Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez
Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- Harold Merfrancy Peña Cárdenas
- Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente juicio por lo que a la parte promovente Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez se refiere; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez, en los términos señalados en el presente proveído.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual, solicita la autorización para hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto del expediente 347/2020-B3, para lo cual proporciona el siguiente usuario: "CLPR8". Atento a lo anterior, y dado que se aprecia el estado de vigencia en el que se encuentra el certificado digital (Firel) del usuario que señala en el ocurso constitucional, conforme lo previsto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "CLPR8", correspondiente a la licenciada Claudia Leticia Plascencia Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo número 347/2020-B3, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaria realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea a la licenciada Claudia Leticia Plascencia Romero, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien cuenta con el usuario "CLPR8", para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente para el presente asunto, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. De igual manera, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito que se atiende.
- Principal
se publica la resolución de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal la parte quejosa Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez, por su propio derecho y en su carácter de concubina de Harold Merfrancy Peña Cárdenas, no obstante haber sido citada para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Vista la demanda de amparo que promueve Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez, por su propio derecho y en favor de Harold Merfrancy Peña Cárdenas, contra actos del Titular de la Oficina de representación de la Institución Migratoria en Baja California, Encargado de Despacho de la Estación o Estancia Migratoria de Tijuana, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Subrepresentante local del INM en aeropuerto de Tijuana, todas con sede en esta ciudad, a quienes atribuye actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 802/2021C. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 fracción IV, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman con la finalidad de obtener la verdadera intención de quien promueve, se desprende que reclama medularmente los siguientes actos: ".la ilegal detención fuera de derecho e incomunicación y deportación de Harold Merfrancy Peña Cárdenas, como consecuencia de una detención arbitraria." En ese sentido tenemos que por lo que hace a la orden de deportación, corresponden a actos de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute alguna orden de deportación o expulsión en perjuicio del directamente agraviado Harold Merfrancy Peña Cárdenas, quien deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que al efecto determinaron las autoridades responsables migratorias, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de las autoridades correspondientes para la continuación del procedimiento administrativo migratorio, que en su caso se instaure en su contra. En la inteligencia que, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo que pudiera instruirse al agraviado; sin embargo, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en los párrafos que anteceden, las autoridades migratorias no podrán ejecutar la orden de deportación o expulsión que eventualmente puedan decretarse en contra dicho impetrante, mientras esta surta sus efectos. Sirve de sustento a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2007, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, por lo que hace al acto reclamado que se hace consistir en incomunicación, de la que dice es objeto el directamente agraviado, se decreta la suspensión de plano, para el efecto de que cese de inmediato o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ellos que resulten en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. De igual manera, por lo que hace a la privación de la libertad y alojamiento en las instalaciones migratorias sin orden o mandamiento escrito emitido por autoridad competente para ello, dada la información con la que se cuenta hasta este momento, y tomando en consideración que la promovente de la demanda señala que el agraviado ha estado alojado en la estación migratoria desde el veintiséis de octubre del presente año, es decir, desde hace siete días, se concede la suspensión para el efecto de que el agraviado quede a disposición de este órgano en el lugar donde se encuentra detenido en las instalaciones migratorias, sólo en lo que a su libertad se refiere y a disposición de éstas, por lo que hace al procedimiento que en su caso se le siga. Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables, la sentencia que se dicte en los autos del juicio constitucional en que se actúa. Requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciban el oficio respectivo, con fundamento en lo establecido por el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, informen el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término indicado, se les impondrá una multa en lo individual equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que haga la búsqueda del agraviado en las instalaciones que ocupan las autoridades responsables; de no ser así, de cuenta de ello, sin perjuicio de que proceda a la búsqueda correspondiente, en cualquiera de los diversos domicilios oficiales de autoridades vinculadas a la procuración de justicia y seguridad pública en esta ciudad, donde existan lugares de reclusión preventiva y pudiera estar privado de la libertad el aquí agraviado; y en el caso de que sea hallado, lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo que se promovió en su nombre, y por cuáles de los actos la ratifica, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, además que quedarán sin efecto las providencias dictadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez constituido en la dirección en la que se encuentren ubicadas las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, si éstas se rehúsan a recibir el comunicado a ellas dirigido, se le entregue en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de la Materia, sin perjuicio de imponerle multa de cien unidades de medida y actualización, establecida en el artículo 245 del citado ordenamiento legal, así como para entregarlo a las autoridades correspondientes, asentando su denominación correcta. En el entendido de que una vez que sea ratificada y en su caso admitida la presente demanda, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. En otro orden, no obstante la suspensión de plano decretada al tratarse de un asunto de carácter urgente, se impone precisar lo que se prevé en el artículo 114 fracciones I y II, en relación con el diverso 108 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.] Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda, se desprende que la promovente incumplió con uno de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos; por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 fracciones I y II, en relación con el diverso 108 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Laura Tatiana Cárdenas Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad, subsane el siguiente punto preventivo: ÚNICO. Aclare bajo protesta de decir verdad, su escrito inicial de demanda, y precise si la misma, la promueve por su propio derecho y en su carácter de concubina del directivamente agraviado Harold Merfrancy Peña Cárdenas o únicamente en favor de este último. Lo anterior, dado que del proemio del ocurso que se atiende señala: ". por mi propio derecho, en mi carácter de concubina de Harold Merfrancy Peña Cárdenas." Y del apartado relativo a nombre y domicilio del quejoso se advierte que únicamente señala: I. ".Harold Merfrancy Peña Cárdenas" Lo que genera incertidumbre respecto a quien o quienes tendrán el carácter de quejosos en el presente asunto. Así entonces es que se estima necesario aclarar a fin de fijar de manera correcta la litis constitucional y brindar certeza jurídica a las partes y actuaciones. En el entendido de que la aclaración de que se trata, se requiere bajo protesta de decir verdad, por lo que sólo podrá ser formulada por quién promueve la demanda. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/20062, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Así como la diversa 1a./J. 50/20143, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del término y en las condiciones antes indicadas, se continuara con el trámite en este asunto, únicamente por cuanto hace al directamente agraviado Harold Merfrancy Peña Cárdenas. Además, deberá requerir también al directamente agraviado, para que en el acto de la notificación, manifieste ante la presencia del diligenciario judicial, si es su deseo señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en escrito de demanda que se atiende; así como, para que indique si propone como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Bernabé Valenzuela Ereva y Ricardo Cervantes Fierro, o refiera si designa a diverso autorizado. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las notificaciones relativas a este expediente, con el fin de no entorpecer su trámite, lo anterior, en virtud que en la demanda que se provee se solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, actuaciones que no admiten demora. Ahora, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid9, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus, de conformidad con el numeral 22, del Acuerdo 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a las autoridades responsables que cualquier promoción que pretendan presentar, habrán de efectuarlo mientras sea viable al correo oficial 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que establece los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos. De igual manera, hágase saber a las partes, que en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del citado Acuerdo General, a partir del tres de agosto de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En la inteligencia que la generación de citas, será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá el ingresen al órgano jurisdiccional, bajo y con observación de los lineamientos ahí establecidos. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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