Laura Solano Aupart
Expediente 1605/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Solano Aupart
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en autos, en la cual determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Así como el incidente de suspensión, toda vez que en el cuaderno incidental fue concedida la medida cautelar, por tanto también es depurable. Asimismo, se ordena la conservación del referido expediente por un periodo de tres años desde esta fecha y una vez concluido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes realícese su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Hecho lo anterior, esto es, terminada la depuración solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Por último, toda vez que en el presente asunto, se ordenó formar un anexo con las constancias que remitió la Magistrada Titular del Tribunal Agrario del Distrito 18, con residencia en esta ciudad, toda vez que con esta fecha se tiene por concluido el presente asunto, remítanse las referidas constancias a la citada autoridad, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la caratula que se formó con motivo de las mismas. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1605/2022 Quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1605/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el veinticuatro de octubre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, por los actos reclamados siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. De la AUTORIDAD ORDENADORA TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO DIECIOCHO EN EL ESTADO DE MORELOS, LE RECLAMO: La emisión y contenido de la sentencia interlocutoria de fecha VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, dictada en el incidente de incompetencia, dentro del juicio agrario de restitución interpuesto en mi contra por la Comunidad de Bienes Comunales de ********************, Municipio de ********************, a través de su órgano de representación, radicado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, del Estado de Morelos, bajo el expediente número ********************publicada en lista de fecha CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo y 27, fracción XIX, de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 31 a 35 del amparo indirecto), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, reservó acordar lo relativo a la parte tercera interesada, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados solicitados, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 41 a 43 del amparo indirecto), este juzgado reconoció el carácter de tercera interesada a la Comunidad de ********************, municipio de ********************, a la cual ordenó emplazar por conducto de la actuaria de la adscripción, lo que se realizó el uno de diciembre de dos mil veintidós, sin que se apersonara al presente juicio; y, el tres de enero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son la resolución interlocutoria que sostuvo competencia para conocer de un juicio, así como su ejecución, atribuidos a autoridades jurisdiccionales administrativas en materia agraria, con ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho. a) La resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de incompetencia por razón de la materia, derivado del juicio agrario ********************en la cual se declaró improcedente dicho incidente planteado por la demandada ********************-aquí quejosa-; y, en consecuencia, que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho resultaba legalmente competente para conocer y resolver el citado juicio agrario, promovido por la Comunidad de ********************, municipio de ********************, por conducto de su Comisariado de Bienes Comunales -aquí tercera interesada-, en contra de la referida quejosa. [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho. b) La ejecución de la resolución interlocutoria reclamada. lll. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [2] Actuario adscrito a dicho tribunal, pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. Además, esa afirmación se encuentra corroborada con el contenido de las constancias que en copia certificada remitió la Magistrada responsable, relativas al juicio agrario ********************de su índice, entre las que obra la determinación reclamada, a las cuales se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2, por tratarse de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que la quejosa fue notificada de la resolución reclamada por medio de lista el cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 314 reverso), la cual surtió efectos el mismo día, en tanto que la Ley Agraria no establece expresamente cuando surte efectos ese tipo de notificaciones, por lo que es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), con registro digital 2014199, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda, transcurrió del cinco al veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sin contar el ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre del año citado, al ser considerados inhábiles conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda fue recibida el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, decimosegundo día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que obran en el juicio agrario ********************(el cual fue remitido en copia certificada por la Magistrada responsable), en