Laura Virginia Sánchez Núñez y Otros.
Expediente 987/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2022
Partes del expediente
- Laura Virginia Sánchez Núñez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos las constancias de notificación signadas por el actuario judicial de la adscripción, de las cuales se advierte que las directas quejosas xxxx, esta última precisó que su nombre correcto es xxxx, no ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por xxxx, además se advierte que éste dio fe de la integridad física de las quejosas, de la cual no presentaban lesión alguna. En efecto, de la diligencia de cuenta se desprende que las inconformes, en relación al requerimiento de la ratificación de la demanda promovida en su favor, manifestaron al actuario de la adscripción que no es su deseo ratificarla. Atento a lo anterior, se advierte la voluntad de xxx, de no ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por xxxx; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, por lo que SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado, así como los oficios librados en dicho acuerdo. En ese sentido, notifíquese únicamente a la autoridad responsable 1., la presente determinación; sin que haya lugar a comunicar a las restantes autoridades señaladas como responsables lo anterior, ya que éstas no fueron notificadas, en atención a que ante la localización de las directas quejosas se realizó primero su notificación, y al no haberla ratificado esto resultó ocioso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de agosto de dos mil veintidós. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Xxxx, en favor de Xxxx, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Director de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 3. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas de Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 4. Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas de Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 5. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad Con sustento en lo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional, y 15 de la Ley de Amparo, se tiene por PRESENTADA la demanda de referencia, y se reserva proveer en cuanto a su admisión, una vez que sea ratificada por las personas antes mencionadas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 987/2022-3. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, tomando en consideración que el promovente señala como acto reclamado, entre otros, la incomunicación, el cual se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, debe emitirse pronunciamiento respecto de la suspensión de plano. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que de inmediato cesen los actos de incomunicación, de que están siendo objeto y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere el promovente se están realizando en perjuicio de Xxxx. Ahora, a fin de proveer sobre la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en: la detención, aseguramiento y alojamiento de las quejosas en una estación migratoria con fines de deportación, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 1 constitucional, en México los derechos fundamentales deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, preferencias y en el presente caso se destaca la nacionalidad. De conformidad con el artículo 1 constitucional, en México los derechos fundamentales deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, preferencias y en el presente caso se destaca la nacionalidad. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que la titularidad de los derechos humanos en México deriva de la dignidad humana y no de la nacionalidad, y menos de la regular estancia de las personas en territorio nacional. De ahí que en México, de acuerdo con el mencionado precepto constitucional, ninguna persona puede considerarse ilegal, ya que la dignidad de todo ser humano es la fuente de la titularidad universal de los derechos humanos, destino es que, para efectos de regulación administrativa, los extranjeros deben reunir una serie de requisitos formales para entrar a territorio nacional. Lo que adquiere singular relevancia, dado que los actos reclamados y sus consecuencias pueden afectar directamente derechos sustantivos de los promoventes como son la libertad personal, entre otros, ya que se encuentran sometidos legalmente a la competencia de la autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren migrantes y sujetos de protección internacional, ha establecido que atendiendo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los migrantes son titulares de derechos, por lo que el Estado debe respetar y garantías sus derechos humanaos, independientes de su situación migratoria. Reiteró que este grupo está en desventaja por diversos factores, como el que no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, el idioma y las leyes nacionales, entre otras, tal situación de vulnerabilidad se agrava cuando se presentan distintos supuestos de discriminación combinadas, es decir, la discriminación interseccional, lo que hace necesaria la promoción del acceso a la justicia de las personas extranjeras, el cual se perfila como derecho a favor de las personas migrantes desde la ratificación de México en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en el novecientos noventa, la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de mil novecientos cincuenta y uno en dos mil y los cambios a la Ley General de Población. Asimismo, estableció que se deben emplear las reglas de actuación que resultan aplicables en cualquier caso que involucre a personas migrantes, lo anterior con la finalidad de evitar el retraso en las resolución judiciales y administrativas que signifiquen un obstáculo para el acceso a otros derechos humanos, especialmente para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Además, ha sostenido que cuando los juzgadores conozcan de un asunto en el que se encuentre involucrada una persona migrante o extranjera, será de suma