Laura Valadez Vázquez
Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Laura Valadez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo en el que se desechó la demanda planteada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que se desechó la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por último, remítanse al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado DE GUERRERO (autoridad responsable) los autos originales del expediente 133/2019, cuaderno auxiliar de amparo y cuaderno de incidente de suspensión (tres tomos) que adjuntó a su informe justificado; mismos que remitió el Segundo Tribunal colegiado en Materias Penal y Administrativa del vigésimo Primer circuito con motivo de la incompetencia planteada. Solicitándole el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio, se advierte que de acuerdo a las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, de treinta de enero, seis, trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, suspendiéndose las labores jurisdiccionales para los periodos comprendidos del uno febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reforma el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. Asimismo, en la antes citada circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que interesa, se comunicó lo siguiente: I. En relación con Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Guerrero (Vigesimoprimer Circuito) se determina: 1. Los días 2 y 3 de marzo de 2021 se aplicará un breve régimen de transición, . 2. Los días 2 y 3 de marzo de 2021, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. ... 5. A partir del 4 de marzo de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En ese contexto, en cumplimiento al referido Acuerdo General 1/2021, así como a la circular SECNO/13/2021, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno y se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado. Por otra parte, visto el oficio y anexo de cuenta signado el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite sin diligenciar el exhorto 665/2020, que le fuera enviado a fin de notificar a la quejosa el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda promovida por Laura Valadez Vázquez. Por tanto, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales; y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la razón actuarial de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, levantada por el actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, se advierte que no le fue posible localizar el domicilio ubicado en calle Mauro Jiménez Mora, número 1, Colonia Cumbres de Llano Largo en Acapulco, Guerrero, además de que diversos habitantes de la zona le manifestaron no conocer el inmueble buscado ni a la quejosa Laura Valadez Vázquez, por lo que no le fue posible realizar la notificación encomendada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación de mérito (del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte) y las subsecuentes hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, y el de catorce de diciembre de dos mil veinte y las subsecuentes notificaciones como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
<<<<<<<<<<<<< Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero; mediante el cual acusa recibo del exhorto ********************, que le fuera enviado a fin de notificar el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a la quejosa********************e informa que se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese. <<<<<<
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Laura Valadez Vázquez, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; acúsese el recibo correspondiente. Luego, en razón del volumen de las constancias remitidas y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmense por separado tres tomos de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; regístrese en el libro de gobierno con el número 728/2020 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de once de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del expediente administrativo 133/2019, en el que la autoridad responsable sobreseyó el expediente administrativo instaurado en contra de Marco Antonio Ordorica ortega, en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, asimismo, determinó que no era responsable administrativamente. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." Esto es así, al considerar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, consultable en el tomo XXIII, enero de 2006, materia administrativa, Novena Época, registro: 176129 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." De lo expuesto, se advierte que si bien cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia en su caso el procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo, ello no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación optima del servicio público de que se trate; por ende, sólo se otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias careciendo de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del asunto por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar la responsabilidad administrativa. Sentado lo anterior, si el fin que persiguió la instauración del procedimiento administrativo de origen, fue resolver si el funcionario judicial contra el que se interpuso la queja cometió o no alguna falta en el ejercicio de su cargo, la resolución impugnada no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, de acuerdo al criterio jurisprudencial citado, el cual es obligatorio para este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo III, Materia Común, Página 2365, Registro 2010368, de rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Sin perjuicio de lo anterior, y como enseguida se demostrará, ya existe criterio jurisprudencial definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a que el denunciante de una queja administrativa por responsabilidad de algún servidor público, declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo esa determinación, porque el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante un procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, considerando que la legislación aplicable en materia de responsabilidades, sólo le otorga al particular una facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las funciones de los servidores públicos, y por ello, no pueden exigir de la autoridad relativa una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Lo anterior se contiene en el criterio de Jurisprudencia sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J 1/2006, que dilucidó puntualmente el tema que ahora nos ocupa, del rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." No impide concluirlo de ese modo, que en el criterio transcrito la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya interpretado los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; toda vez que al margen del propósito fundamental del régimen de responsabilidades relativo, tanto a nivel federal como local, que implica preservar la función óptima del servicio, lo cierto es que en los numerales 90, 91, 92 y 93 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, también se reconoce una simple facultad del particular, para formular queja o denuncia por incumplimiento de las funciones de los servidores públicos. Para robustecer la anterior afirmación, se considera oportuno transcribir el texto de los numerales citados: "LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ARTÍCULO 49.- En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia. ARTÍCULO 50.- La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten. LEY NÚMERO 465 DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUERRERO. ARTÍCULO 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades nacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas nacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. ARTÍCULO 91. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. ARTÍCULO 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley. ARTÍCULO 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras; lo anterior, sin menoscabo del Sistema Digital que determine para tal efecto, el Sistema Anticorrupción." Incluso, no pasa inadvertido para este Juzgador, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el diverso criterio de Jurisprudencia 2ª./J. 41/2019 (10ª.), reitera la postura que sustentó en la ya transcrita 2ª./J. 1/2006, pues en la primera de ellas, analiza a la luz de las legislaciones locales de los Estados de Puebla y Quintana Roo, la falta de interés legítimo de los particulares para impugnar mediante el juicio de amparo indirecto la resolución que desecha una denuncia por responsabilidad de los servidores públicos. Para un mayor ilustración, se transcribe el rubro y texto de la citada jurisprudencia 2ª./J. 41/2019 (10ª.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2019468, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1979, que dice lo siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." Aunado a lo anterior, se citan como hecho notorio el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 177/2019 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, derivada del juicio de amparo 540/2019, del índice de este juzgado federal, en el que se declaró infundado el recurso interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo, en caso similar al presente. Por tanto, en vista de que ya existe criterio jurisprudencial aplicable y de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, y para el resto de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, así como para los Tribunales Administrativos y del Trabajo, sean éstos locales o federales, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Dado que la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el Despacho jurídico ubicado en calle Mauro Jiménez Mora número 1, colonia Cumbres de Llano Largo en Acapulco, Guerrero, con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Acapulco, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado y con copia del presente auto, notifique de manera personal al quejoso de mérito y la requiera en el acto de la diligencia para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, o bien, lo haga en el término de tres días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, y la aperciba que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se efectuarán por medio lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adalid Bautista Castro y José Lázaro Marino, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ma. David Rosas Hernández, Zoilo Carrasco Ayala, Jesús Aranda Mendoza y Natividad Vargas Alvarado, los tres primeros por no contar con dicho registro y la citada en ultimo termino por así solicitarlo expresamente la parte quejosa.
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