Laura Salgado Peñafiel
Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Laura Salgado Peñafiel
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el veintidós de abril del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por **, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Ramo Penal con Funciones Jurisdiccionales bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con competencia en el Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 442/2021-7, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Ramo Penal con Funciones Jurisdiccionales bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con competencia en el Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictado dentro de la causa penal ***, en el que señaló las once horas del trece de mayo de dos mil veintiuno para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia intermedia, sin la presencia de la acusada, de conformidad con el artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ello, pues el acto reclamado no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la peticionaria de garantías. Para llegar a dicha conclusión, es importante dejar en claro que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación deben entenderse como aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en ésta o bien haga imposible la prosecución del procedimiento; es decir, que causa a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Lo anterior es así, pues conforme a la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo definitivo favorable; por lo que cuando el agraviado logra el objetivo principal, dichos efectos y consecuencias se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. La restricción apuntada encuentra su justificación en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo y evitar su uso desmedido, partiendo de la idea de que, por lo general, las violaciones cometidas dentro del procedimiento pueden resarcirse ya sea al momento de dictarse la sentencia definitiva, por virtud de la segunda instancia o, extraordinariamente, mediante el juicio de amparo directo. Sin embargo, lo anterior no significa que determinadas resoluciones dentro del procedimiento no puedan ser materia de estudio mediante el juicio biinstancial, pues el elemento sustancial para ello será la irreparabilidad en la ejecución del acto; es decir, es necesario que los actos dentro del juicio afecten directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso concreto, el acto reclamado por la impetrante sólo tiene efectos intraprocesales, cuyos efectos desaparecerían con el hecho de que la parte quejosa obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio natural, y en caso de no ser así, el peticionario del amparo, podrá reiterar las violaciones procesales en los agravios que formule contra el citado fallo, y en el caso, de que no sean reparadas las citadas violaciones, podrá promover amparo directo y hacer valer las citadas violaciones en vía de conceptos de violación, que de resultar fundadas dichas violaciones procesales, deberá otorgarse el amparo y protección constitucional, con lo cual se extinguirían los efectos de las violaciones. De ahí que el acto reclamado no pueda considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, ya que el artículo 211, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento; asimismo, el numeral 170, fracción I, parte in fine, de la Ley de Amparo, señala que en materia penal el juicio se inicia con "la audiencia inicial ante el Juez de Control"; por tanto, el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 292/2019, es un acto dictado dentro de juicio, de ahí que, conforme al artículo 173, apartado b), fracción XIX de la Ley de Amparo, se considere como una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. Es aplicable, la tesis XI.P.12 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, visible en la página 2632, registro 2012689, del tenor siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Bajo ese contexto, se reitera que con el pronunciamiento del acto reclamado no se afectan los derechos sustantivos de la quejosa, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, sin que pase desapercibido que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo hasta este momento siguen siendo las mismas. Es aplicable por tener relación con el tema que se trata, la tesis II.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, visible en la página 1968, registro 2000673, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas." A mayor abundamiento, debe decirse que el primer párrafo del artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente, con presencia permanente del el Ministerio Público, y el Defensor del imputado, lo que implica su derecho de audiencia y defensa, máxime que las determinaciones que en su momento le pudiera generar perjuicio alguno con motivo de la diligencia de trato, en todo caso tiene a su alcance los medios legales para su impugnación y de su interpretación íntegra del numeral en comento no se advierte la asistencia obligatoria del acusado (a). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como su autorizados en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las personas que refiere al no acreditar contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los auto para surta sus efectos legales procedentes el oficio que antecede en la cuenta secretarial, en atención a su contenido, téngase al Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, rindiendo su correspondiente informe previo en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Laura Mendoza Ramirez1220/2018
- Laura Rendón Rios868/2023
- Laura Rendón Rios775/2023
- Laura Rendón Rios834/2023
- Laura Rodríguez Corona1346/2019
- Laura Salgado Peñafiel672/2019
- Laura Susana Perez Lugardo335/2019
- Laureano Gonzalez Olvera1360/2016
- Laurencio Valdez Lopez496/2016
- Lauro Escamilla Chavarria987/2019
- Lauro López Vargas1199/2023
- Lauro Olguin Yañez1192/2021