la forma siguiente: 1. El dos de junio de dos mil veintidós (fojas 1 a 3 del anexo I), la Comunidad de ********************, Municipio de ******************** -aquí tercera interesada-, por conducto de ********************y********************, Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales, presentaron demanda agraria en contra de ******************** -aquí quejosa-, en la que reclamaron las prestaciones siguientes: a) La restitución de tierras a favor de la comunidad actora, respecto del bien inmueble identificado como ********************ubicado en avenida ********************en terrenos de la Comunidad de ********************, ********************, con superficie aproximada de ********************metros cuadrados, con las medidas y colindancias señalados en el escrito de demanda. b) El pago de daños y perjuicios ocasionados a la comunidad actora con motivo de la ocupación del bien inmueble reclamado. 2. En proveído de seis de junio de dos mil veintidós (fojas 44 a 46 del anexo I), el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, con residencia en ********************, admitió a trámite la demanda con el número de expediente ********************y señaló día y hora para el verificativo de la audiencia de ley. 3. El doce de agosto de dos mil veintidós (fojas 54 a 104 del anexo I), la demandada ******************** dio contestación a la demanda, y en lo que interesa, opuso la excepción de incompetencia por materia, en la que sostuvo esencialmente que, el Tribunal Agrario responsable carecía de competencia legal para resolver el juicio, en virtud de que el paraje "********************" del que formaba parte el bien inmueble materia de la controversia, desde el año mil novecientos setenta, incluso antes de la expedición del decreto de confirmación de tierras a la comunidad actora (mil novecientos setenta y cuatro), ya contaba con antecedentes registrales, por lo que era propiedad privada, la cual se regía por las leyes de carácter civil y no agrarias, máxime que la misma comunidad, en su momento, reconoció la naturaleza privada del bien inmueble en las asambleas de treinta de julio de mil novecientos noventa y uno, y veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, en las que facultó al Comisariado de bienes comunales y Consejo de vigilancia, a reconocer derechos de propiedad y posesión a la sociedad mercantil ********************, así como en los convenios celebrados entre dicha comunidad agraria y la sociedad mercantil de referencia, derivados de esas actas de asamblea. Asimismo, la parte demandada formuló reconvención en la que reclamó de la comunidad agraria actora en lo principal, las prestaciones siguientes: A) Se confirmara la validez y autenticidad de las asambleas de treinta de julio de mil novecientos noventa y uno, y veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, referidas en el escrito de contestación de la demanda. B) Se reconociera a la demandada principal, actora en reconvención, el mejor derecho a poseer el bien inmueble en controversia. C) La declaración judicial de que a la actora en reconvención le correspondía un mejor derecho a poseer el bien inmueble materia del juicio agrario. D) Se ratificara a la actora reconvencional la posesión de dicho bien inmueble. E) Se condenara a la comunidad agraria actora en lo principal a que reafirmara a la demandada la posesión del bien inmueble reclamado. F) Derivado de la prestación que antecede, se ordenara la inscripción del bien a favor de la actora reconvencional en el Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos. G) Se previniera a la comunidad actora en lo principal para que en lo presente y futuro se abstuviera de continuar causando actos de molestia a la demandada y actora reconvencional. H) En el supuesto sin conceder que correspondiera a la comunidad agraria la titularidad del bien inmueble reclamado, se le condenara a pagar a la actora reconvencional el valor de las construcciones existentes en el bien inmueble en controversia. 4. Por otro lado, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós (foja 172 del amparo indirecto), se ordenó emplazar a la comunidad actora con el escrito de la demanda reconvencional a efecto de que en el plazo de diez días diera contestación a ésta: asimismo, se le dio vista con la excepción de incompetencia opuesta por la demandada principal, para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera. 5. En la audiencia de ley celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 176 a 178 del anexo I), la comunidad agraria actora, por conducto de su Comisariado de Bienes Comunales, así como la demandada principal, ratificaron tanto el escrito de demanda como el de contestación a ésta y la reconvención planteada, las cuales se admitieron a trámite por el Tribunal Agrario responsable; asimismo, se tuvo a la comunidad agraria desahogando la vista que se le ordenó dar con la excepción de incompetencia por materia, y por contestada la demanda reconvencional. De igual forma, ambas partes ofrecieron las pruebas de su interés, las cuales previo a acordar lo conducente, se ordenó turnar el expediente a la secretaría de estudio y cuenta para que resolviera la excepción de incompetencia opuesta por la demandada ******************** -aquí quejosa-. 