Laura Zhantelle Enriquez Niño
Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Zhantelle Enriquez Niño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido en línea, signado de manera electrónica por el Secretario del 3. Consejo de Salubridad General en suplencia por ausencia del Presidente de dicho Consejo, con sede en la Ciudad de México, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, provéase lo conducente: Se le tiene acusando recibo del oficio 7754 que contiene inserto el proveído de nueve de marzo del año en curso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta y uno de mayo del presente año feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de once de mayo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional por la menor quejosa de identidad reservada bajo iniciales R.P.E.. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de autos se advierte que se encuentra pendiente de tramitar el recurso de queja que intentó interponer por la Subdirectora de Área, adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del 2. Secretario de Salud, con residencia oficial en la Ciudad de México, en contra del acuerdo de dos de febrero de la presente anualidad; en consecuencia, se reserva de proveer lo conducente sobre el archivo del presente expediente, y respecto a lo previsto en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hasta en tanto se cumpla con el extremo anterior, o en su caso se resuelva el recurso de queja de mérito. Por último, para el caso de que se dé trámite al aludido recurso, y una vez que se encuentre integrado, remítase copia certificada del sobreseimiento por auto y del presente acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que por turno le toque conocer de la queja interpuesta en autos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos, se advierte que Laura Zhantelle Enríquez Niño promovió el presente juicio de amparo en representación de sus menores hijas de iniciales R.P.E. (quien actualmente cuenta con trece años de edad) y T.P.E. (de nueve años de edad cumplidos) contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, a quienes de manera destacada reclamó: La omisión de incluir a sus menores hijas a los programas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA BAJO LAS INICIALES R.P.E. En ese contexto, el que suscribe advierte que respecto de la infanta de iniciales R.P.E. (quien actualmente cuenta con trece años de edad) se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d) ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de donde se obtiene que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para los menores de doce años de edad o más sin comorbilidades, está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. De ahí que, ya se encuentra disponible el registro para que los menores de edad de doce años o más sin comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, con apoyo en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que la directa quejosa de iniciales R.P.E., a la presente fecha, cuenta con una edad de trece años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla) es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de doce años o más sin comorbilidad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares, han cesado en sus efectos, puesto que la menor quejosa de iniciales R.P.E., a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de doce años o más sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa menor quejosa de iniciales R.P.E.. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable respecto de la aludida menor, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". SEPARACIÓN DE JUICIOS En otro aspecto, como se dijo, Laura Zhantelle Enríquez Niño promovió el presente juicio de amparo en representación de sus menores hijas de iniciales R.P.E. (quien actualmente cuenta con trece años de edad) y T.P.E. (de nueve años de edad cumplidos) como se acredita con la copias de sus actas de nacimiento que se anexaron a la demanda de amparo, ante lo cual la promovente compareció a esta instancia constitucional contra actos del Presidente Constitucional de los estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, a quienes les reclama, de manera medular: La omisión de incluir a sus menores hijas a los programas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Siendo que en esta propia fecha se sobreseyó en el juicio en relación a la menor quejosa de identidad resguardada de iniciales R.P.E. (de trece años de edad) por los motivos previamente expuestos. Así, se tiene que, a la presente fecha aún no existe constancia de vacunación por la restante infante quejosa de iniciales T.P.E., de nueve años de edad, por no estar abierto el registro para ser inoculados los de su grupo etario con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. Por ello, en aras de facilitar la administración de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, se considera que en el caso y a este momento, procede la separación de la demanda en dos juicios individuales, por las razones que enseguida se exponen. En efecto, de la interpretación armónica y a contrario sensu de los artículos 66 de la Ley de Amparo, 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación, conduce a establecer que los autos que integran un juicio de amparo podrán separarse oficiosamente, cuando de ellos se advierta que se reclaman actos u omisiones de distinta naturaleza y desvinculados entre sí, atribuidos, como en la especie a una misma autoridad o a distintas autoridades y desvinculadas entre sí. Lo anterior, tiene su razón de ser en la facilidad que representa el manejo y resolución de asuntos en los que se controviertan actos u omisiones e incluso leyes aplicadas en distintos ámbitos territoriales o de distinta naturaleza, lo cual se refleja al proveer acerca del cumplimiento de fallos en los que se haya otorgado el amparo, pues los requerimientos destinados a ese fin, y el posterior pronunciamiento, versará sobre un sólo tema, acto y quejoso. Es pertinente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con dicho tema ha establecido el siguiente criterio: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". El propósito fundamental de la separación de juicios es la tramitación diáfana en los juicios de garantías, evitando el pronunciamiento de fallos complicados o confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, ya sea para sobreseer, negar o conceder el amparo y su cumplimiento, sino también en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Además, el trámite para la separación de juicios opera a instancia de parte o de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; lo cual responde a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de situaciones jurídicas diversas, esto es, de relaciones contractuales desvinculadas entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado. El trámite puede ser de plano o vía incidental, aplicando, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo a la acumulación. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". En el caso, si bien las infantes quejosas destacan en apariencia el mismo acto, en la medida que reclaman la omisión de ser vacunadas, dicho acto adquiere autonomía atento a que la relación jurídica que surge entre la autoridad suministradora o encargada de inocular a los menores quejosos y el destinatario de recibir la vacuna es individual, y por ende, el suscrito está obligado a pronunciarse en cuanto a la separación de autos, a partir de su autonomía y complejidad, con el propósito de que su trámite sea diáfano, claro, preciso y conciso, y sobre todo, en caso de una eventual concesión de amparo, el cumplimiento relativo, sea únicamente respecto de la restante menor amparista que aún se encuentre afectada en lo particular. En mérito de lo anterior, se decreta de oficio la separación del asunto en dos juicios (uno por la menor quejosa por el cual ya se sobreseyó en el juicio, y otro por la menor quejosa de iniciales T.P.E., que aún resta por ser vacunada, al no estar abierto el registro para ser inoculados los de su grupo etario con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19.). En ese sentido, el presente expediente versará únicamente sobre la menor quejosa de identidad resguardada de iniciales R.P.E.. En consecuencia de lo anterior, obténgase sendas copias certificadas de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente asunto, a fin de agregarse al expediente que habrá de formarse por la menor quejosa restante (identificada bajo las iniciales R.P.E.) una vez hecho lo anterior, dese cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de esta localidad, a efecto de que lo registre y lo turne a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. Lo anterior, pues el suscrito estima actualizadas las disposiciones que regulan el conocimiento previo de los asuntos originados con la separación de juicios decretada en el presente acuerdo, conforme a la publicación de veintiuno de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que entró en vigor a los treinta días siguientes a su publicación, conforme al artículo primero transitorio de tal ordenamiento; específicamente, los supuestos previstos en los artículos 45, fracción II, y 46, fracciones II y IV. En esas condiciones, para fines del presente juicio de amparo 79/2022, que quedará radicado únicamente respecto de la menor quejosa de identidad resguardada de iniciales R.P.E., y por quien, como ya se sobreseyó en el mismo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada en proveído de veintidós de marzo pasado, a saber, las nueve horas con cuarenta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene informando las gestiones tendentes a dar cumplimiento con la suspensión de plano decretada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad oficiante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese en términos de ley.
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