Laura Teresa Ponce González

Expediente 1388/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1388/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/12/2023

Partes del expediente

  • Laura Teresa Ponce González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual, informa la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado ... En esas condiciones, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione, de tener conocimiento, el domicilio real y exacto de dicha tercera interesada, así como datos adicionales que ayuden a su localización -como lo es fecha de nacimiento, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, número de seguridad social o clave de elector-. Independientemente de lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), primer párrafo de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días proporcione el último domicilio que señaló ********************, en el juicio en el "incidente de visitas y convivencias" deducido del juicio de divorcio incausado expediente ******************** de su índice; además, proporcione en caso de contar con información adicional que pueda apoyar en su búsqueda. En tales condiciones, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no lograrse el emplazamiento de la parte tercera interesada referida y una vez que se agoten los medios idóneos para su localización, se procederá a realizar su llamamiento por medio de edictos a costa del solicitante del amparo, con apoyo en el arábigo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la legislación en comento. Notifíquese por oficio al juez responsable, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  2. Incidental

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual, informa la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado .. En consecuencia, deberá estarse a la espera del resultado del requerimiento formulado en auto de esta fecha, pronunciado en el cuaderno principal. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el mismo dese vista a las partes, así como con las constancias que remitió en su apoyo para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a su petición y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días más a efecto de que remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias en que apoya su informe, plazo que comenzará a computarse a partir de que surta efectos la notificación de este proveído. Notifíquese por oficio a la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por lista a las demás partes.

