Laura Victoria Reyes Cruz

Expediente 1700/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1700/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Laura Victoria Reyes Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el dos de septiembre del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1700/2022-VIII-A, promovido por Laura Victoria Reyes Cruz, en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el trece siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Laura Victoria Reyes Cruz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo escrito aclaratorio, por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 1700/2022-VIII-A, se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La ilegal retención, aseguramiento o decomiso, del vehículo marca Dodge, tipo Attitude SE MT, transmisión manual, modelo 2020, color blanco, con número de serie ML3AB26J3LH006698, número de placas DKA 7851, del Estado de Campeche, el cual se encuentra en poder de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (promoción 17087), sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, respecto de los actos reclamados, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe ley. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser cuestión de orden público, ya sea por solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente, por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, para justificar la actualización de la causal en estudio, resulta pertinente relacionar las constancias certificadas que allegó el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; de las que se advierten como antecedentes, los siguientes: 1.- El día ocho de febrero de dos mil veintidós, en el área de vialidad del aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida, Hilario Isai López García, quien se encontraba prestando el servicio público de autotransporte federal de pasaje sin permiso, en infracción al artículo 8 fracción I y 74 bis, fracción III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, motivo por el cual se le impuso una infracción de 500 U.M.A., mediante boleta de infracción 7100969, emitida por el suboficial G.N. Miguel Antonio Martínez Castañeda. 2.- Asimismo, tuvo conocimiento de la infracción por medio de la cedula de notificación número 15/2022, de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós y se aseguró el vehículo marca Dodge, tipo Attitude SE MT, transmisión manual, modelo 2020, color blanco, con número de serie ML3AB26J3LH006698, número de placas DKA 7851, del Estado de Campeche, quedando a disposición del titular de la Estación Mérida de la Guardia Nacional y de la oficina de infracciones para los trámites correspondientes de liberación. Lo anterior, se acredita, con la copia certificada de la boleta de infracción, cedula de notificación, acta circunstanciada de remisión de vehículos para el servicio de depósito de guardia y custodia a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y formato de inventario de vehículo, que acompañó a su informe justificado. Ahora bien, en este punto, es menester precisar que en el presente juicio de amparo indirecto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la retención, aseguramiento o decomiso, del vehículo marca Dodge, tipo Attitude SE MT, transmisión manual, modelo 2020, color blanco, con número de serie ML3AB26J3LH006698, número de placas DKA 7851, del Estado de Campeche, el cual se encuentra en poder de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, manifestando bajo protesta de decir verdad en el apartado de los hechos o abstenciones de los actos reclamados, que tuvo conocimiento por primera vez de los actos que impugna el ocho de febrero de dos mil veintidós; máxime que refiere que estuvo presente en el momento en el que ocurrieron los hechos, ya que hizo referencia a que se encontraba en la parte trasera del vehículo ya mencionado, el cual era conducido por su esposo. Así, de lo anteriormente expuesto, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso para cuando promovió la quejosa su demanda. Se afirma lo anterior, dado que dicha notificación que se le realizó surtió efectos el nueve de febrero del presente año, por lo que el citado plazo de quince días comenzó a computarse el diez de febrero y culminó el dos de marzo de dos mil veintidós, sin contarse los días sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles, y por tanto, no corrieron los términos de ley acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo a estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el doce de julio de dos mil veintidós, según se desprende de la boleta de registro correspondiente, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido con exceso el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados fueron tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que genera se actualice la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, acorde con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la misma ley; lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Laura Victoria Reyes Cruz, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Laura Victoria Reyes Cruz, en contra de los actos que reclama del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe justificado rendido por el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte, las documentales que anexa a su escrito de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se reservan para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado de la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, rendido por conducto del Director Jurídico de la citada Secretaría, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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