importancia que se cercioren sobre el cumplimiento de este derecho por parte de la autoridad migratoria. Para ello, se debe tener en consideración que el derecho a la comunicación y asistencia pretende ser un medio efectivo para compensar el desconocimiento de la persona extranjera acerca del entorno cultural y social que la rodea, evitar abusos en su contra, lograr su efectiva comunicación con otras personas, así como prestarle asistencia que le permita comprender la situación en la que está inmersa y ejercer efectivamente sus derechos dentro del procedimiento respectivo. En esa tesitura, con la finalidad de resguardar, proteger y garantizar los derechos de los quejosos, se reconoce que de acuerdo con la legislación migratorio existen diversos escenarios en los cuales puede colocarse la persona que acude a juicio de amparo, y en cuyo caso, se tienen que llevar a cabo medidas específicas para su protección, así como la actuación de la autoridad administrativo se deberán regir por el procedimiento que incluso ya conoce. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en principio, los Estados tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio. Sin embargo, ha precisado que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, pues lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Por ende, ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, sino que sólo deberán ser utilizadas para asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación, y únicamente durante el menor tiempo posible. Además, ha indicado que es esencial que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para tales fines. En el caso, se estima que los aquí quejosos por su sola condición de migrantes, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. En ese sentido, de conformidad con lo previsto por los artículos 15 y 126, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión de plano, para los siguientes efectos: a) Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección Internacional", la suspensión se concede para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, sin perder de vista el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración, que se sigue a efecto de resolver la situación migratoria de las personas extranjeras cuya estancia en el país es irregular. b) Pongan en inmediata libertad a las quejosas, dictando la medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación). Lo anterior, siempre y cuando las quejosas no evadan al cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria, asilo político, por lo que la autoridad responsable deberá dictar las medidas que estime pertinentes. Ello en concordancia con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus denominado COVID-19, que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Asimismo, deberá requerir a las quejosas para que proporcionen a esa autoridad administrativa el domicilio en donde puedan ser localizadas, el cual deberá encontrarse en la ciudad en el que se les trámite el procedimiento administrativo, así como de los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esa demarcación. En ese tenor, se deberá indicar a las quejosas que no podrán abandonar la demarcación geográfica en la que se encuentran o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad administrativa. Además, deberán solicitar toda la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. Preponderando la aplicación de cualquier otra medida que estime pertinente a fin de garantizar el cumplimiento de la presente medida cautelar, siempre que dicha medida no implique una privación o restricción del derecho a la libertad personal. En el entendido que el anterior efecto y medidas, quedan bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad administrativa. c) Respecto a la estancia de las quejosas en el país, se concede la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y las responsables, de ser el caso, no procedan a su expulsión o deportación del territorio nacional o se abstengan de devolverlas a su país de origen; es decir, permanezcan en territorio nacional, independientemente de la denominación o figura bajo la cual se pretenda devolverlas a su país de procedencia, sea cual fuere su situación migratoria (sin previo procedimiento administrativo que sea aplicable al caso). d) Se les brinde un asesor legal que le otorgue apoyo jurídico para los procedimientos administrativos que requieran, como el caso de la legalización de su situación migratoria o los procedimientos en búsqueda del reconocimiento de refugiado. e) De inmediato se dé aviso a sus familiares o abogados y se les permita la comunicación con éstos en el lugar en el que se encuentren físicamente las quejosas, de conformidad con los procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso, es decir, para que cese, en su caso, la incomunicación a la que pudieran estar siendo sujetas. f) Así como todos aquellos que tengan como fin conservar a dignidad, vida e integridad física de las promoventes. En el entendido que se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya o pretenda ejecutar total o parcialmente los actos citados por la parte promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL. Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que contiene el derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es el resultado del consenso internacional de que los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al ser detenidos por una autoridad y sometidos a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño. Así, el derecho aludido representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional: 1) afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen; y, 2) la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso. En ese sentido, la importancia de este derecho fundamental ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la Opinión Consultiva OC-16/99, intitulada "El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal", en la que se estableció que el derecho a la asistencia consular es parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, por lo que debe reconocerse y considerarse en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia, en el Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México Vs. Estados Unidos de América), reconoció que el artículo 36 referido consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico para reparar a los extranjeros las violaciones a este derecho. 