán Sánchez Muñoz
Expediente 448/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laureano Germán Sánchez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, por el cual informa que aceptó la incompetencia declinada por este tribunal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 448/2019 del índice de este juzgado, presentada por *************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso, el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio, y no se presento en este juzgado para su notificación personal, auto que señala:Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por *****************, por propio derecho, contra actos de la directora regional de Auditoria Fiscal "C" de la Dirección General de Auditoria Fiscal adscrita a la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 448/2019. Análisis de la competencia planteada Ahora bien, atendiendo al contenido de la demanda y sus anexos, asimismo, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante quien se presentó la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva; consistente, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: La orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ***de seis de mayo de dos mil diecinueve, así como su notificación, que deriva de la orden o instrucción girada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato, en el domicilio fiscal del quejoso ***** en San Miguel de Allende, Guanajuato; y su ejecución. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo pues la autoridad responsable ordenadora emitió una orden de visita domiciliara a nombre del contribuyente, aquí quejoso, y la autoridad responsable ejecutora notificó tal acto y materializó dicha visita. Ahora bien, de las constancias que anexó la parte quejosa se advierte que el visitador adscrito a la Dirección General de Auditoria Fiscal dependiente de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, el ocho de mayo del año en curso notificó en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ***, y el nueve de los actuales, ejecutó tal orden en dicha ciudad. De tal manera, que si el quejoso reclama la orden de visita domiciliara de seis de mayo de dos mil diecinueve y la notificación de citada orden, así como su ejecución, es competente para conocer del juicio el juez de distrito que ejerza jurisdicción en donde se notificó y materializó la aludida orden, que es en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De ahí, que este juzgado federal sea legalmente incompetente para conocer de la demanda que se estudia, dado que la orden de visita domiciliaria reclamada se notificó y ejecutó en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, sobre la cual no ejerce jurisdicción este órgano federal, sino el diverso ubicado en Guanajuato. Por tanto, este operador jurídico estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." De lo anterior se colige que el acto reclamado no tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción y por ende, que al suscrito no le corresponde el conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis III.2o.A.56 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1687, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, escrito aclaratorio y sus anexos, al juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el Libro de Gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, con apego en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios del numeral citado a ***********************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por *****************, por propio derecho, contra actos de la directora regional de Auditoria Fiscal "C" de la Dirección General de Auditoria Fiscal adscrita a la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 448/2019. Análisis de la competencia planteada Ahora bien, atendiendo al contenido de la demanda y sus anexos, asimismo, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante quien se presentó la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva; consistente, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: La orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ***de seis de mayo de dos mil diecinueve, así como su notificación, que deriva de la orden o instrucción girada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato, en el domicilio fiscal del quejoso ***** en San Miguel de Allende, Guanajuato; y su ejecución. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo pues la autoridad responsable ordenadora emitió una orden de visita domiciliara a nombre del contribuyente, aquí quejoso, y la autoridad responsable ejecutora notificó tal acto y materializó dicha visita. Ahora bien, de las constancias que anexó la parte quejosa se advierte que el visitador adscrito a la Dirección General de Auditoria Fiscal dependiente de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, el ocho de mayo del año en curso notificó en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ***, y el nueve de los actuales, ejecutó tal orden en dicha ciudad. De tal manera, que si el quejoso reclama la orden de visita domiciliara de seis de mayo de dos mil diecinueve y la notificación de citada orden, así como su ejecución, es competente para conocer del juicio el juez de distrito que ejerza jurisdicción en donde se notificó y materializó la aludida orden, que es en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De ahí, que este juzgado federal sea legalmente incompetente para conocer de la demanda que se estudia, dado que la orden de visita domiciliaria reclamada se notificó y ejecutó en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, sobre la cual no ejerce jurisdicción este órgano federal, sino el diverso ubicado en Guanajuato. Por tanto, este operador jurídico estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." De lo anterior se colige que el acto reclamado no tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción y por ende, que al suscrito no le corresponde el conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis III.2o.A.56 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1687, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, escrito aclaratorio y sus anexos, al juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el Libro de Gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, con apego en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios del numeral citado a ***********************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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