Laura Virginia Escobar
Expediente 1344/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2022
Partes del expediente
- Laura Virginia Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta, signado por la Jueza Primera del Ramo Civil, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con el cual devuelve diligenciado el despacho 206/2022, orden 411/2022, de este índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el oficio con anexo de cuenta, únicamente para que obre, como legalmente corresponda; ello, toda vez que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, aunado a que por el diverso emitido con fecha de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo de este sumario como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vistos: I.- El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza de Distrito Ana Luisa Mendoza Álvarez, como Titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II.- La certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin haber sido recurrido el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Respeto al punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la Titular de este Juzgado. Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 104/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Tocante al punto II, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACION DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina es susceptible la destrucción del expediente en que se actúa, conforme al ordinal 12, del precitado Acuerdo, al actualizarse la hipótesis contenida en su artículo 21, inciso a), en relación con su precepto 35, de dicho Acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; además, a juicio de la suscrita juzgadora, no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo de remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. RELEVANCIA Y DOCUMENTOS. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por la Jueza Primera del Ramo Civil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el cual informa ordenó acusar de recibo el despacho número 206/2022, orden 411/2022, de este índice, emitido el tres de octubre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta, únicamente para que obre como legalmente corresponda; ello, toda vez que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta, signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinden su informe justificado y adjuntan constancias al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos la comunicación de cuenta y su anexo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable oficiante, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite como medio de prueba la documental exhibida, consistentes en copia certificada del laudo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral J/O/1053/2018, del índice de la Junta responsable, la cual se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica y en su oportunidad será valorada. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral J/O/1053/2018, se estima que este juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en él, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que se acreditará a continuación. En esas condiciones, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo: obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de los derechos humanos; negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, en el proceso constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho constitucional violado; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la parte quejosa reclamó de la Junta responsable la omisión de dictar laudo en el juicio laboral J/O/1053/2018 y su notificación. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable dictó el laudo cuya omisión se reclamó en la demanda de amparo, como se corrobora con las documentales atinentes. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de dictar el laudo de mérito y su notificación, mismo que ya se emitió y se ordenó su notificación. Empero, lo anterior fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, con el dictado del laudo en el juicio laboral número J/O/1053/2018, en el que entre otras cosas, condenó a diversas prestaciones a la parte demandada y se le absolvió de otras; además, ordenó se notifique a las partes dicha resolución definitiva. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 193758: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo, respecto de los actos aquí analizados, reclamados a la autoridad responsable, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. No es óbice para arribar a lo anterior que aún no se cuente con el emplazamiento de la parte tercera interesada, ordenado mediante el despacho 206/2022, orden 411/2022; sin embargo, ello no trasciende al resultado de la presente determinación, pues el presente asunto fue sobreseído, al actualizarse una causal de improcedencia y no por haberse omitido su emplazamiento, amén de que se considera que dicho fallo no causa perjuicio a sus intereses. De ahí que se considere, a ningún fin práctico llevaría esperar el emplazamiento de los terceros interesados, pues ello no variaría el sentido de la presente resolución. Apoya a esta consideración, la tesis: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Además, lo anterior traería como consecuencia negativa, el dispendio de recursos económicos y materiales y el retraso en la impartición de justicia. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional en este juicio de amparo, misma que estaba señalada para las diez horas con quince minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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