Laureano Fernando Rosario Oropeza

Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
962/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Laureano Fernando Rosario Oropeza

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja, en contra del auto dictado el veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. Publicación datos personales. Aunque la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo. Toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 14, 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme a la fracción IV, del artículo 20, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo que promovió ********************, por propio derecho, contra actos de la Directora de Concesiones de la Secretaría de Movilidad del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otra autoridad; la cual se turnó de manera física a este órgano jurisdiccional el día de hoy; fórmese expediente físico y electrónico; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número ********************/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/******************** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, la parte quejosa reclama de la Directora de Concesiones y Jefa del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos, ambas de la Secretaría de Movilidad del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: (.) El dictamen que conjuntamente emitieron, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por el cual declaran improcedente el cambio de vehículo de motor para prestación del servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi: marca ********************, modelo ********************, tipo ********************, numero de motor ******************** y numero de serie ********************." En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente desechar de plano de la demanda de amparo. En efecto, el aludido numeral, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, solo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparose convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Así se tiene que para que resulte aplicable la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio; o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Ahora, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes; y, en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover en contra del acto reclamado, el recurso de revisión previsto en los artículos 96 y 240, de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, en relación con los diversos numerales 98 a 117 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. En efecto dichos preceptos normativos, establecen: "Artículo 96. El servicio público de transporte en la modalidad de taxi se prestará con vehículos tipo sedán con la capacidad y características que señale esta Ley y su Reglamento. Los concesionarios del servicio público transporte de taxi podrán realizar adaptaciones a sus vehículos para prestar servicio a las personas con discapacidad, las cuales deberán cumplir con las características y especificaciones a que se refiere el Artículo anterior". "Artículo 240. Contra los actos y resolución, derivadas de la aplicación de la presente Ley y de las normas reglamentarias que de esta emanen, procederá el recurso de revisión, previsto en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, cuyas reglas y términos deberán aplicarse para su trámite". Lo subrayado no es de origen. Asimismo, los artículos 98 a 117 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: "TÍTULO SEXTO DEL RECURSO DE REVISIÓN CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley. ARTÍCULO 99.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. ARTÍCULO 100.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. ARTÍCULO 101.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia o entidad, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar: I. El órgano administrativo a quien se dirige; II. El nombre del recurrente y en su caso, de quien promueve en su nombre, así como el domicilio y las personas autorizadas para efectos de oír y recibir notificaciones y documentos, mismo que deberá estar ubicado en el lugar de residencia de la autoridad resolutora; III. El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; IV. Señalar la autoridad emisora del acto o resolución administrativa que se recurre y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; V. La descripción de los antecedentes del acto o resolución que se recurre; VI. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho en contra del acto o resolución que se recurre; y VII. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que pretendan acreditar. ARTÍCULO 102.- Con el escrito de recurso de revisión se deberán acompañar los siguientes documentos: I. Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando actúe a nombre de otro o de persona moral, salvo que su personalidad ya se encuentre debidamente acreditada en autos; II. El documento en el que conste el acto o resolución que se impugna, cuando dicho acto o resolución hayan sido por escrito. En caso de no contar con tal documento, señalar bajo protesta de decir verdad el acto que se impugna y la autoridad que lo realizó. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna, señalando bajo protesta de decir verdad dichos hechos; III. Las constancias que se hubieren levantado con motivo de la notificación del acto o resolución impugnada. Si la notificación fue por edictos, se deberá acompañar la última publicación efectuada conforme a lo dispuesto en esta ley. En el caso de que no obren en poder del recurrente las constancias respectivas deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto o resolución que recurre; y IV. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente. En el caso de que se ofrezcan pruebas documentales que no se encuentren en su poder, expresará el archivo en que se encuentren, o si son propios o ajenos, debiendo la autoridad administrativa requerir los mismos. Los documentos exhibidos y las constancias de autos que obren en los expedientes en que se actúan, se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan como tales. ARTÍCULO 103.- En caso de que el recurrente no cumpliera con alguno de los requisitos o no presentare los documentos en términos de los dos artículos anteriores, el superior jerárquico o autoridad que conozca el recurso, deberá prevenirlo por escrito por una vez para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la notificación personal, subsane la irregularidad. ARTÍCULO 104.- Recibido el recurso por el superior jerárquico o autoridad que conozca, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito de impugnación del recurrente, deberá proveer sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, lo cual se notificará al recurrente personalmente. ARTÍCULO 105.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Sea admitido el recurso; II. Lo solicite expresamente el recurrente; III. Sea procedente el recurso; IV. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; V. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, y VI. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado o el Código Fiscal Municipal. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. ARTÍCULO 106.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: I. Se presente fuera del plazo que establece esta Ley; II. No cumpla con la prevención hecha en los plazos del artículo 103; y III. No aparezca suscrito por el interesado o su representante legal. ARTÍCULO 107.- Se desechará por improcedente el recurso: I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; III. Contra actos consumados de un modo irreparable; IV. Contra actos consentidos expresamente; y V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. ARTÍCULO 108.- Será sobreseído el recurso cuando: I. El promovente se desista expresamente del recurso; II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona; III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y VI. No se probare la existencia del acto respectivo. ARTÍCULO 109.- Si se admite el recurso a trámite, deberá señalar las pruebas que sean admitidas y en la misma providencia señalará la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Esta audiencia será única y se verificará dentro de los quince días hábiles subsecuentes. Se admitirán toda clase de pruebas incluyendo las supervenientes, las que se podrán presentar hasta antes de la celebración de la audiencia, con excepción de la confesional a cargo de la autoridad y las contrarias a la moral, el derecho y las buenas costumbres. No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho. ARTÍCULO 110.- La audiencia tendrá por objeto desahogar las pruebas ofrecidas y admitidas, así como recibir alegatos. ARTÍCULO 111.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. La autoridad, en beneficio del recurrente, deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, asícomo los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de tres meses. ARTÍCULO 112.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará ésta. ARTÍCULO 113.- La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad. La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. ARTÍCULO 114.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes. ARTÍCULO 115.- El superior jerárquico o quien conozca del recurso deberá emitir la resolución del mismo dentro los quince días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Si transcurrido el término previsto en este artículo, el superior jerárquico o quien esté conociendo del recurso no dicta resolución del mismo, se entenderá confirmado el acto impugnado. ARTÍCULO 116.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; II. Confirmar el acto impugnado; III. Declarar la inexistencia, nulidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. ARTÍCULO 117.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la confirmación del acto impugnado en términos del artículo 115 párrafo segundo, hasta antes de la prescripción o caducidad según sea el caso. La resolución del recurso da acción al agraviado para intentar el juicio que corresponda ante el Tribunal. Lo subrayado es propio. Conforme a dichas porciones normativas, contra la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitida por la Directora de Concesiones y Jefa del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos, ambas de la Secretaría de Movilidad del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 240 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, en relación con el diverso numeral 98 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa debió agotar el referido medio de impugnación. Además, el artículo 105 de la citada la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (transcrito anteriormente), prevé la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin mayores requisitos que las que prevé la Ley de Amparo. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: 1. Cuando el acto carezca de fundamentación. Al respecto, del acto reclamado consistente en la determinación de de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitida por la Directora de Concesiones y Jefa del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos, ambas de la Secretaría de Movilidad del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se encuentra propiamente por la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permite que este juzgado concluya que no carece de fundamentación, lo que haría procedente la excepción de que se trata. 2. Cuando en exclusiva se aleguen violaciones directas a la Constitución. De un análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, se advierte que controvierte aspectos de legalidad en la emisión del acto reclamado. Por tanto, no se configura la presente excepción al principio de definitividad, pues los motivos de disenso referidos, pueden ser materia de análisis en sede ordinaria. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que el medio ordinario de defensa procedente en contra del acto reclamado se encuentra previsto en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. No pasa inadvertido para este juzgado el hecho de que la parte quejosa alegue en su demanda que el artículo 215 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa exige para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que sea de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto impugnado, y cita en apoyo la jurisprudencia XIII.2o.C.A. J/1 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, visible en la página 2368, Libro 74, Enero de ********************, Tomo III, Materias(s): Común, Administrativa, Registro digital: 2021383, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL". Lo anterior, ya que el artículo y jurisprudencias referidos, se refieren a la suspensión de los actos reclamados en contra de los cuales procede el juicio contencioso administrativo, hipótesis que en el caso no se actualiza, dado que el medio de impugnación que procede en contra del acto reclamado en esta instancia el de recurso de revisión. Pero además, cabe precisar que la jurisprudencia invocada se refiere al texto del artículo 215 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, anterior a la reforma de quince de agosto del año en curso, siendo que actualmente la fracción III del referido numeral que exigía como requisito para la suspensión del acto impugnado, "que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación", ya fue derogado. En efecto, dicho precepto con la última reforma publicada en el periódico oficial el quince de agosto de dos mil veintitrés, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. (DEROGADA, P.O. 15 DE AGOSTO DE 2023)." Respecto de la determinación emitida en este asunto, es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Cabe precisar que el análisis de la causal de improcedencia antes mencionada, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J.22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Domicilio, autorizados y consulta de expediente Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados únicamente para tales efectos e imponerse de los autos, a las personas que menciona Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/********************, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente.

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