1 " Así como la diversa, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la 1 Registro digital: 2015593, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 94/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 202, Tipo: Jurisprudencia. suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo.2 " Ahora, por lo que hace a su solicitud de girar oficio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a efecto de que señale la posibilidad de recibir la custodia provisional de los quejosos, por el momento se estima innecesario, en virtud de los efectos de la suspensión de plano otorgada a favor de las directas quejosas. RENDICIÓN DE INFORMES AL JUZGADO. Dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento de este órgano de control constitucional la forma y términos en que hayan acatado la suspensión, en la inteligencia que la violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (...) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 170578, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: P./J. 80/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo, XXVI, Diciembre de 2007, página 15, Tipo: Jurisprudencia. Por lo que de consumarse los actos reclamados, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. PREVENCIÓN Ahora, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracciones I y III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, cumpla con lo siguiente: a) Toda vez que señaló como acto reclamado la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, manifieste si desea señalar como responsables a las autoridades que tuvieron intervención en el proceso legislativo de la normas que tilda de inconstitucional (discusión, expedición y promulgación), para lo cual deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de demanda para correrles traslado. Lo anterior se estima necesario, a fin de cumplir con los requisitos que exige el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, y para que este órgano de control constitucional pueda analizar la legalidad de los actos reclamados sin que se violen las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo la tesis3 número P. CXI/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, registro 194895 página 242. 11/02/25 De igual forma, el promovente deberá subsanar lo siguiente: b) Precise el lugar en el que se encuentran alojadas las directas quejosas. Ello, en razón de que en el apartado del acto reclamado el promovente refiere que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, y por en el punto VII, que se encuentra en la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas, del Instituto Nacional de Migración, con domicilio ubicado en Libramiento Norte Oriente, sin número, Las Palmas, en esta ciudad, lo que resulta incongruente. Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia4 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". APERCIBIMIENTO Se apercibe a las directas quejosas que en caso de no dar cumplimiento a las prevenciones señaladas, se proveerá lo conducente sobre la admisibilidad de la demanda en los términos inicialmente propuestos. 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, registro 189977, página 79. No obstante a la incongruencia del lugar que refiere el promovente se encuentran las quejosas, se comisiona al Actuario judicial adscrito para que de inmediato, realice la búsqueda de los directas quejosas Xxxx, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad; o en cualquier otro donde pudieran encontrarse detenidas, y una vez que las encuentre, les requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada en su favor, apercibidas que de no hacer manifestación alguna o transcurrido el término, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Asimismo, se ordena al actuario judicial para que de fe de la integridad física de los peticionarios, esto es, deberá asentar en la diligencia si éstos presentan huellas de tortura o maltrato físico, incluso, podrá indagar con las autoridades que las tengan a su disposición, si tienen conocimiento de que las impetrantes hayan sufrido alguno de estos actos; adecuando su actuación conforme a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en asuntos que involucran hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos. En caso de que no sean localizados las directas quejosas, se comisiona al fedatario para que en el acto de la notificación del presente auto, solicite a la responsable le informe el sitio en donde aquellos pudieran encontrarse, a fin de que este órgano jurisdiccional acuerde lo conducente. RECEPCIÓN DE OFICIOS EN ESTA CIUDAD Se previene a las autoridades en turno para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban los oficios dirigidos a las autoridades aunque no estuviesen en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el segundo de los citados artículos, se tendrá por legalmente hecha la notificación a la autoridad a la que va dirigida la comunicación, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. En ese sentido, se faculta al actuario de la adscripción, para que, en caso de que las denominaciones que aparecen en cualquiera de los oficios a través de los cuales se comunica este proveído, así como los subsecuentes, sea incorrecta, se sirva testar las mismas, y en su lugar, señala sus denominaciones debidamente; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios derivados de este sumario DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Se reserva proveer respecto de los autorizados, en tanto sea ratificada la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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