4. Así, una vez sustanciado el referido incidente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 309 a 314 del amparo indirecto), el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho dictó la resolución del incidente de incompetencia por razón de la materia, en la que determinó que resultaba improcedente; en consecuencia, se declaró legalmente competente para continuar conociendo del asunto y en su momento resolver el juicio agrario de origen. Esta última resolución constituye el acto reclamado en este juicio. VII. Estudio de los conceptos de violación. En el primer concepto de violación la quejosa señaló, esencialmente que, en la resolución interlocutoria reclamada, se vulneran los artículos 14, 16 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que sólo la autoridad competente puede causar molestia a una persona, en su familia, papeles o posesiones, siempre que funde y motive dicho actuar; asimismo, el último precepto legal prevé la competencia de los tribunales agrarios para conocer sobre cuestiones relacionadas con límites de terrenos y la tenencia de la tierra comunal o ejidal, estableciendo como primer requisito que dichos ejidos o comunidades acrediten la titularidad de las tierras cuestionadas, lo que en el caso no aconteció, pues la Comunidad de ********************, no demostró en el juicio de origen tener la titularidad del bien inmueble en controversia y, en cambio, la quejosa sí acreditó que ese bien es propiedad privada. De igual forma, aduce la quejosa que para resolver sobre la competencia en términos de los artículos 163 de la Ley Agraria, 1 y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, resultaba necesario determinar la naturaleza del bien inmueble, es decir, se debía acreditar que correspondía a la naturaleza agraria y que la comunidad promovente contaba con justo título; lo que no se demostró y no fue analizado por la Magistrada responsable a pesar de que la quejosa planteó esa cuestión. Asimismo, señaló la impetrante de amparo que la resolución interlocutoria reclamada vulnera sus derechos de debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, pues la autoridad responsable llegó a la simple presunción de que el bien reclamado es comunal, pero omitió analizar los títulos que exhibió la comunidad agraria actora, de los que se obtiene que no ha tenido la posesión del bien inmueble desde mil novecientos setenta y cuatro, lo que se desprende de las actas de asamblea de treinta de julio de mil novecientos noventa y uno, veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, así como de los convenios de siete de agosto de mil novecientos noventa y uno, y siete de julio de mil novecientos noventa y tres, a través de los cuales la asamblea de comuneros de ********************, reconoció que no tenía injerencia en el predio en controversia ubicado en el paraje "********************". Además de que, señala la quejosa, tampoco se analizó que dicho predio contaba con título anterior al decreto de confirmación de tierras a la comunidad agraria actora, debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, como lo es la resolución del juicio de jurisdicción voluntaria promovido por ********************con número de expediente civil ********************del entonces Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. En consecuencia, refirió la impetrante de amparo que en la resolución reclamada no se determinó la naturaleza jurídica del bien inmueble en controversia, pues si bien en autos se advierte que una de las partes es sujeto agrario, no está acreditado que la acción recayera sobre un predio presuntamente comunal, porque existen dos títulos, uno de naturaleza privada -cuya competencia corresponde a una autoridad civil- y otro de confirmación y titulación de bienes comunales; de ahí que, aduce la quejosa, es irrelevante el lugar en el que se ubique el predio, pues dentro de la comunidad agraria actora, existen predios de naturaleza privada, por tanto, no se puede presumir que el bien controvertido es de naturaleza comunal sólo porque la actora lo afirmó, ya que para ello se requiere la determinación fehaciente de esa circunstancia, que es lo que dará lugar a determinar la competencia de la autoridad responsable. Es infundado el concepto de violación. Lo anterior, porque a efecto de arribar a la conclusión de que la competencia para conocer del juicio agrario de origen correspondía al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, en la resolución interlocutoria reclamada se expuso el marco normativo aplicable, conforme al cual la autoridad responsable concluyó que para conocer de una acción sobre posesión de predios, pueden analizarse entre otros, el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente. De ahí que, si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal o comunal -en el caso concreto comunal-, el órgano al que debe fincarse la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio; y, en el caso, el tribunal presumió que el predio materia de la controversia se encuentra dentro de la poligonal de un núcleo agrario perteneciente a la ciudad de ********************, del cual es competente para conocer dicho órgano jurisdiccional. En consecuencia, del marco normativo expuesto por el Tribunal Agrario en la resolución reclamada, se tiene que la fracción XIX del artículo 27 de la constitución federal, establece que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad; por ello, son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades; y que, para esos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. Es decir, del precepto legal invocado se tiene que la