Laura Viridiana del Valle Barrera
Expediente 1429/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Viridiana del Valle Barrera
- LAURA VIRIDIANA DEL VALLE BARRERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, la copia certificada de las constancias que anexó a su informe justificado, con las cuales se formaron los anexos I, II y III; lo anterior, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, con el objeto de que los mismos puedan ser reutilizados; sin que exista necesidad de exigir acuse de recibo por escrito, pues basta para ello el sello de su recepción que para tales efectos se asiente en la constancia de notificación respectiva. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, la cual dice: Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciocho. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 1429/2017; promovido por Laura Viridiana del Valle Barrera, y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y remitido al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Laura Viridiana del Valle Barrera, por propio derecho y como Regidora del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se señalan: Autoridades responsables: Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Actuario adscrito a la Primera Sala arriba mencionada. Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado. Directora General de Recaudación del Estado; y Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Subsecretaría de Ingresos del Estado. Todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "A. AUTORIDAD ORDENADORA. 1. Del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la imposición de una multa consistente en cuarenta días de salario mínimo general vigente en el dos mil dieciséis, por la cantidad de $3,676.00 (tres mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) emitida dentro del expediente TCA/1AS/61/12, así como sus efectos y consecuencias. B. AUTORIDAD EJECUTORA.A quienes reclamo la inminente orden de ejecutar los actos reclamados dentro del expediente TCA/1AS/61/12, así como sus efectos y consecuencias.". SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda; registró en el libro de gobierno con el número 1429/2017; pidió informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al representante Social de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo el tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo contra autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: La imposición de una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en virtud de no dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuó el treinta de junio de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente del juicio administrativo TCA/1ªS/61/12. b) La ejecución de la orden de hacer efectiva la multa impuesta. Al respecto, el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y el Fedatario público adscrito a dicha autoridad, al rendir su respectivo informe con justificación aceptaron el acto que se les reclama (f.54 a 58 y 80 a 84), en el ámbito de su respectiva competencia, por lo que el mismo se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el Titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el Titular de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el Notificador y Ejecutor Fiscal de la Dirección General de Recaudación, aceptaron la existencia del acto reclamado atribuido por el quejoso. TERCERO. Por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente al fondo del asunto, se procede a realizar el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que hace al acto reclamado consistente en la imposición de una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en virtud de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva, y la ejecución de la orden de hacer efectiva la multa impuesta, este órgano de control constitucional, advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce al sobreseimiento con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley reglamentaria, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, como así se acreditará en párrafos subsecuentes. Para satisfacer el propósito anunciado ha de estarse a lo que al respecto establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". En la disposición transcrita, se establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, que consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente. Este principio, aunque tiene varias excepciones, entre las que sobresalen el supuesto del amparo contra leyes y el promovido por persona extraña a juicio, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él, es necesario agotar en la vía ordinaria procedente, los recursos que procedan. Así lo ha establecido el Pleno y la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales números 447 y 451, en la quinta época, visibles en el Apéndice de 1995, tomo VI, páginas 297 y 300, respectivamente, que dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". En la especie, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia que se transcribe, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en la imposición de una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en virtud de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil catorce, dictada en el expediente del juicio administrativo TCA/1ªS/61/12; es susceptible de impugnarse mediante el recurso de reclamación, en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Para explicar lo anterior, se precisa que las constancias remitidas por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al caso, en términos, de lo dispuesto por el diverso 2°, de la Ley de Amparo; se advierte el contenido del auto de treinta de junio de dos mil dieciséis (f. 883 a 885 del anexo I), en el que, en la parte que interesa, se determina lo siguiente: "[.] Cuernavaca Morelos, treinta de junio de dos mil dieciséis. En atención al contenido del escrito de cuenta,. es procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis y se impone a las autoridades H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS a través de su SÍNDICO MUNICIPAL Y ASESOR JURÍDICO DE LA SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, AUTORIDAD VINCULADA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS Y SUPERIOR JERÁRQUICO CABILDO MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS A TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD, REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS, REGIDORA DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, REGIDORA DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS, POBLADOS Y TURISMO, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y DESARROLLO ECONÓMICO, REGIDOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS, REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TODOS DE CUAUTLA, MORELOS, UNA MULTA EQUIVALENTE A CUARENTA DIAS DE SALARIO MÍNIMO GENERALVIGENTE EN LA ENTIDAD, con total apoyo en lo dispuesto por el artículo 48, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; gírese el oficio correspondiente a la Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para que tenga a bien ordenar se haga efectiva la multa impuesta, debiendo informar a esta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del procedimiento administrativo de ejecución que para dichos efectos se realice. [.]". Ahora, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: "Artículo 132. El recurso de reclamación procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia sala, excepto cuando por disposición de esta Ley no proceda recurso alguno". "Artículo 133. El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". "Artículo 134. Del escrito de reclamación se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, la sala resolverá lo que en derecho proceda". Se concluye que en contra del acto que la quejosa reclaman al Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, responsable en esta instancia constitucional, procede el recurso de reclamación; por lo que resulta inconcuso que si la agraviada Laura Viridiana del Valle Barrera, estima que el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis (f. 883 a 885 del anexo I) mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, consistente en una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en virtud