Laura Sánchez Macías
Expediente 1018/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Laura Sánchez Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resultan innecesarios los tomos de constancias formados con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y un cuaderno[s] de prueba[s], además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de queja 331/2018, cuyos resolutivos dicen: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja. Acúsese recibo de estilo a la superioridad del oficio y anexos. Por otra parte, se levanta la suspensión del procedimiento decretada mediante auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, se ordena proveer respecto de los escritos reservados en proveídos de once de enero de dos mil diecinueve. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación número 455/2018. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado: La sentencia dictada dentro del Toca de apelación número 455/2018, de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho (dos mil dieciocho), de la Segunda Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Colima. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. (..) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la lectura integral del artículo transcrito se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de diverso juicio de amparo o contra los emitidos en cumplimiento a las resoluciones ahí dictadas; ello, en virtud de que resultaría ocioso y redundante estudiar a través de la acción constitucional las posibles violaciones cometidas por los juzgadores federales dentro de los procedimientos en los que, específicamente, se encuentran estudiando las cometidas por las autoridades responsables; o analizar la constitucionalidad de los actos emitidos por la responsables en cumplimiento a las ejecutorias de amparo, pues tales resoluciones, al haberse emitido siguiendo los lineamientos emitidos por el órgano de amparo, constituyen cosa juzgada. Sin que ello vulnere en forma alguna el derecho humano de los gobernados a contar con un recurso eficaz, ya que tal improcedencia no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo. Como se dijo, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el juicio de amparo intentado es improcedente, ya que se reclama la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca apelación 455/2018, por lo que se dictó auto de libertad, lo cual se hizo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo 597/2018; por tanto, el acto reclamado por la promovente, no puede ser materia de análisis constitucional a través del presente juicio, pues proviene del juicio de amparo indirecto que interpuso contra la resolución dictada en el referido toca. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la interposición del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se desprende que la improcedencia deriva del hecho de que el acto que reclama la parte quejosa se encuentra vinculado directamente con el juicio de amparo indirecto que promovió ante la autoridad responsable, por lo que admitir un nuevo amparo contra actos derivados de dicho juicio constitucional, generaría inseguridad jurídica. Apoya el argumento anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, visible en la página 307, registro 2010008 de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." En consecuencia, al reclamarse un acto proveniente de diverso juicio de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. Se acuerda promoción. Finalmente, respecto al folio 331, este juzgador ordena que dicho[s] comunicado[s] debe[n] obrar como constancia, en razón de lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento[s] de cuenta a través del cual la sala responsable informa que dejó insubsistente la sentencia reclamada por la quejosa. Se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto no cese la suspensión del procedimiento ordenada en proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho.
- Principal
Del estado procesal del sumario, se advierte que se encuentra integrado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído por el cual se admitió la demanda; por tanto, remítanse al Tribunal Colegiado, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la queja, y testimonio certificado de las constancias que este juzgado estima necesarias para la substanciación del recurso, que incluyen algunas de las solicitadas por el promovente del recurso, que son conducentes para su substanciación. Ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó conforme a derecho el proveído recurrido en queja. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se declara la suspensión del procedimiento, hasta en tanto se resuelva el recurso interpuesto. Finalmente en razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la materialización de la audiencia constitucional.
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