constitución federal establece la implementación de tribunales especializados para la administración de justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Asimismo, del artículo 18, fracciones II, V y VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que dichos tribunales agrarios, son competentes para conocer de la acción de restitución de tierras, ya sea contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares, así como de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal o comunal y de las controversias en materia agraria, entre ejidatarios, comuneros, avecindados o posesionarios y un núcleo de población. De igual forma, en términos de los artículos 1 y 163 de la Ley Agraria, son juicios agrarios los que tengan por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en dicha ley. Marco normativo que como se dijo, fue expuesto por el Tribunal Agrario en la resolución reclamada para sustentar esa determinación. En tales términos se tiene que, ha sido criterio del Pleno de nuestro máximo tribunal que para definir al órgano competente por materia, como correctamente determinó el tribunal responsable, se debe atender a la naturaleza de la acción y no a la relación jurídica sustancial entre las partes -pues no debe prejuzgarse sobre ella-, como lo expuso en la jurisprudencia P./J. 83/98, con registro digital 195007, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES", la cual incluso derivó de conflictos competenciales en los que intervinieron tribunales agrarios. Con base en tal enfoque, específicamente en la materia agraria, el mismo Pleno de nuestro tribunal constitucional, ha señalado que sólo basta con que los predios materia de controversia sean presuntamente ejidales, al existir la posibilidad de que pueda quedar comprendido en la materia agraria, por lo que no se requiere demostrar plenamente la identidad entre el inmueble materia de reclamo y aquél que se dice que afectó la parte demandada, ni el régimen del mismo, pues ello concierne al fondo del asunto -al tratarse de la relación jurídica sustancial entre ambas partes-. Lo anterior se observa en el conflicto competencial 481/1998 resuelto por el referido Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en el que determinó que: "la sola mención de que se demanda la reivindicación de un inmueble puede dar lugar a pensar que se ejercita una acción civil, porque tradicionalmente la acción real señalada es de esa clase; pero si además se toman en cuenta otros elementos de juicio, como son el hecho de que exista una demanda respecto al mismo bien inmueble, en el que la parte demandada es un núcleo de población ejidal, que el bien raíz controvertido lo constituye un terreno que puede estar incluido en una superficie dotada a un núcleo ejidal y, además, se aportan diversas pruebas documentales expedidas por autoridades agrarias; entonces se debe concluir que la acción no es de carácter civil, sino que es agraria, y que de ella debe conocer un tribunal agrario". Ello acontece porque la especialización por materia pretende crear tribunales que cuenten con conocimientos técnicos en una rama del derecho, a fin de que los mismos sean aplicados en controversias que versen sobre esos tópicos, para así brindar certeza jurídica a los justiciables mediante la experticia de los temas que atañen a esa rama. Por ese mismo motivo es que, en el caso, corresponde al tribunal agrario definir en fondo si lo reclamado atañe o no a su materia, ya que es propiamente en la que está especializado, pues conoce las normas y la doctrina aplicable, conforme a las cuales puede dirimir tal cuestión. Es decir, en términos de lo previsto en la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el tribunal agrario es el que cuenta con la facultad de decidir en el fondo del asunto si un determinado predio es o no un bien de derecho agrario, pues conoce las instituciones, normas, reglas y principios que rigen la materia agraria, así como las pruebas y datos con los cuales puede definir tal cuestión. Lo anterior, para asegurar la especial protección con que cuentan los sujetos en esa disciplina, de allí que sólo se requiere la presunción de que el bien inmueble reclamado se trata de un bien de ese tipo para fincarle competencia, sin que con tal cuestión se determine la naturaleza del bien, tal como lo ilustró nuestro máximo tribunal en la misma ejecutoria aludida, cuando mencionó que ello era "debido a la tutela especial y al respeto irrestricto que esta clase de bienes tiene por disposición constitucional, en cualquier asunto que esté relacionado con la posesión de terrenos presuntamente incluidos dentro del régimen ejidal o comunal, debe ser la autoridad agraria la que deba conocer de ellos, sin que tenga importancia si alguna de las partes es particular así como que con independencia de que a través de ese conocimiento se llegue a determinar que los referidos bienes ya no forman parte de dicho régimen jurídico, pues en ese caso, la referida autoridad tendrá siempre la posibilidad de así declararlo y, con base en ello, dictar la resolución que en derecho corresponda". Así, de las normas que rigen la competencia de los tribunales agrarios, en el caso el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones VIII, IX y XIX, y los preceptos 1 y 163 de la Ley Agraria, así como los numerales 1 y 18, fracciones II, V y VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, de los cuales como