Laura Sujey Negrete Silva

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Laura Sujey Negrete Silva y Otros.
  • Laura Sujey Negrete Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada con fecha de engrose once de abril de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio no obran glosados documentos originales, ni existen billetes de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que NEGÓ el amparo y protección de Justicia Federal a la quejosa; en lo referente a las medidas cautelares dentro de los cuadernos incidentales estas fueron concedidas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el trece de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes:********************"1.- La dilación en el procedimiento dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar en Zamora, Michoacán, así como la omisión de dictar la resolución dentro del aludido expediente, específicamente en la dilación a la restitución de la menor ********************, pese a que se ha ordenado en varias ocasiones y del cual la última fecha para hacer entrega de la menor se señaló en acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre de 2022 y el cual a la letra dice:********************[Lo transcribe]".********************En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 8°, ********************, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de catorce del mes y año mencionados, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el progresivo ********************, y determinó prevenir a la promovente para que, entre otras cosas, acreditara el carácter con el que se ostenta y exhibiera copia certificada del convenio que refirió en su demanda.********************Dicho requerimiento fue atendido en los términos del escrito de veintiocho siguiente.********************TERCERO. Admisión y trámite. Así, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.********************Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales ********************, a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente.********************Asimismo, mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó oportunamente al sumario a través de su autorizado.********************Finalmente, el tres de abril de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional del orden familiar, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".********************De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.".********************Asimismo de los artículos 1º, 74, fracciones I y II, 77, fracciones I y II, y 108, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, se obtienen las siguientes premisas:********************a) El acto reclamado en el juicio de amparo, es la manifestación de la voluntad, que puede corresponder a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.********************b) Entre otros, los actos pueden clasificarse en positivos (se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades); negativos (en los que la autoridad se rehúsa expresamente a acceder a las pretensiones de los individuos), prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos o fijan una limitación que tiene efectos positivos); y, omisivos (en los que la autoridad se abstiene de actuar).********************c) Por su parte, los conceptos de violación corresponden a todos los razonamientos, apreciaciones valorativas, observaciones y/o calificativos que se hagan valer en el escrito de demanda, sobre la constitucionalidad (en amparo adhesivo) o inconstitucionalidad (en amparo indirecto o directo), de los actos reclamados, que se vinculan con el estudio de fondo del asunto, una vez que se determine la procedencia del juicio de amparo. ********************d) De igual forma, ha sido criterio reiterado del más alto Tribunal de la Nación, que para precisar los actos reclamados, el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad (incluyendo los conceptos de violación), con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido; e, incluso, para tal efecto, puede analizar la totalidad de la información del expediente del juicio.********************e) Empero, aun cuando para fijar los actos reclamados deben tomarse en cuenta las argumentaciones que a manera de conceptos de violación expone el promovente en su demanda de amparo y ampliación, lo cierto es que en atención a su concepto y relevancia no constituyen lo mismo, porque, el acto reclamado constituye la conducta activa o pasiva que expresamente se combate y los motivos de disenso las razones por las que se considera que esta no se apega a la Constitución General.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/26 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 69, tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual se comparte y establece:********************"ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.".********************En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente:********************El auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, sobre diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre divorcio por mutuo consentimiento, promovieron ******************** y ********************.********************A través de dicha determinación la jueza familiar determinó que, previo a realizar la entrega de la menor ya ordenada en autos [relacionada con la ejecución del convenio celebrado entre las partes], debería de efectuarse la escucha de esta última.********************En la inteligencia de que si bien la parte quejosa señala como acto reclamado la dilación en el procedimiento de origen y la omisión de dar cumplimiento a la restitución ya ordenada, lo cierto es que tales señalamientos se dirigen a combatir las consecuencias que, a decir de la quejosa, generó el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, al ser dicha actuación la última desplegada por la autoridad responsable y la cual motiva la presentación de su demanda de amparo.