Laura Yesenia Ocampo Torrealba
Expediente 1420/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Yesenia Ocampo Torrealba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución de anexo autoridad responsable Finalmente, tomando en consideración que de autos de advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias remitidas por la autoridad responsable y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El doce de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 109130512072. CUARTO. El catorce de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 356/2021, y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Aguascalientes ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales relamadas," "Ley de ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes Ayuntamiento de Aguascalientes del Estado de Aguascalientes Tesorero del Ayuntamiento de Aguascalientes del Estado de Aguascalientes Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109130512072. Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Asimismo, se surte la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de este juicio, en virtud de que en la demanda inicial se reclamó la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de un cobro centralizado, además de que se señalaron a tesoreros de diferentes Municipios, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del Estado de Aguascalientes: La inconstitucionalidad del artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno, así como su artículo décimo primero transitorio. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Aguascalientes, Aguascalientes: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 109130512072. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Congreso y Gobernador del Estado de Aguascalientes, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Por otra parte, el Secretario de Finanzas y la Presidenta Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, negaron el acto que se le atribuye. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con base en las manifestaciones que realizan en los propios informes, así como en las documentales aportadas por la Comisión Federal de Electricidad, en las cuales es posible apreciar la existencia del cobro del servicio integral de iluminación municipal, a partir de la información que obra en el Sistema Comercial de la Comisión Federal de Electricidad (SICOM). Conviene señalar que la propia dependencia refiere que el pago es por concepto de Sistema Integral de Iluminación Municipal "SIIM", y que dicho pago se realizó mediante una cobranza centralizada. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al respecto, se tiene que el Congreso del Estado de Aguascalientes invocó como causales de improcedencia, las previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, por considerar que el presente juicio es extemporáneo. Para tal efecto refiere que, la quejosa debió combatir la ley que en este juicio reclama dentro del plazo de quince días siguientes al primer acto de aplicación. Sin embargo, tal causal de improcedencia es infundada como a continuación se expondrá: Si bien el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda es de quince días, la autoridad pierde de vista dos puntos importantes: Que el quejoso realizó un pago por transferencia electrónica derivada del sistema de cobro centralizado con la Comisión Federal de Electricidad, y Que el pago centralizado se llevó a cabo el quince de febrero de dos mil veintiuno. Es decir, a través del pago centralizado que efectuó el quejoso se aplicó el precepto tildado de inconstitucionalidad, tal y como se desprende de los recibos digitalizados en el escrito inicial que se muestran a continuación: De este modo, si el primer acto de aplicación de la ley reclamada aconteció el quince de febrero de dos mil veintiuno, el plazo de quince días hábiles para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciséis siguiente al ocho de marzo del mismo año, descontando los sábados y domingos por ser inhábiles, conforme al calendario siguiente: Febrero Marzo D L M X J V S D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 Ahora bien, si la demanda de amparo fue presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el ocho de marzo de dos mil veintiuno, puede concluirse que ella fue promovida dentro del término general previsto en el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la representación del ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, invocó que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, debido a que de las constancias que remitió la quejosa, no se advierte la participación directa de esa autoridad para determinar y recaudar el cobro del Servicio Integral de Iluminación Municipal. Tal causal de improcedencia es infundada en atención a lo siguiente: De la revisión efectuada a las constancias remitidas por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos se desprende que la Presidenta Municipal y el Síndico Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, firmó un convenio con el apoderado legal de la mencionada empresa estatal para recaudar el cobro del Servicio Integral de Iluminación Municipal. De esta forma, se desvirtúan las manifestaciones de dicha autoridad, pues aun cuando no partición en la determinación o recaudación de la contribución reclamada, sí suscribió un convenio para que la Comisión Federal de Electricidad realice la recaudación de esas cantidades. En consecuencia, al no existir diversa causal de improcedencia que esta autoridad advierta o propuesta por las partes, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamad obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio se presta a, y es aprovechado por, todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 1. Dicho argumento resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, en razón a las siguientes consideraciones: Los actos reclamados en este juicio consisten en el pago del "Derecho de Alumbrado Público", tomando como base el consumo eléctrico. Sin embargo, este tipo de contribuciones han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En todo caso, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, ya que en este tipo de "derechos", no existe relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. En consecuencia, los derechos por servicio de alumbrado público son verdaderas contribuciones establecidas por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución general. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". Ahora bien, del análisis a las constancias que obran en autos se desprende que el cobro de la contribución reclamada se realizó conforme a lo previsto en los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021. Dichos preceptos establecen respectivamente, que el cobro del Servicio Integral de Iluminación Municipal, como "beneficio fiscal", se calculará sobre el nueve punto cinco por ciento (9.5%) del consumo de la energía eléctrica del servicio a nombre de la parte quejosa, o bien, que se podrá realizar una aportación "voluntaria" en beneficio de la comunidad municipal hasta en un máximo del mismo porcentaje. Sin embargo, esa contribución es inconstitucional, pues, contrario a lo sostenido por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe una relación lógica entre el objeto -consumo de la energía eléctrica- y la base -cantidad que debe pagarse por el alumbrado público- del concepto reclamado. Por tanto, se trata de una verdadera contribución establecida por el congreso local al consumo de energía eléctrica con lo cual se invaden las facultades de la federación, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general. Por lo antes expuesto es que en el presente asunto debe concederse el amparo y protección de la justicia federal. Debe mencionarse que, la parte quejosa acreditó haber cubierto la contribución impuesta mediante el cobro del porcentaje relativo a la cuantificación del consumo de energía eléctrica establecido en el mencionado precepto. Dicha situación se corrobora con las constancias que remitió la CFE Empresa Productiva Subsidiaria, con las cuales se aprecia el pago por concepto de "Importe DAP", realizado de manera conjunta con el correspondiente al servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa hubiere realizado un pago centralizado, pues en todo caso, al realizar esa erogación, también cubrió lo correspondiente por el derecho de alumbrado público relacionado con el número de suministro de energía eléctrica motivo de este juicio. Por otro lado, no pasa inadvertido lo argumentado por el Congreso responsable, en el sentido de que el cobro por el importe reclamado se realizó con base en el artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general, por lo que no se grava el consumo de energía eléctrica, sino los servicios para que el alumbrado público funcione. Sin embargo, la interpretación realizada por la autoridad responsable a dicho precepto es incorrecta. En efecto, el artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general establece que, las legislaturas de los Estados podrán fijar las contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público). Pero la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021 que contemplan un pago por el Sistema Integral de Iluminación Municipal radica en que el cobro de la contribución de ese concepto se aplica directamente al consumo de energía eléctrica de los particulares, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general, por tratarse de una facultad reservada a la federación. Es decir, este órgano jurisdiccional no desconoce que el congreso local tiene facultades para implementar el pago del derecho de alumbrado público, siempre y cuando observe el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV constitucional. No obstante, la contribución por ese concepto no podrá realizarla con cargo al recibo de suministro de electricidad de las y los gobernados, pues, como se sostuvo en líneas anteriores, no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. Por lo antes expuesto, este juzgador estima innecesario entrar al estudio del resto de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente sentencia, además de que no se obtendría un mayor beneficio al alcanzado en esta determinación. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para los siguientes efectos: El Secretario de Finanzas de Aguascalientes, Aguascalientes en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 109130512072, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $83.08 (ochenta y tres pesos 08/100 m.n.). No se le apliquen los preceptos impugnados respecto del periodo en el que estén vigentes y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno) En el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy ocho de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Congreso del Estado de Baja California, a través del cual rinde informe justificado; sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso, se tuvo por rendido el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Eloysa Torices Blanco, encargada de la Presidencia de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa y adjunta las constancias conducentes para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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