clarificó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los conflictos competenciales 455/97 y 481/98, se desprende que la justicia agraria no se agota en los asuntos de límite y tenencia de las tierras ejidales o comunales en sentido estricto, sino que abarca otros más, tales como la reivindicación en materia agraria, sin que sea relevante el carácter de la persona o ente contra el que se origina la controversia, esto es, que resulta intrascendente si es un particular, que no es sujeto de derecho agrario. Luego, es que conforme a la normativa aplicable, y siguiendo los lineamientos marcados por nuestro máximo tribunal, del análisis de la demanda agraria promovida en el juicio de origen por la Comunidad de ********************, Municipio de ******************** -aquí tercera interesada-, se advierte que: 1) Se fundó en la Ley Agraria; 2) Se reclamó: A) la restitución a favor de la comunidad agraria actora de un bien inmueble que refirió se encontraba inmerso en la poligonal de los bienes comunales de esa entidad agraria, y si bien también solicitó: B) el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad con motivo de la ocupación del bien inmueble cuya restitución se demanda, lo cierto es que ese reclamo lo sustentó en que tal acto se emitió en contravención a las leyes agrarias, de ahí que tales prestaciones sean relativas a la materia; 3) En el capítulo de hechos de la demanda, la parte actora precisó que se trata de un bien inmueble reconocido y titulado a nombre de la comunidad actora, según resolución presidencial de veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de marzo del mismo año; por lo que, al contar con esta última, es que efectivamente es posible que esa situación acontezca; 4) La comunidad agraria aportó como pruebas aquellas con las que se advertía la existencia de dicha comunidad como sujeto de derecho agrario -resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales y plano definitivo-. De lo anterior se obtiene que, fue adecuada la determinación de la autoridad responsable, pues del análisis de 1) los preceptos legales en los que se apoya la demanda, 2) las prestaciones reclamadas, 3) los hechos narrados y 4) las pruebas aportadas, se desprende que la naturaleza de la acción pretendida es de materia agraria. En consecuencia, carece de razón lo que sostiene la quejosa, ya que no resultaba necesario, como lo afirma, que se determinara de manera definitiva el régimen jurídico del bien inmueble y la identidad de éste, así como el análisis de que la comunidad actora contaba con justo título, pues tales cuestiones no definen la competencia de un tribunal agrario. Por otro lado, refiere la quejosa que la autoridad responsable omitió analizar los títulos que exhibió la comunidad agraria y que ésta no ha tenido la posesión del bien reclamado desde mil novecientos setenta y cuatro, así como los diversos acuerdos de asamblea y convenios, a través de los cuáles la asamblea de comuneros declaró que no tenía nada que ver con el predio ********************, además de que dicho predio tiene título debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, a nombre de persona diversa a la comunidad actora y, anterior a la titulación de las tierras comunales, como lo es el juicio de jurisdicción voluntaria promovido por ******************** en el expediente ********************del entonces Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Ello, porque como se dijo, no resulta indispensable determinar esas circunstancias para fincar la competencia del tribunal agrario, pues en su caso, tales cuestiones constituyen el análisis del fondo del asunto, lo que será determinado una vez que sean desahogadas las pruebas en el juicio agrario de origen, pues no se inadvierte que, para tal efecto, entre otras, se ofreció la pericial en materia de topografía. Por tanto, como se dijo, para determinar la competencia del tribunal agrario para conocer del juicio de origen, no resulta necesario determinar en forma fehaciente la naturaleza jurídica del bien inmueble reclamado, pues como se analizó, la comunidad actora en el juicio de origen, sustentó su demanda en preceptos legales aplicables a la materia agraria, además las prestaciones reclamadas corresponden a esa materia -restitución de tierras- y, exhibió documentos con los que acreditó esa circunstancia -resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales y plano definitivo-. Sin que se inobserve que la impetrante de amparo se contradice en sus argumentos, pues afirma que existen dos títulos, uno de naturaleza privada -cuya competencia corresponde a una autoridad civil- y otro de confirmación y titulación de bienes comunales, pues si bien, dentro de una comunidad agraria pueden existir predios de naturaleza privada, como lo afirma la quejosa en sus conceptos de violación, como se dijo, esa cuestión será determinada al resolver el fondo del asunto por el tribunal especializado instituido constitucionalmente para conocer de esas controversias. Lo anterior, porque como se explicó, los tribunales agrarios son competentes para conocer de la acción de restitución agraria, que es la que se demanda en este juicio, ya sea que ésta se demande a un ejidatario, comunero o avecindado, a otro núcleo agrario, a una autoridad o a un particular, así como de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra comunal, como se advierte de las fracciones II, V y VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. No obstante