********************Ello con independencia de las violaciones que aduzca en su demanda, pues constituyen aspectos de fondo que, en su caso, podrán ser sometidos a escrutinio constitucional en este juicio de amparo.********************Apoyan lo expuesto las tesis siguientes:********************"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos.".********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que en su informe justificado se hicieron manifestaciones de las que se infiere su existencia.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.".********************Sin que obste la negativa respecto a la dilación y omisión reclamadas -en cuanto violaciones-, pues la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas del expediente ******************** del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que se reclama en este juicio constitucional.********************Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticada por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública.********************CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario:********************Diligencias de jurisdicción voluntaria ****************************************1. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ******************** y ******************** promovieron en la vía de jurisdicción voluntaria la disolución del vínculo matrimonial que los une. En ese ocurso toralmente narraron:********************Que el veintiocho de abril de dos mil ocho, contrajeron matrimonio civil, bajo el régimen de separación de bienes.********************Que de dicha unión procrearon dos hijas de iniciales ******************** y ****************************************Que era su deseo disolver voluntariamente el vínculo matrimonial; y,********************Que para garantizar los derechos de las infantas, presentaban propuesta de convenio en el que medularmente de común acuerdo pactaban, entre otras cosas, la custodia de las menores a cargo de la madre y un régimen de convivencias con el padre, quien a su vez se obligaba a cubrir una pensión mensual por ********************.********************2. El conocimiento del asunto correspondió, por razón de turno, al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que mediante auto de uno de octubre de dos mil catorce, lo registró y admitió bajo el expediente número ********************.********************3. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, el once de noviembre de dos mil catorce, se dictó resolución que declaró la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio presentado por los promoventes.********************4. Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ******************** compareció ante el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien ahora conocía del asunto en el expediente ********************, a solicitar la ejecución del convenio antedicho, a fin de decretar la restitución de su menor hija ********************, así como reinstalarla en su domicilio de depósito.********************Ello, dijo, porque a pesar de que los progenitores pactaron la custodia de sus menores hijas a favor de la madre, quien desde el momento de la disolución del vínculo matrimonial ya las tenía bajo su cuidado, el ********************, el padre retuvo a la menor de iniciales ********************, contra lo acordado en el convenio.********************5. A lo anterior recayó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que la jueza familiar negó la ejecución solicitada, porque en realidad solicitaba la restitución de la menor que es una acción cautelar que debe promoverse por cuerda separada.********************6. Posteriormente, el seis de julio de ese año, ********************volvió a insistir en el incumplimiento del convenio sobre guarda y custodia de sus menores hijas.********************7. El once siguiente el juzgado familiar determinó otorgar vista a la contraria mediante notificación personal, quien hizo valer las manifestaciones al tenor de su escrito correspondiente.********************8. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la jueza del conocimiento ordenó requerir a ********************, la entrega voluntaria de la menor de iniciales ****************************************Dicha encomienda pretendió efectuarse el trece de septiembre de ese año, en compañía de la tutora adscrita, psicóloga designada y elementos de seguridad pública; sin embargo, al constituirse en el lugar, nadie atendió al llamado del actuario.********************9. El progenitor compareció al sumario a hacer manifestaciones y ofrecer como prueba la copia certificada de diversas actuaciones del diverso juicio especial familiar oral ******************** que promovió sobre pérdida de guarda y custodia; mientras que la progenitora insistió en que se llevara a cabo la restitución ordenada, en esta ocasión, en la Escuela Secundaria en donde estudia la menor.********************10. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se determinó que, previo a ejecutar la diligencia ordenada, era necesario escuchar a la menor de iniciales ********************, por lo que señaló día y hora para tal efecto.********************Dicha auto constituye el acto reclamado en este juicio constitucional.********************11. Finalmente, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia de escucha de la menor ******************** -que en ese momento contaba con ******************** años de edad-, en la que medularmente manifestó vivir actualmente con su padre sin poder ver a su hermana, a quien extraña mucho, sin manifestar deseo de volver al lado de su madre; por ello, la juzgadora ordenó girar oficio al DIF municipal para que designara perito en psicología y proporcionara terapias al núcleo familiar, a fin de considerar si es factible decretar las convivencias provisionales entre la menor, su madre y su hermana, así como la entrega a favor de esta última.********************Juicio especial oral familiar ****************************************1. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ********************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ******************** y ********************, promovió demanda en la vía especial oral en contra de ********************, entre otras, sobre las prestaciones siguientes:********************a) Pérdida definitiva de la guarda y custodia de las menores mencionadas.********************b) Guarda y custodia definitiva en favor de ********************.********************c) El pago del ******************** de los gastos escolares sobre la educación de las menores.********************2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, lo registró y admitió a trámite en el expediente ********************, y ordenó emplazar a la parte reo.********************3. La reo dio contestación a la demanda y seguido el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se inició la audiencia de juicio correspondiente en la que, entre otras cosas, el juez familiar señaló fecha para que se llevara a cabo la escucha de las menores de iniciales ******************** y ********************; y, posteriormente, decretó una convivencia provisional entre las menores referidas que se encuentran correlativamente bajo la custodia de cada uno de los progenitores.********************QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Así, al no existir alguna causal de inejercitabilidad invocada por las partes que amerite pronunciamiento, ni de oficio se observa su actualización es conducente emprender el estudio de fondo del asunto por el resto de los actos reclamados.********************SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal.********************Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.".********************Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.".********************SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que no se ignora que respecto de menores de edad opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, al estar inmiscuidos los intereses directos de la adolescente de iniciales ********************, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia.********************Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz.********************Lo anterior en términos de la jurisprudencia 191/2005 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto:********************"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.".********************En ese contexto, el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que el principio del interés superior del menor de edad implica que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral.********************Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 7/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:********************"INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.".********************En su demanda de amparo la parte quejosa esencialmente argumenta que la jueza responsable está dilatando la entrega de la menor que previamente ya había ordenado -en ejecución del convenio celebrado por los progenitores que constituye cosa juzgada-, sin que la escucha de la adolescente sea condicionante para ejecutar inmediatamente su restitución.********************Que en forma contradictoria o incongruente la responsable ordenó primero restituir a la menor, con apoyo de la fuerza pública; y, posteriormente, decretó la escucha para determinar lo anterior; incluso, con favoritismo hacia el tercero interesado, virtud de que no se puedo realizar antes la restitución porque se le avisó.********************Incluso, la menor podría ser víctima de manipulación parental y no existe constancia alguna sobre que aquella corra riesgo al estar bajo la guarda y custodia de su madre. Tampoco obra resolución que hubiera modificado tal aspecto.********************Finalmente, arguye que se viola su derecho de petición, pues pidió el expediente ******************** para consultarlo sin tener éxito en tal solicitud.********************Lo anterior es ineficaz.********************De inicio debe precisarse que las diligencias de jurisdicción voluntaria que culminaron con la resolución de once de noviembre de dos mil doce -en que se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a la quejosa y tercero interesado, y aprobó el convenio celebrado sobre alimentos, guarda y custodia de sus menores hijas-, se llevó a cabo bajo la vigencia del Código Familiar publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el once de febrero de dos mil ocho.********************Conforme a dicha codificación, en concreto, su artículo 943 el procedimiento aludido comprende todos los actos en que, por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.********************En la inteligencia de que tal como lo estatuye el diversos 926, la resolución correspondiente que ahí se dicte, puede alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducida en juicio.********************De ahí que contra la afirmado por la quejosa lo resuelto en relación con lo aprobado en el convenio celebrado, no constituye cosa juzgada pues dada la naturaleza de los aspectos pactados (por ejemplo custodia y alimentos) las condiciones en que se sancionaron pueden cambiar, impactando en los derechos y obligaciones de las partes.********************Luego, tocante a la resolución que ahí se dicte, son aplicables por disposición expresa del artículo 745 las previsiones del Código de Procedimientos Civiles del Estado.********************Sin embargo, el treinta de septiembre de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el Código Familiar vigente, por lo que en términos de su artículo tercero transitorio quedaron abrogadas las disposiciones de su anterior codificación.********************Dicha normativa establece en su artículo 294 que en el caso de incumplimiento de la sentencia, se seguirán las reglas previstas para su ejecución, cuyo trámite deberá realizarse ante el juez de instrucción.********************Lo que a su vez se corrobora con el diverso numeral 1063 que prevé que el juez de instrucción es a quien corresponde ejecutar la sentencia.