de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva, dentro del juicio administrativo TCA/1ªS/61/12; no cumple con las exigencias de la ley, debieron haber agotado, previo al juicio de garantías, el recurso de reclamación establecido en el ordenamiento legal anteriormente invocado. Lo anterior es así porque de tales disposiciones se obtiene, que en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia sala, procede el recurso de reclamación; de ahí que el presente juicio de amparo sea improcedente, en virtud de que los justiciables no agotaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sobre todo porque con dicho recurso de reclamación se pudo haber dejado sin efectos la resolución reclamada. Máxime que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se habrá de promover el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. En ese sentido, si en la especie la quejosa reclama el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, consistente en una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en virtud de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva, dentro del juicio administrativo TCA/1ªS/61/12; sin haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por la ley de la materia (recurso de reclamación), es claro que en el presente juicio no se puede analizar tal aspecto, puesto que de pasar por alto las consideraciones derivadas del principio de definitividad, que en lo esencial se expusieron con anterioridad, las partes dentro del juicio ordinario no tendrían la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción; el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador ordinario. En ese tenor, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia sala, ya que las mismas pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas mediante el recurso de reclamación que se interponga ante la propia sala que dictó la resolución reclamada, lo que no se cumplió en la especie, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal invocado con anterioridad. Sirve de apoyo el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página quinientos veintiuno del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, correspondiente al mes de Mayo de 1994, de la Octava Época, en la que literalmente se dispone: "RECURSOS. AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL JUICIO, DEBEN AGOTARSE LOS.- Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin que sea necesario esperar a que se resuelva el juicio para hacer valer esas violaciones procesales en el juicio de amparo directo, precisamente por la gravedad de su ejecución; esta circunstancia, de ninguna manera exime al quejoso de agotar, contra dichos actos, los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 107 constitucional que consagra el principio de definitividad, cuya omisión sanciona el diverso numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; de ahí que para la procedencia del amparo biinstancial se requiera, no únicamente que la ejecución de los actos reclamados cause daños de imposible reparación, sino que, además, sean agotados los medios de defensa legal cuando los referidos actos sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados". Asimismo, la tesis número IV.4o.2K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página seiscientos cincuenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, agosto de 1997, de la novena época, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA QUE PROCEDA EL AMPARO EN SU CONTRA DEBEN AGOTARSE LOS RECURSOS ORDINARIOS. Es distinto el concepto de imposible reparación a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y el de condición de definitividad de una resolución, a que alude la fracción XIII del artículo 73 del mismo ordenamiento, pues mientras que aquel concepto deriva de que el acto de que se trate afecte los derechos sustantivos del quejoso, lo que caracteriza a una resolución definitiva es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que aun tratándose de un acto de imposible reparación, resulte indispensable agotar los recursos ordinarios que la ley contemple, antes de acudir al amparo". Confirma lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada como 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 1, diciembre de 2013, tomo I, en la página 350, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por último, se comunica a las partes que a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional y en acatamiento de la jurisprudencia 2a./J. 67/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la presente resolución la dicta el secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de juez de Distrito. Autorización contenida en el oficio CCJ/ST/6913/2017, del cual se ordena agregar copia certificada a los autos para los efectos legales conducentes. CUARTO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1° fracción I, 61, 62, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Laura Viridiana del Valle Barrera, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por los motivos expuestos en el considerativo tercero del mismo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, Secretario que autoriza y da fe, hoy, doce de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito signado por Hansel Francisco Antonio |Rojas Brito, en su carácter de apoderado legal de la tercero interesada Francisca Valerdi Juárez, personalidad que se acredita en términos de las constancias que anexó la autoridad responsable Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a su informe justificado, a través del cual se apersona a este juicio de amparo, señala domicilio y autoriza persona. Atento a su contenido, se tiene a Francisca Valerdi Juárez, por conducto de su apoderado legal, por apersonada a este juicio con el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, por autorizado para los mismos efectos a la persona que propone. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva. De igual manera, se hace de su conocimiento que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, se prohibe el uso de cámaras fotográficas, así como de cualquier aparato electrónico para reproducir los acuerdos que se emitan en el presente juicio de amparo; en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, los INFORMES JUSTIFICADOS que rinde el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y Actuario adscrito a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la primera anexa copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado; con su contenido, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de las autoridades responsables, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designan en su informe, y por señalado el domicilio que indican, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitidas las pruebas que ofrece consistente en la copia certificada de las constancias que anexa a su informe justificado, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Atendiendo al volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las mismas se ordena formar tres anexos que se denominarán anexo I, anexo II y anexo III, respetándose el folio, la rúbrica y el entresello que obran en los mismos. De las constancias anexas se desprende que en el presente juicio de amparo le asiste el carácter de tercera interesada a *****, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora, constituye un hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo número 512/2017, del índice de este Juzgado Federal, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. [...] En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para que con una copia de la demanda de amparo emplace a la citada tercera interesada, requiriéndole para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se apersone a este juicio de amparo y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, haciéndole saber la hora fecha para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Apercibiéndola que de no hacerlo, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor; facultándose al actuario adscrito para que se constituya incluyendo en días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la tercero interesada.
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El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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