que, no se inobserva que la impetrante de amparo demandó en reconvención en el juicio de origen, entre otras prestaciones, que se confirme a su favor la validez y autenticidad de diversas actas de asamblea y convenios celebrados entre la comunidad actora y la sociedad mercantil a la cual compró el bien inmueble reclamado, así como el mejor derecho a poseer tal bien y la inscripción a su favor ante el Registro Agrario Nacional, acciones de naturaleza agraria, cuya competencia corresponde dilucidar al Tribunal Agrario responsable. Entonces, de ser factible lo alegado por la quejosa en el sentido de que para determinar la competencia del Tribunal Agrario resultaba necesario establecer en forma fehaciente la naturaleza jurídica del bien inmueble reclamado, ocasionaría que se defina una cuestión de fondo, la cual no puede ser dilucidada por el órgano jurisdiccional al determinar su competencia por razón de la materia, ya que ello debe ser estudiado en la sentencia que resuelva el juicio de origen, con base en las pruebas aportadas por las partes, a fin de permitirles el acceso a la jurisdicción del Estado -en este caso especializada en una materia- y, una vez que se haya concedido a las partes su posibilidad de defensa y de controvertir en juicio la litis de fondo sujeta a debate. Es decir, se debe partir de que la competencia es un presupuesto procesal, el cual consigna una condición para que el tribunal emita un pronunciamiento de fondo, de ahí que para definirla no es factible resolver dicha cuestión de fondo, pues en tal caso, ya no estaríamos ante un presupuesto procesal sino ante la definición de la naturaleza jurídica del bien y, en consecuencia, de la procedencia o improcedencia de las prestaciones reclamadas, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se emita una vez analizada la litis, así como las pruebas desahogadas en el juicio de origen; por tanto, es infundado el concepto de violación que se analiza. Ahora bien, en el segundo concepto de violación la quejosa refiere que le agravia la resolución reclamada, porque no resuelve sobre todos los puntos que hizo valer en la contestación de demanda sobre la excepción de incompetencia, pues se omitió dar respuesta a la prestación accesoria que demandó la comunidad agraria, relativa al reclamo de daños y perjuicios, respecto de la cual la quejosa expuso que la autoridad responsable es incompetente para conocer conforme a la tesis con registro digital 2004413, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE UNA PARCELA EJIDAL CONTRA EL OCUPANTE. CORRESPONDE A UN JUEZ EN MATERIA CIVIL." Es infundado el concepto de violación. Lo anterior, porque para determinar la competencia del Tribunal Agrario responsable, no es permisible dividir la continencia de la causa, al no poder resolver sobre esta prestación en forma aislada por ser una acción accesoria, es decir, se debe atender a la naturaleza del derecho que se pretende ejercitar en la acción principal -restitución de tierras-; ello, con la intención de evitar la multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Es así, porque la continencia de la causa implica aceptar que la demanda es un acto jurídico que puede contener más de una causa de pedir -el continente es la demanda, y los hechos, con relación a las prestaciones, forman el contenido-, por lo que no es válido en la determinación de un presupuesto procesal como lo es la competencia, examinar cuestiones relacionadas con el fondo de la litis propuesta y que encuentran sustento en hechos vinculados con dos actos jurídicos, pues en ese caso se estaría prejuzgando las acciones demandadas, de ahí que el Tribunal únicamente debe ceñirse a las reglas que al efecto se establecen para fijar su competencia. Además, de la integridad de la demanda en el juicio de origen se advierte que, como acción principal se reclama la restitución del bien inmueble que se aduce está en posesión de la demandada -aquí quejosa- y la acción de daños y perjuicios se reclama como una acción accesoria a la principal, es decir, como una consecuencia de los perjuicios que la comunidad agraria refiere resentir con la ocupación del bien que argumenta es de su propiedad; en consecuencia, la acción accesoria depende de que sea procedente la acción principal de restitución de tierras, ello con independencia de lo que, en su caso, determine el tribunal agrario respecto de la procedencia o no de tales prestaciones. Entonces, al no ser factible en la resolución de competencia dividir las prestaciones reclamadas, es que no le asiste razón a la quejosa en el sentido de que le causa un perjuicio el que la autoridad responsable omitiera el estudio de sus argumentos relativos a la improcedencia de la acción de daños y perjuicios, toda vez que en su caso, esa cuestión igualmente será materia del estudio del fondo del asunto. Por tanto, al ser infundados los conceptos de violación expuestos, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados de las autoridades responsables Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18 y Actuario adscrito, por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo; por medio del cual se admite la demanda de amparo, asimismo se hace de su conocimiento que se fijaron las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional; requiriéndole a su vez para que dentro del término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por lista.
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