********************Conforme a lo anterior, es dable concluir que existe una imposibilidad técnica para que el juez civil que inicialmente conoció de las diligencias de jurisdicción voluntaria resuelva lo relativo a la ejecución de la resolución ahí dictada, primordialmente, porque dicho expediente pasó al conocimiento de diverso juez especializado que se rige bajo las previsiones del Código Familiar en vigor.********************Luego, no se ignora que la quejosa en su momento accionó ante dicho juzgador a solicitar la ejecución del convenio celebrado.********************Sin embargo, de manera relevante resulta que la ejecución de dicho convenio, en cuanto al fondo, trae consigo la restitución de su menor hija, bajo el argumento medular de que ésta fue ilegalmente retenida por su progenitor, contra lo pactado en aquel.********************Dicha acción, como en su momento lo observó la jueza familiar, encuadra en la medida cautelar de restitución de menores contenida en el artículo 847 del Código Familiar en vigor.********************De ahí que, ante la previsión expresa en la codificación de la materia, es dable considerar que la pretensión intentada dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria no puede ser substanciada en esa vía.********************Máxime si se toma en cuenta que dicho procedimiento se limita a sancionar judicialmente la existencia de un hecho o derecho, sin que amerite mayor controversia y, en caso de oposición de alguna de las partes, será la vía contenciosa la idónea para resolver el conflicto planteado.********************Por ello, toda vez que en la especie existen divergencias entre los progenitores por el ejercicio de la custodia sobre su menor hija, es inconcuso que se trata de una cuestión contenciosa que debe ventilarse en la vía y forma que establezca la ley.********************No se ignora que en su momento la jueza familiar responsable consideró viable atender a su petición sobre ejecución del convenio, de modo que el once de julio de dos mil veintidós, ordenó dar vista al progenitor sobre lo solicitado -restitución de su menor hija-; posteriormente, el diecisiete de agosto de ese año ordenó requerir al citado progenitor para que realizara la entrega de la adolescente; y, finalmente, que previo a que se ejecutara tal mandato, se efectuaría la escucha de la menor.********************No obstante, tales actuaciones en nada trascienden a lo aquí considerado, pues dichas determinaciones no crearon un derecho a favor de la quejosa distinto al que ya se había sancionado en la resolución que culminó la diligencias de jurisdicción voluntaria.********************Es decir, si bien se ordenó realizar la entrega de la menor e incluso se mandó escucharla, la jueza familiar no decidió sobre la guarda y custodia de la menor, por lo que debe estimarse que no varió la situación jurídica que ya tenían los progenitores frente a su hija.********************Incluso, esta forma de razonar tiene coherencia con el hecho de que ******************** promovió demanda en la vía especial oral familiar en contra de ********************, sobre pérdida de guarda y custodia de sus menores hijas.********************Más aún que acorde a los artículos 432 al 434 del Código Familiar del Estado, la determinación que se dicte sobre la custodia se realizará valorando las circunstancias particulares de cada caso; ésta puede modificarse con base en aquello; y, en toda determinación de custodia debe escucharse al menor, cuando sus condiciones lo permitan.********************Luego, en principio fue correcto que la jueza responsable decretara la previa escucha de la menor, quien a la fecha cuenta con catorce años de edad. Sin que se desconozca que en su momento la menor ******************** refirió su deseo de permanecer con su padre, aspecto que, en todo caso, deberá valorarse al resolver en el juicio contencioso ********************, sobre la modificación de la custodia.********************Es decir, el progenitor ya accionó en la vía especializada y planteó controversia sobre la guarda y custodia de sus dos menores hijas; por lo que será en dicho juicio en el que el juez familiar resuelva lo conducente, tanto en forma provisional o definitiva.********************Esto no quiere decir que las determinaciones ya tomadas en las diligencias de jurisdicción voluntaria -en lo tocante a la guarda y custodia- hayan quedado sin efectos legales; sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica, debe estimarse que la controversia debe ser dilucidada en la vía especial oral ya iniciada.********************Y aun en el supuesto en que en ambos procedimientos se dicten determinaciones contradictorias, es el juez especializado en materia familiar en la vía antes indicada, al que corresponde establecer las particularidades de esa eventualidad a fin de otorgar certeza a las partes, máxime que éstas ya hicieron de su conocimiento los antecedentes procesales sobre la guarda y custodia de sus menores hijas.********************Finalmente, tampoco se aprecia una afectación al derecho de petición de la quejosa, pues no refirió ni acreditó haber presentado algún escrito en el que solicitara expresamente consultar el expediente de origen, menos aún que se le hubiera negado tal petición.********************Máxime que durante el trámite de la jurisdicción voluntaria presentó diversas solicitudes que fueron acordadas por la responsable.********************Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación analizados y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en favor de la menor inmiscuida en este asunto, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada.********************No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por representante social adscrito, el tercero interesado y la quejosa, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional.********************Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.".********************Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JONATHAN NAVARRETE AVIÑA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

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