  4. Incidental

    V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1388/2023 y; R E S U L T A N D O: I. ANTECEDENTES. En la demanda de amparo *************, por derecho propio, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tercera Sala y del Juez Trigésimo Cuarto, de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 5°, 14, 16 y 17 constitucionales. II. SUSTANCIACIÓN. En proveído de once de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se ordenó formar el incidente en que se actúa en cuyo expediente, por auto de la misma fecha se concedió la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, ésta facultado para conocer de este incidente de suspensión, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Carta Magna; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reformado por su similar 29/2022, por derivar de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades judiciales de la circunscripción donde ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. EXISTENCIA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, se parte de la base de que la inconforme señaló como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 2045/2023, a través de la cual, dicho órgano jurisdiccional modificó el proveído de quince de agosto del mismo año, emitido en el "incidente de visitas y convivencias" deducido del juicio de divorcio incausado expediente 1151/2021 del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de la misma materia y entidad federativa seguido por ************, en contra de **************. Cabe señalar que el tribunal de apelación determinó establecer fecha y hora para llevar a cabo una plática del menor con el juzgador. Asimismo, se reclama la ejecución de la decisión descrita con antelación. Así, derivado de los informes previos rendidos por la Presidente Magistrada de la Tercera Sala y la Juez Trigésimo Cuarto, ambas de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, queda acreditada la existencia del acto reclamado, por así haberlo manifestado expresamente. TERCERO. ESTUDIO. Para determinar si procede o no conceder la suspensión peticionada de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se deben tomar en consideración, además de que la solicite el agraviado, los requisitos siguientes: i) Tener certidumbre sobre su existencia -en el caso de la suspensión definitiva, deben tomarse en cuenta los informes previos de las autoridades responsables-. ii) El acto reclamado, de acuerdo con su especial naturaleza, debe ser susceptible de suspenderse. iii) Examinar que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y; iv) Tomar en cuenta la posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, según las circunstancias del caso. En el caso a estudio, previo a establecer la satisfacción de dichos elementos -cuyo análisis se debe efectuar en forma ordenada-, es menester precisar lo siguiente: En toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño, pues, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagró esta máxima como marco de actuación de los distintos órganos del estado y niveles de gobierno, de ahí que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior de los menores constituye la base orientadora de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que en un caso concreto pueda afectar los intereses de éstos, en cuanto a su seguridad y bienestar de manera integral y en su desarrollo. Ahí radica la importancia de la delimitación interpretativa que han de realizar los órganos jurisdiccionales para establecer en cada caso, de qué manera se salvaguarda tal prerrogativa. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1375 publicada en la Novena Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011, tomo II, Décima Primera Sección-Sentencias de amparo y sus efectos, visible a página 1544, cuto texto dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) sustentada por la Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible a página: 334, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". También sirve de apoyo lo expuesto la tesis 1a. XV/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero de 2011, página: 616, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." En ese sentido, a fin de priorizar el interés superior del menor, es necesario tomar en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho fundamental al desarrollo y bienestar integral del niño que tutela la Constitución Federal y los tratados internacionales comprende, los siguientes derechos: conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; preservar las relaciones familiares; no ser separado de sus padres -excepto cuando tal separación sea necesaria- no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; así como el derecho de todo infante a un nivel de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. De lo anterior, se puede observar la importancia que reviste para el desarrollo y bienestar integral no solamente del niño, sino también de la familia y es por ello que en las controversias, como la de origen, el juzgador debe tener presente el interés superior del menor al momento de resolver, pues la protección de los derechos de los niños merece una tutela mayor por ser la parte más débil dentro del concepto de la familia, de ahí que cuando en un litigio el juzgador se ve ante la necesidad de realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos de los padres, frente al derecho de los niños, el primero debe ceder respecto del segundo. De ese modo, el concepto interés superior del menor, permite delimitar los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual, se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad, de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. Precisado en marco jurídico de referencia, a continuación, procede realizar el pronunciamiento sobre los requisitos precisado en acápites anteriores: La satisfacción de dichos elementos se efectuará en forma ordenada. En la especie, debe decirse lo siguiente: i) En cuanto a dicho punto debe estarse a lo plasmado en la última parte del considerando anterior. ii) Respecto del punto relacionado debe decirse que traen como consecuencia el desahogo de una plática judicial entre los menores hijos de las partes y el juzgador de origen. Aspecto que puede ser suspendido en relación con determinadas consecuencias que se precisarán más adelante, pues la paralización de tal acto sólo sería temporal, en la inteligencia de que suspender no significa destruir, porque la materia de lo suspendido subsiste y no desaparece. iii) Relativo a dicho tema, se precisa que con el otorgamiento de la medida solicitada, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, en términos del artículo 129 de la legislación de la materia. iv) Finalmente, se torna innecesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, derivado de la acreditación de los puntos anteriores. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional considera que es jurídicamente procedente suspender la ejecución de los actos reclamados destacados en líneas que anteceden, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se lleve a cabo la plática judicial con el menor involucrado de identidad reservada desde luego, si ello no ha sucedido. Con base en lo hasta aquí discernido, la determinación que ahora se dicta prevalecerá hasta que se haga del conocimiento de las responsables la ejecutoria que resuelva el juicio de amparo. En la inteligencia de que esta suspensión definitiva solamente surte efectos, en los términos que fue concedida en relación con las autoridades y por los actos mencionados en la demanda de amparo. La medida cautelar surte efectos de inmediato, sin necesidad de otorgar garantía alguna, en atención a que dado los afectos para los cuales fue otorgada la suspensión, no pueden generar daños y perjuicios de orden económico a la parte tercera interesada al menos por ahora. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, página 1526, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSION SIN FIANZA. La Constitución y la Ley de Amparo previenen que, en los juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá si el que pide la suspensión, da fianza de pagar los daños y perjuicios que con ella se ocasionen; mas como la fianza tiene que garantizar los daños y perjuicios que se deriven de la suspensión y éstos, en el concepto jurídico, significan, respectivamente, el menoscabo en el patrimonio y la privación de cualquiera ganancia lícita, traducibles en dinero, es indudable que cuando con la suspensión no se siguen esos daños y perjuicios de que se ha hablado, y los que pudieran causarse, son de índole moral o afectiva, carece de objeto exigir fianza, ya que ésta es inadecuada para garantizar esta clase de perjuicios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 125, 128, 132 y 146 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Laura Teresa Ponce González, por derecho propio, contra los actos que reclamó de la Tercera Sala y del Juez Trigésimo Cuarto, de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a la demás partes.

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